Salvador Cruz Neri, titular de la SSPH, informa el aseguramiento de más de 7 millones de litros de combustible en su comparecencia
Pachuca de Soto, Hidalgo; 15 de octubre del 2026.- En sesión ordinaria, el presidente de la Junta de Gobierno, diputado Andrés Velázquez Vázquez dio la bienvenida al secretario de Seguridad Pública, Salvador Cruz Neri, quien compareció ante el Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, como parte del procedimiento relativo al cuarto informe del estado que guardan los diversos ramos de la administración pública encabezada por el gobernador Julio Menchaca Salazar.
En su mensaje, el legislador consideró que la seguridad es una responsabilidad fundamental y requiere coordinación institucional, prevención del delito, profesionalización policial, respeto a los derechos humanos y atención oportuna a la ciudadanía. Asimismo, resaltó la importancia de escuchar a las comunidades, atender las necesidades de las distintas regiones y fortalecer la confianza ciudadana mediante resultados, trato digno y cercanía de las instituciones.
En su intervención, el secretario indicó que estos resultados reflejan los esfuerzos por fortalecer las capacidades operativas, mejorar la preparación de los elementos y ampliar la atención ciudadana.
Dentro de los logros más destacados, el funcionario informó los siguientes:
- Combate a la delincuencia: 26 mil 536 personas detenidas o aseguradas y 5 mil 945 puestas a disposición de autoridades ministeriales.
- Combate al robo de hidrocarburos: aseguramiento de más de 7 millones de litros de combustible, mil 588 vehículos y localización de 11 túneles presuntamente utilizados para la extracción ilegal.
- Aseguramiento de armas y narcóticos: decomiso de más de 1.3 millones de dosis de presuntas drogas, mil 294 armas de fuego y desmantelamiento de cuatro laboratorios clandestinos.
- Profesionalización policial: capacitación de 13 mil 442 policías y cobertura del 99.69% de elementos con evaluaciones de control de confianza vigentes.
- Inversión y equipamiento: inversión de 2 mil millones de pesos en seguridad, incorporación de 416 vehículos operativos y entrega de 244 unidades a los municipios.
- Tecnología y atención de emergencias: más de 4.8 millones de llamadas atendidas a través del 911 y ampliación de la red de videovigilancia.
- Prevención del delito: realización de 6 mil 189 acciones que beneficiaron a más de 1.4 millones de hidalguenses.
- Protección a mujeres y grupos vulnerables: la Policía Violeta amplió su presencia al 90% del territorio estatal y dio seguimiento a 21 mil 355 medidas de protección.
- Ciberseguridad: más de 27 mil servicios de orientación y asesoría, además de mil 101 páginas y perfiles digitales reportados por posible actividad ilícita.
- Reinserción social: incorporación de 3 mil 968 personas privadas de la libertad a actividades productivas.
- Atención a emergencias: despliegue de mil elementos en 28 municipios y 391 localidades afectadas por la vaguada monzónica, con apoyo a viviendas dañadas y distribución de más de 50 mil despensas.
En sesión de preguntas y respuestas, la diputada Mónica Leanett Reyes Martínez (Nueva Alianza), cuestionó sobre la reforma que permite a las policías participar en la investigación de delitos, planteó la importancia de fortalecer sus capacidades y la coordinación con las procuradurías y fiscalías.
El titular agradeció al Congreso por aprobar esta reforma y señaló que facilitará la colaboración policial en las investigaciones. Explicó que la SSPH ha fortalecido estas tareas mediante el uso del C5i como herramienta de inteligencia, así como la capacitación de elementos estatales y municipales para trabajar coordinadamente con las fiscalías en el esclarecimiento de delitos.
La legisladora preguntó: ¿Qué estrategias implementará la SSPH para reducir la sobrepoblación en los centros penitenciarios de Hidalgo, considerando las condiciones de hacinamiento y el rechazo de algunos municipios a la construcción de nuevas instalaciones?
El secretario reconoció que existe una problemática de sobrepoblación y condiciones indignas en algunos penales, derivada del abandono histórico. Informó que el Gobierno estatal destinó 90 millones de pesos para construir un nuevo centro penitenciario y que actualmente evalúa un quinto predio para su ubicación. Además, destacó la construcción de seis nuevos módulos, la mejora de espacios médicos y áreas lúdicas, así como los avances en el cumplimiento de recomendaciones de derechos humanos.
