Pueblos indígenas y afromexicanos avanzan hacia un nuevo marco de derechos
El reconocimiento como sujetos de derecho público plantea cambios en su capacidad para decidir, administrar recursos y ejercer derechos colectivos.
El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público plantea una nueva relación jurídica con el Estado y es uno de los ejes de la propuesta de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.
Durante un foro parlamentario en la Cámara de Diputados, el director general del INPI, Adelfo Regino Montes, explicó que este reconocimiento permitiría a los pueblos ejercer directamente sus derechos y que las decisiones tomadas en sus asambleas sean respetadas por las instituciones.
La propuesta contempla, entre otros aspectos, la capacidad para elegir autoridades mediante sus propios mecanismos, realizar obras y prestar servicios para el bienestar comunitario, así como recibir y administrar recursos públicos de manera directa.
El proyecto todavía se encuentra en proceso de consulta y construcción. De acuerdo con el INPI, se han realizado 63 de las 82 asambleas regionales previstas, con participación de 42 mil 272 personas, entre ellas 17 mil 426 autoridades y representantes comunitarios.
Las propuestas recogidas serán incorporadas al proyecto que posteriormente será enviado al Congreso de la Unión para su análisis, discusión y eventual dictaminación.
