Pueblos indígenas demandan una transición energética con respeto a sus derechos y territorios
- Organizaciones de México y del Sur Global advirtieron que proyectos mineros y de energías renovables continúan generando despojo e impactos ambientales, por lo que llamaron a fortalecer la defensa del territorio y la autonomía de las comunidades.
Ciudad de México, 30 de julio del 2026.- Representantes de organizaciones y comunidades indígenas de México y del Sur Global hicieron un llamado a fortalecer la defensa de los territorios ancestrales frente al avance de proyectos mineros y de energías renovables, al advertir que, pese a ser promovidos bajo el discurso de la transición energética y el desarrollo sostenible, en numerosos casos reproducen las prácticas de despojo, exclusión e impactos ambientales que históricamente han enfrentado los pueblos originarios.
Durante la inauguración del Encuentro de Intercambio Sur-Sur, los participantes señalaron que el foro constituye un espacio de diálogo para intercambiar experiencias y construir estrategias orientadas a fortalecer la autonomía, la gobernanza comunitaria y la protección de los territorios indígenas frente al incremento de proyectos extractivos.
El presidente de la Federación Indígena Empresarial y Comunidades Locales de México (CIELOMx), Cecilio Solís Librado, sostuvo que el impulso a iniciativas vinculadas con la minería y la transición energética ha estado acompañado de discursos sobre desarrollo, crecimiento económico y justicia climática; sin embargo, afirmó que su implementación frecuentemente se realiza en territorios habitados y resguardados por comunidades indígenas sin garantizar plenamente sus derechos colectivos ni respetar sus formas de organización y de vida.
Las organizaciones participantes advirtieron que diversos proyectos de energía renovable, promovidos como alternativas para enfrentar la crisis climática, reproducen problemáticas similares a las de la minería tradicional, entre ellas la concentración de beneficios económicos, la imposición de proyectos sin procesos adecuados de consulta y consentimiento libre, previo e informado, así como la generación de afectaciones ambientales, sociales, culturales y económicas.
En ese contexto, Clara Inés Pérez, integrante de CIELOMx, afirmó que la discusión sobre una transición energética justa debe incorporar la protección efectiva de los derechos humanos y el reconocimiento de la deuda histórica con los pueblos indígenas, quienes han preservado sus territorios y recursos naturales durante generaciones.
Por su parte, Cecilio Solís reiteró que las comunidades indígenas demandan el reconocimiento pleno de sus derechos y el cumplimiento de los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales que garantizan su libre determinación, la protección de sus territorios y el respeto a sus formas de vida.
A su vez, Cindy Kobei, representante de Indigenous Peoples Rights International (IPRI), advirtió que el crecimiento de la demanda mundial de minerales estratégicos para la transición energética ha impulsado la expansión de actividades de exploración y extracción en distintos países, situación que incrementa la presión sobre los territorios indígenas. En ese sentido, subrayó que el encuentro busca propiciar un diálogo entre comunidades para compartir experiencias y fortalecer mecanismos de defensa.
Durante los trabajos del foro, las organizaciones participantes expusieron que diversos proyectos extractivos desarrollados en México y en otras regiones del Sur Global han provocado despojo territorial, desplazamiento de comunidades, deterioro ambiental y afectaciones sociales, culturales y económicas, además de vulnerar derechos fundamentales de los pueblos indígenas.
Los representantes recordaron que los derechos a la libre determinación, al territorio, a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado, así como a un medio ambiente sano y a la preservación de la identidad cultural, se encuentran protegidos por la Constitución mexicana y por instrumentos internacionales, entre ellos el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, por lo que demandaron que dichos compromisos sean plenamente observados en el diseño y ejecución de los proyectos de desarrollo.