La diputada Cynthia Citlali Delgado Mendoza (Morena) cuestionó qué estrategias implementa la SSPH, en coordinación con las policías municipales y otras instituciones, para atender y prevenir la violencia familiar y contra las mujeres, evaluar los tiempos de respuesta y proteger a las víctimas.
El funcionario celebró la coordinación de la SSPH con la Secretaría de Gobierno, el DIF estatal y municipal, el Instituto Hidalguense de las Mujeres y la Procuraduría estatal para atender la violencia contra las mujeres. Subrayó el papel de la Policía Violeta en la protección y el acompañamiento a las víctimas, así como en la recuperación de sus hijos, pertenencias y hogares.
La legisladora también peguntó qué protocolos aplica la SSPH para atender de inmediato los reportes de personas desaparecidas, cómo se coordina con la Procuraduría y la Comisión de Búsqueda para agilizar las acciones en territorio, y qué mecanismos utiliza para mantener informadas y brindar acompañamiento a las familias durante la búsqueda.
El titular reiteró que la SSPH trabaja coordinadamente con la Procuraduría de Justicia y la Comisión de Búsqueda de Personas, con apoyo del C5i y sus sistemas de videovigilancia, para localizar a personas desaparecidas. Compartió que se cuenta con 634 expedientes, de los cuales 465 personas han sido localizadas, cerca del 75 por ciento. Añadió que se analizan las causas de las desapariciones y que, mediante el programa Policía Contigo, se busca ampliar la videovigilancia a los 84 municipios.
La diputada Tania Eréndira Meza Escorza (Morena) cuestionó qué acciones implementará la SSPH para atender las viviendas abandonadas que son ocupadas presuntamente para cometer delitos, como la venta y el consumo de drogas, e incluso posibles casos de trata de personas, y qué medidas se tomarán para garantizar la seguridad de los vecinos del distrito 12.
El secretario admitió que el problema afecta a distintas zonas, como el sur de Pachuca, Mineral de la Reforma, Tizayuca, Tolcayuca y Zapotlán. Detalló que, mediante denuncias ciudadanas y labores de inteligencia, se han realizado cateos y recuperado viviendas utilizadas presuntamente para la venta y el consumo de drogas. Asimismo, ofreció organizar reuniones vecinales con las policías estatal y municipal para dar seguimiento a estos casos e invitó a la población a denunciar de forma anónima al 089.
La legisladora preguntó: ¿qué acciones coordinadas con instituciones como el Infonavit, los municipios, el Congreso y la Procuraduría pueden implementarse para evitar que las viviendas abandonadas vuelvan a ser ocupadas con fines delictivos y brindar una solución permanente a los vecinos afectados.
El funcionario dijo que, aunque algunas viviendas son aseguradas por la Procuraduría y se realizan recorridos de vigilancia, no es posible ingresar a otros inmuebles sin una orden de cateo. Propuso organizar reuniones vecinales con los municipios para identificar las casas abandonadas, conocer su situación y dar seguimiento jurídico a cada caso.
La diputada Karla Perales Arrieta (MC) cuestionó qué información tenía la SSPH sobre la operación de grupos delictivos y posibles fosas clandestinas en Atotonilco de Tula, qué acciones realiza para prevenir estos hechos y cuántos objetivos prioritarios han sido detenidos durante la administración, precisando su procedencia, situación jurídica y la participación de la Policía Estatal en su captura.
El titular informó que, respecto al hallazgo en Atotonilco de Tula, se localizaron cinco cuerpos en una comunidad cercana al Estado de México. Mencionó que la Procuraduría continúa procesando el lugar y que se debe esperar la identificación de las víctimas para determinar su procedencia y las investigaciones correspondientes. En cuanto a los objetivos prioritarios generadores de violencia, indicó que al inicio de la administración se identificaron 121 y que 109 habían sido asegurados, mientras que recientemente se registraron dos detenciones adicionales, una por parte del gobierno federal y otra de la Procuraduría estatal.
La legisladora preguntó: ¿qué seguimiento ha dado la SSPH a los casos de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en Hidalgo? ¿Existen investigaciones judicializadas u órdenes de aprehensión y cuáles son las principales formas de captación, como falsas ofertas de trabajo, redes sociales, videojuegos o contacto directo, para informar y prevenir a la población infantil y adolescente?
El secretario aseveró que la SSPH no cuenta con información ni denuncias sobre casos de reclutamiento de menores de edad por parte de la delincuencia organizada y que ninguna otra entidad ha solicitado datos sobre menores originarios de Hidalgo por este motivo.
La diputada Johana Montcerrat Hernández Pérez (PRI) cuestionó qué acciones se implementan para atender las regiones de Tula y Cuautepec ante el incremento reportado del robo de hidrocarburos, la presencia de grupos delictivos, los enfrentamientos violentos y el posible reclutamiento de menores como vigilantes. Además de cómo se está abordando la detención de integrantes del crimen organizado provenientes de otras entidades y qué estrategias existen para proteger a la población infantil y reducir la violencia en estas zonas.
El funcionario recordó que Hidalgo cuenta con 14 ductos de hidrocarburos, con una extensión de 985.2 kilómetros que atraviesan 22 municipios. Insistió en que el combate al robo de combustible se realiza en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y Pemex, mediante operativos permanentes y reuniones de seguimiento. Afirmó que el delito ha disminuido y que Hidalgo no ocupa el primer lugar nacional en desviación volumétrica de hidrocarburos, aunque reconoció que las tomas clandestinas siguen siendo un reto.
La legisladora preguntó: ¿qué estrategias implementa la SSPH para atender la presencia del crimen organizado y los delitos asociados al robo de hidrocarburos en regiones como Tula y Cuautepec? ¿Quién autorizó el despliegue de binomios caninos durante la manifestación de trabajadores del IMSS, por qué se tomó esa decisión y bajo qué criterios se determina su uso en protestas sociales?
El titular afirmó que la SSPH mantiene coordinación con el gobierno federal y otras entidades para localizar y detener a delincuentes que intentan refugiarse en Hidalgo y reiteró que el estado colabora en investigaciones interestatales. Sobre la manifestación frente a la clínica 36 del IMSS, señaló que la Policía Estatal respeta el derecho a la libre expresión y que la intervención se produjo tras el cierre prolongado de vialidades y el fracaso del diálogo entre manifestantes y autoridades.
El diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante (PRI) cuestionó cuál es el estado actual de la certificación policial en Hidalgo, cuántos elementos estatales, municipales y de la Policía Industrial Bancaria cuentan con el Certificado Único Policial vigente, qué explica las diferencias entre las cifras oficiales y las del Inegi, y qué acciones se realizan para ampliar las certificaciones y garantizar prestaciones laborales a los policías.
El secretario aseveró que la Policía Estatal cuenta con prestaciones de ley y que, durante la actual administración, la Policía Industrial Bancaria obtuvo acceso a servicios médicos del IMSS y prestaciones de vivienda. Sin embargo, reconoció que la mayoría de las policías municipales carece de prestaciones adecuadas, salarios dignos, instalaciones y equipamiento suficientes. Por ello, hizo un llamado al Congreso para impulsar reformas que obliguen a los municipios a invertir en sus corporaciones y mejorar las condiciones laborales de sus elementos.
El legislador preguntó si la dependencia respaldará una iniciativa para fortalecer a las policías municipales mediante mayores recursos presupuestales y cuál es la justificación financiera y operativa del arrendamiento de vehículos policiales y cuántas unidades necesita Hidalgo para atender las necesidades de seguridad.
El funcionario compartió que el 96.9% de la Policía Estatal cuenta con certificación vigente y que faltan aproximadamente 71 elementos por certificar. Explicó que algunos policías, por edad o lesiones sufridas en servicio, ya no pueden cumplir todas las pruebas físicas y realizan funciones administrativas y de apoyo. Respecto al arrendamiento de patrullas, confirmó que se optó por este esquema debido al alto costo de mantenimiento de las unidades propias, que operan de manera continua.
La diputada Alma Rosa Elías Paso (Morena) cuestionó cuáles son los resultados y el estado de las investigaciones por presuntos abusos policiales y uso excesivo de la fuerza durante operativos y manifestaciones, además de qué mecanismos de sanción y supervisión aplica la SSPH para garantizar que las policías municipales cumplan la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y evitar violaciones a los derechos humanos e impunidad.
