Piden incluir a pueblos indígenas en reforma ambiental

• Diputados plantean ampliar el debate sobre la nueva legislación con especialistas, organizaciones y sectores productivos

Ciudad de México, 27 de agosto del 2026.- El Congreso de la Unión deberá garantizar la participación de comunidades y pueblos indígenas en la discusión de la iniciativa presidencial para actualizar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, debido a su estrecha relación con los recursos naturales y los territorios, afirmó Jesús Cuanalo Araujo, secretario de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados.

El legislador del PVEM consideró necesario que, antes y durante el proceso legislativo, se convoque también a especialistas, organizaciones ambientales y representantes de los sectores productivos, a fin de construir una reforma con amplio consenso.

Recordó que recientemente se realizó un foro con organizaciones ambientalistas y autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en el que se analizaron propuestas para modernizar la legislación ambiental.

Cuanalo Araujo sostuvo que la actualización representa una oportunidad para establecer un marco jurídico acorde con las condiciones ambientales, sociales y económicas actuales del país, sin desvincular la protección de los recursos naturales del desarrollo productivo.

Asimismo, informó que sostuvo un encuentro con representantes de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) y empresarios de diversos sectores, quienes plantearon considerar los efectos de la nueva legislación sobre la industria, la competitividad, las cadenas productivas y la economía nacional.

Ante ello, se acordó establecer mesas de trabajo con industriales y sectores relacionados con la materia ambiental, con el propósito de incorporar planteamientos técnicos y avanzar en la construcción de consensos durante el proceso legislativo.

El diputado recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena Ibarra, han señalado que la reforma busca fortalecer las capacidades del Estado para proteger, conservar y restaurar los recursos naturales, así como actualizar una legislación vigente desde 1988 ante desafíos como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación.