Mexicanos, principales afectados por las deportaciones en EU

• Tribunales migratorios estadunidenses han ordenado la expulsión de 160 mil 29 connacionales en el año fiscal 2026; representan uno de cada cinco casos

Ciudad de México, 20 de septiembre del 2026.- Los mexicanos encabezan la lista de nacionalidades con mayor número de órdenes de deportación emitidas por los tribunales migratorios de Estados Unidos durante el año fiscal 2026, de acuerdo con información del Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), organismo de investigación de la Universidad de Syracuse.

Entre el 1 de octubre de 2025 y el cierre de agosto de este año, los jueces migratorios estadunidenses ordenaron la expulsión de 160 mil 29 mexicanos, cifra que representa aproximadamente uno de cada cinco casos y supera en casi 78 por ciento a la segunda nacionalidad con mayor número de órdenes: la venezolana, con 90 mil 249.

Después de mexicanos y venezolanos se ubicaron los hondureños, con 89 mil 7 órdenes de deportación; los guatemaltecos, con 87 mil 255, y los colombianos, con 48 mil 458.

Los registros de TRAC muestran la dimensión de la ofensiva migratoria impulsada por el gobierno de Donald Trump. En lo que va del actual año fiscal, los tribunales de inmigración han emitido 741 mil 870 órdenes de deportación, entre remociones y salidas voluntarias, equivalentes a 83.5 por ciento de los casos resueltos por esas instancias.

Las cortes migratorias forman parte del Departamento de Justicia estadunidense y no del Poder Judicial. En los procedimientos que llegan ante un juez, los migrantes tienen la posibilidad de acudir a audiencias y presentar argumentos para defender su permanencia en el país antes de que se determine su situación migratoria.

Este procedimiento, sin embargo, constituye sólo una de las vías utilizadas por Estados Unidos para expulsar a personas migrantes. También existe la denominada “remoción expedita”, mediante la cual agentes migratorios pueden ordenar la salida del país sin que el caso sea sometido previamente a un juez, bajo determinadas condiciones establecidas por la legislación estadunidense.

Los datos de TRAC también ponen de relieve el peso de los casos relacionados con presuntas actividades criminales. Apenas 1.79 por ciento de los nuevos expedientes abiertos durante el actual año fiscal solicitó la deportación por una presunta actividad criminal del migrante, más allá de la posible entrada irregular a territorio estadunidense.

El dato adquiere relevancia frente al discurso con el que la administración Trump ha justificado su política migratoria, al presentar la expulsión de migrantes como parte de una estrategia vinculada con la seguridad pública.

Sólo durante agosto, los jueces de inmigración resolvieron 96 mil 184 casos. De ellos, 77 mil 234 concluyeron con una orden de remoción y otros 9 mil 20 con salida voluntaria, por lo que cerca de nueve de cada diez procesos resueltos durante ese mes terminaron con la salida del migrante de Estados Unidos.

La posibilidad de contar con representación legal también fue limitada. De acuerdo con los registros, apenas 24.2 por ciento de los migrantes a quienes se dictó una orden de expulsión en agosto —incluidos menores no acompañados— tuvieron abogado durante el proceso.

Mientras continúan las deportaciones, el sistema migratorio estadunidense enfrenta además un elevado número de expedientes pendientes. Al cierre de agosto se contabilizaron 3 millones 92 mil 988 casos activos ante las cortes de inmigración, de los cuales 2 millones 278 mil 978 corresponden a personas que solicitaron asilo y permanecen a la espera de una audiencia o resolución.

La situación también se refleja en los procedimientos de libertad bajo fianza. Durante el actual año fiscal, los jueces migratorios han celebrado 66 mil 620 audiencias de fianza, pero únicamente en 20 mil 258 casos se concedió este beneficio, menos de una tercera parte del total.

Los datos reflejan así la presión que enfrenta el sistema migratorio estadunidense y el peso que la política de deportaciones tiene particularmente sobre la población mexicana, que concentra el mayor número de órdenes de expulsión dictadas por los tribunales migratorios en el actual año fiscal.