El titular destacó la participación de la Policía Estatal en operativos para mantener el orden y atender conflictos sociales. Como ejemplos, mencionó la recuperación de la planta Cruz Azul, que permaneció detenida durante años, y la intervención en un caso donde un presidente municipal fue retenido y agredido, señalando que incluso se impidió el ingreso de una ambulancia para brindarle atención médica.
La legisladora preguntó: ¿qué acciones concretas y urgentes está implementando la SSPH para garantizar la salud mental y el apoyo psicológico de los policías estatales y municipales, considerando el desgaste emocional, la desconfianza social y las condiciones de vulnerabilidad laboral que enfrentan?
El secretario El reconoció el desgaste físico y emocional que enfrentan los policías, así como las dificultades para conciliar sus jornadas laborales con la vida familiar y los riesgos que afrontan durante manifestaciones. Precisó que la SSPH cuenta con un área de psicología para brindar atención a sus elementos.
La diputada Paloma Barragán Santos (Morena) cuestionó si la dependencia cuenta con un diagnóstico sobre la cobertura policial y los tiempos de respuesta en las comunidades rurales e indígenas de la Huasteca hidalguense y qué porcentaje del presupuesto de seguridad se destina a esta región.
El funcionario comunicó que la SSPH realiza diagnósticos delictivos mensuales por municipio, identificando los delitos de mayor incidencia, así como las colonias, calles y horarios donde ocurren. Reconoció que las comunidades alejadas enfrentan falta de patrullas y déficit de policías, por lo que el gobierno estatal ha apoyado a los municipios con vehículos, capacitación gratuita y herramientas tecnológicas. Además, destacó el programa Policía Contigo, que contempla la entrega de cámaras de videovigilancia para mejorar la seguridad y la atención en localidades rurales y de difícil acceso.
La legisladora Hilda Miranda Miranda (Morena) preguntó: ¿qué estrategias de prevención del delito y reconstrucción del tejido social implementa la SSPH para fortalecer la seguridad y la paz en las colonias, fraccionamientos y comunidades de Mineral de la Reforma?
El titular comunicó que la SSPH realiza campañas de prevención del delito en colonias y comunidades, enfocadas en las problemáticas específicas de cada zona. En Mineral de la Reforma, recordó las acciones contra la extorsión telefónica mediante la Policía Cibernética, la atención a denuncias de narcomenudeo en escuelas y los patrullajes estratégicos coordinados con la policía municipal.
El diputado Carlos Alejandro Alcántara Carbajal (MC) cuestionó cómo explica la SSPH la diferencia entre los resultados oficiales de seguridad y los hechos violentos reportados en la región Tula-Tepeji, como balaceras, homicidios y el hallazgo de una fosa clandestina.
El secretario afirmó que la SSPH reconoce los hechos violentos registrados en la región Tula-Tepeji y aseguró que no se oculta información. Insistió en que varios casos de homicidio y agresiones armadas cuentan con personas detenidas, gracias a la coordinación en materia de inteligencia con la Procuraduría estatal. Añadió que cada caso recibe atención específica y sostuvo que se ha trabajado para reducir la incidencia delictiva en la región.
El legislador preguntó: ¿cómo se coordina la SSPH con el Estado de México para atender los problemas de seguridad en los municipios limítrofes y a qué se deben los tres cambios de titulares de Seguridad Pública en Atotonilco de Tula y Tula de Allende durante la administración, quién propone y evalúa a los responsables y si los relevos obedecen a casos de corrupción u otras causas.
El funcionario aseguró que existe una coordinación permanente con el Estado de México mediante el intercambio de información de cámaras de videovigilancia y lectores de placas, así como patrullajes conjuntos en municipios limítrofes para atender delitos que pueden extenderse entre ambas entidades. Respecto a los cambios de titulares, explicó que responden principalmente a rotaciones para evitar que los mandos permanezcan demasiado tiempo en una misma zona y generen compromisos.
La diputada Yarabi González Martínez (Morena) cuestionó si la dependencia cuenta con un diagnóstico de las comunidades y caminos con mayor incidencia delictiva en Acaxochitlán, considerando el incremento del robo de vehículos, la violencia familiar, el narcomenudeo y los delitos relacionados con el robo de hidrocarburos en la región.
El titular señaló que la SSPH mantiene operativos y coordinación con los municipios para combatir el robo de vehículos, la venta de drogas y otros delitos en la región. Agradeció la colaboración con las autoridades de Puebla mediante comunicación directa y patrullajes conjuntos en los límites estatales.
El legislador Julián Nochebuena Hernández (Morena) preguntó qué indicadores utiliza la SSPH para evaluar si la ampliación de la red de videovigilancia conectada al C5i, incluida la integración prevista de 5 mil 100 cámaras municipales, mejora la prevención del delito y la atención de emergencias.
El secretario compartió que la SSPH monitorea mensualmente las altas y bajas de policías, por lo que destacó la importancia del reclutamiento para atender el déficit de elementos. Respecto a las cámaras conectadas al C5i, indicó que su instalación se determina mediante análisis de incidencia delictiva e inteligencia, priorizando puntos estratégicos para prevenir delitos y apoyar las investigaciones.
El diputado cuestionó qué mecanismos de supervisión continua y alerta temprana implementa la SSPH, especialmente en las corporaciones municipales bajo el Mando Coordinado para detectar y prevenir conductas irregulares de los policías, además de los exámenes de control de confianza y la certificación.
El funcionario aseveró que no se toleran conductas delictivas por parte de los elementos policiales y subrayó la coordinación con la Procuraduría estatal para investigar estos casos, independientemente de que los involucrados pertenezcan a una corporación de seguridad. Asimismo, exhortó a los presidentes municipales a someter a evaluación de control de confianza a quienes contraten como policías, con el fin de verificar su confiabilidad y prevenir irregularidades.
El legislador Francisco Javier Téllez Sánchez (PT) preguntó: ¿qué acciones implementará la SSPH para mantener la disminución de la percepción de inseguridad y fortalecer la confianza ciudadana en la Policía Estatal, mediante estrategias de prevención del delito y proximidad social adaptadas a las necesidades y problemáticas específicas de cada región de Hidalgo?
El titular compartió que la confianza ciudadana en la Policía Estatal aumentó 4.9 puntos porcentuales y en las policías municipales pasó del 55.5% en 2025 al 59.7 % en 2026. Atribuyó estos avances a la coordinación mediante el mando coordinado y a las acciones de prevención del delito.
El diputado cuestionó qué estrategias implementa la dependencia para fortalecer la capacitación y profesionalización de las policías municipales, especialmente en aquellas con recursos y personal limitados, así como las medidas de orientación y prevención que se promueven para que la población identifique y actúe adecuadamente ante casos de extorsión telefónica y directa.
El secretario comunicó que la secretaría ofrece capacitación gratuita a las policías municipales, pero algunos ayuntamientos no la aprovechan por falta de recursos. Indicó que Pachuca, Tizayuca y Mineral de la Reforma están reclutando nuevos elementos y reiteró la importancia de la certificación policial obligatoria. Sobre la extorsión, indicó que Hidalgo registró una reducción del 60.67 % en las carpetas de investigación por este delito, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La legisladora Lizbeth Iraís Ordaz Islas (Morena) preguntó: ¿cómo utiliza la dependencia las denuncias y llamadas de emergencia para anticipar delitos, definir las zonas prioritarias de vigilancia y verificar que la reducción delictiva sea real y no implique el desplazamiento del problema hacia otras comunidades o municipios?
El funcionario lamentó que más del 50% de las llamadas a los números de emergencia 911 y de denuncia anónima 089 son improcedentes, lo que retrasa la atención de emergencias reales. Aseguró que el C5 analiza mensualmente los 10 delitos de mayor incidencia por municipio, da seguimiento a las denuncias y evalúa sus variaciones para orientar los patrullajes estratégicos por colonia y municipio
La diputada expresó preocupación por el consumo de sustancias entre adolescentes de 12 a 17 años, quienes representaron el 42 por ciento de los casos de inicio de consumo registrados en 2025.
El titular aseveró que la secretaría implementa campañas preventivas en escuelas para concientizar a niñas, niños y adolescentes sobre los riesgos del consumo de drogas, además de orientar a madres y padres para identificar señales de consumo. También realiza operativos para desmantelar puntos de distribución y detener a quienes venden drogas, a partir de denuncias e información recabada.
El legislador Miguel Ángel Moreno Zamora (Morena) cuestionó qué estrategias se pueden fortalecer, en coordinación con el municipio de Actopan, para prevenir y reducir el robo de vehículos. Asimismo, preguntó si la nueva carretera Actopan–Atotonilco contará con cámaras de videovigilancia conectadas al C5 para reforzar la seguridad en sus accesos y salidas.
El secretario señaló que las llamadas falsas o de broma dificultan la atención de emergencias. En materia de robo de vehículos, informó que entre septiembre de 2025 y agosto de 2026 se registró una reducción del 8.7%. Añadió que se reportaron 2 mil 954 vehículos robados y se recuperaron 2 mil 698, aunque las cifras proporcionadas en la intervención requieren aclaración para precisar el porcentaje de recuperación.
El diputado reconoció el trabajo coordinado de la Policía Estatal en Actopan y el esfuerzo diario de las y los policías para proteger a la ciudadanía, incluso en situaciones difíciles. Asimismo, solicitó autorización para presentar un video durante la respuesta del secretario, con el propósito de generar mayor conciencia y sensibilidad sobre las agresiones que enfrenta el personal policial.
El funcionario precisó que las y los policías enfrentan riesgos constantes durante los operativos y manifestaciones, incluso con posibilidad de perder la vida. Como ejemplo, presentó un video de una manifestación reciente en el bulevar Felipe Ángeles, donde dos elementos fueron agredidos con piedras.
El legislador Avelino Tovar Iglesias (PVEM) propuso implementar un protocolo de alerta temprana entre el C5 y la Policía Violeta para que las denuncias de maltrato animal permitan identificar posibles casos de violencia familiar y proteger oportunamente a mujeres, niñas, niños y demás integrantes de los hogares en riesgo.
El titular manifestó su disposición a colaborar en la creación de protocolos que ayuden a prevenir y atender la violencia contra las mujeres, mediante la coordinación con el C5. Asimismo, informó que el maltrato animal ocupa el cuarto lugar entre los delitos denunciados en el periodo de enero a agosto, con mil 346 denuncias, por lo que consideró relevante atender esta problemática.
El diputado José Luis Rodríguez Higareda (Morena), ante los recientes hechos violentos atribuidos a grupos criminales en Tula, preguntó qué mensaje puede transmitir el secretario a la ciudadanía para recuperar la confianza y qué nuevas estrategias se implementarán para atender la situación en el municipio.
El secretario reconoció el trabajo del presidente municipal de Tula por mejorar las instalaciones policiales e implementar cámaras de videovigilancia para fortalecer la prevención y la investigación de delitos. Aseveró que la incidencia delictiva ha disminuido, aunque persisten hechos violentos, y destacó que el uso de tecnología y la coordinación con la Procuraduría han permitido detener a personas generadoras de violencia.
El legislador consideró que existe un bajo nivel de denuncia delictiva debido al miedo, la desconfianza y la falta de cultura de denuncia. Preguntó qué estrategias implementa la secretaría para incentivar a la ciudadanía a denunciar los delitos, reducir el subregistro y facilitar la colaboración con las autoridades.
El funcionario recalcó que existe una coordinación estrecha con la Procuraduría para dar seguimiento a los delitos de alto impacto mediante labores de inteligencia. Asimismo, exhortó a la ciudadanía a denunciar.
La diputada Claudia Lilia Luna Islas (PAN) cuestionó quién autorizó el uso de la fuerza pública y de binomios caninos durante el desalojo de trabajadores del IMSS en el bulevar Felipe Ángeles, qué protocolo se siguió y si se investigaron posibles excesos de fuerza, especialmente contra adultos mayores, a raíz de un video difundido en redes sociales.
El titular explicó que desde el viernes se intentó dialogar con los manifestantes, pero no se logró un acuerdo para liberar la vía. Señaló que el bloqueo de 20 horas afectó aproximadamente a 73 mil 200 vehículos y a más de 25 mil usuarios del transporte público, además de provocar el colapso vial. Justificó la intervención por la falta de alternativas de circulación y las numerosas quejas ciudadanas recibidas en el C5.
La legisladora cuestionó los resultados del servicio de denuncia anónima 089, señalando que la meta para 2026 es del 8 por ciento, pero que al trimestre reportado solo se había alcanzado el 3.32%, por lo que pidió aclarar el cumplimiento de los indicadores y la atención de las denuncias.
El secretario explicó que las metas son anuales y que el tercer trimestre se encontraba en evaluación, por lo que algunos objetivos pueden no cumplirse conforme al avance previsto.
La diputada Orquídea Larragoiti Osorio (PT) preguntó qué acciones se han implementado para combatir el consumo de drogas, especialmente entre la población de la Sierra y la Huasteca Hidalguense.
El funcionario reiteró que la dependencia implementa campañas de prevención del delito para concientizar a los jóvenes sobre los riesgos del consumo de drogas y orientar a las familias para identificar señales de consumo, saber dónde solicitar apoyo y cómo denunciar. Aseguró que trabajan en coordinación con los municipios y que cuentan con personal que habla una lengua indígena para facilitar la atención en las comunidades de la Sierra y la Huasteca.
La legisladora Diana Rangel Zúñiga (Morena) cuestionó qué acciones concretas implementa la dependencia para prevenir que niñas, niños y jóvenes, especialmente de comunidades vulnerables, sean reclutados o utilizados por el crimen organizado en actividades como el robo de hidrocarburos y el narcomenudeo.
El titular explicó que la secretaría realiza campañas permanentes de prevención para evitar que los jóvenes comiencen a consumir drogas y posteriormente sean captados para venderlas. Señaló que también se combate el robo de hidrocarburos mediante operativos y detenciones. Respecto al reclutamiento de menores por el crimen organizado, destacó la importancia de la participación familiar y ofreció llevar pláticas de prevención sobre adicciones y las consecuencias de involucrarse en actividades delictivas a municipios, comunidades y colonias.
Participación ciudadana
En un ejercicio de rendición de cuentas, la ciudadanía preguntó cómo se planeó y supervisó el operativo realizado en febrero de 2026 en la planta de Cruz Azul, en Tula, que dejó 33 personas detenidas; quién verifica la actuación policial y cuántas quejas se recibieron y atendieron por estos hechos.
El secretario explicó que el operativo se realizó a solicitud de la Procuraduría y que se elaboró un análisis de riesgos y un plan operativo para reducir la violencia. Señaló que se prioriza el diálogo y que los policías utilizan equipo antimotines. Justificó el despliegue de numerosos elementos por los antecedentes de enfrentamientos, personas lesionadas y pérdidas humanas en intentos anteriores de recuperar la planta.
La sociedad también cuestionó qué resultados concretos ha generado el uso de cámaras, drones y tecnología del C5I en materia de detenciones, localización de personas y esclarecimiento de delitos durante el periodo reportado.
El funcionario compartió que estas herramientas tecnológicas son fundamentales para prevenir y dar seguimiento a los delitos, desde robos a casa-habitación hasta homicidios y cateos. Detalló que los drones se utilizan en casi todos los cateos y delitos de alto impacto, aunque reconoció que no contaba con una cifra exacta de los casos en los que contribuyeron directamente.
La ciudadanía preguntó cuál es el nivel de presencia de grupos delictivos en la Huasteca hidalguense y qué medidas de vigilancia se implementaron tras el homicidio del sacerdote Román de la Cruz Hernández en Huejutla.
El titular calificó el homicidio como un hecho lamentable e informó que la investigación está a cargo de la Procuraduría del Estado. Señaló que existe comunicación con el clero para atender sus necesidades y aseguró que la seguridad en la región está funcionando.
Finalmente, la sociedad cuestionó si la fuga de hidrocarburo ocurrida el 14 de octubre en Tepetitlán estuvo relacionada con una toma clandestina u otro delito.
El secretario explicó que, ante una fuga de combustible, se activa un protocolo coordinado entre la Secretaría de la Defensa Nacional, Protección Civil y las policías estatales y municipales para acordonar la zona y proteger a la población. Pemex determina los perímetros de seguridad mientras se atiende la emergencia. Añadió que la Fiscalía General de la República da seguimiento a las investigaciones.