María Esther Ramírez Vargas, secretaria de Hacienda, asegura finanzas sólidas en Hidalgo durante comparecencia
Pachuca de Soto, Hidalgo, 13 de octubre del 2026.- En sesión ordinaria, la secretaria de Hacienda, María Esther Ramírez Vargas compareció ante el Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, como parte del procedimiento relativo al cuarto informe del estado que guardan los diversos ramos de la administración pública encabezada por el gobernador Julio Menchaca Salazar.
En su mensaje, el presidente de la Junta de Gobierno, Andrés Velázquez Vázquez destacó la importancia de administrar los recursos públicos con responsabilidad, planeación, austeridad y transparencia, orientándolos a atender las necesidades de la población. Señaló que las finanzas públicas sólidas son fundamentales para garantizar servicios, impulsar obras y fortalecer el bienestar social, así como para mantener el equilibrio financiero y proteger las oportunidades de las futuras generaciones.
En su discurso, la secretaria aseguró que, con disciplina fiscal, eficiencia recaudatoria, transparencia y responsabilidad financiera, Hidalgo se consolida como un referente nacional en materia hacendaria.
Dentro de los logros más destacados, la funcionaria informó los siguientes:
- El crecimiento del 96% de los ingresos propios entre 2021 y 2025, al superar los 9 mil 636 millones de pesos sin incrementar las tasas de los impuestos vigentes.
- La reducción del 42% de la deuda pública heredada y la obtención de calificaciones crediticias en rango AA.
- En materia de inversión, se han destinado más de 45 mil 500 millones de pesos a 4 mil 800 proyectos de infraestructura y programas sociales en los 84 municipios.
El cumplimiento del 100% en el Índice de Calidad de la Información de los Recursos Federales Transferidos y el segundo lugar nacional en modernización catastral por tercer año consecutivo.
Sesión de preguntas y respuestas
En sesión de preguntas y respuestas, el diputado Miguel Ángel Moreno Zamora (Morena) cuestionó a qué factores técnicos se deben las disminuciones en las participaciones federales que reciben algunos municipios y qué estrategias de acompañamiento y compensación implementa la secretaría para garantizar la estabilidad financiera de los ayuntamientos.
La funcionaria explicó que la Secretaría de Hacienda mantiene una coordinación cercana con los presidentes municipales y sus tesoreros para aclarar dudas sobre las participaciones federales. Señaló que estos recursos tienen carácter de anticipo y se ajustan trimestralmente, por lo que sus variaciones dependen del comportamiento real de la recaudación federal participable y de los recursos transferidos por la federación.
En réplica, el legislador destacó el avance de Hidalgo en competitividad y el fortalecimiento de sus parques industriales, así como el anuncio de tres obras estratégicas: la ampliación a cuatro carriles de la carretera México-Pachuca, la conclusión del Río de las Avenidas y el libramiento de la zona de Atotonilco. Al respecto, preguntó cuál será la inversión destinada a cada proyecto, qué impacto tendrán en los municipios beneficiados y cuáles son los plazos previstos para su conclusión.
La titular informó que los tres proyectos estratégicos anunciados tendrán una inversión total superior a 7 mil millones de pesos. Detalló que se destinarán mil millones de pesos durante 2026, provenientes de ahorros y economías, 3 mil 500 millones en 2027 y 2 mil 500 millones en 2028. Asimismo, explicó que, debido a la magnitud de las obras, su ejecución será plurianual y los recursos se contemplarán en los presupuestos de los respectivos ejercicios fiscales.
El diputado Aldo Meza Hernández (Morena) cuestionó cómo se explica que Hidalgo obtenga una calificación de 92.1 puntos en la evaluación de la efectividad del gasto público, mientras persisten quejas ciudadanas por deficiencias en el mantenimiento carretero, la disponibilidad de medicamentos y la atención hospitalaria.
La secretaria comunicó que durante la actual administración se han invertido más de 25 mil millones de pesos en la ejecución de más de 4 mil 500 obras en los 84 municipios de Hidalgo, más del doble que en el gobierno anterior. En Tepeji del Río se realizaron 27 obras por más de 130 millones de pesos y en Atotonilco, 19 obras por 115 millones, entre las que destacan la construcción de un puente, pavimentaciones y reconstrucciones carreteras.
El legislador Marco Antonio Mendoza Bustamante (PRI) cuestionó la prioridad otorgada a la construcción de torres para oficinas públicas frente a las necesidades de reconstrucción de las regiones afectadas por el huracán y las lluvias, donde persisten daños en viviendas, puentes y carreteras. Preguntó cuál será el costo total del proyecto, de qué partida presupuestal provendrán los recursos y qué criterios justificaron su priorización.
La funcionaria manifestó que los gobiernos federal y estatal contemplan una inversión conjunta de más de 10 mil 200 millones de pesos para atender los daños ocasionados por la vaguada monzónica, de los cuales 2 mil 400 millones se destinan a obras de reconstrucción e infraestructura y 2 mil 100 millones a apoyos económicos y en especie. Recordó que continúan los trabajos de reconstrucción y los procedimientos de contratación, con cerca de 800 millones de pesos en proceso de validación y contratación para alrededor de 300 obras.
Asimismo, explicó que la construcción de las nuevas torres gubernamentales representa una inversión de 2 mil 700 millones de pesos y, al tratarse de una obra plurianual, se solicitó al Congreso modificar el decreto presupuestal correspondiente.
En réplica, el diputado solicitó precisar qué obras y municipios recibirán los 2 mil 400 millones de pesos destinados a infraestructura por los daños de la vaguada monzónica, si estos recursos serán suficientes para reconstruir las zonas afectadas y cuál es el destino de los 5 mil 700 millones restantes del presupuesto total de 10 mil 200 millones.
La titular aclaró que la inversión conjunta de los gobiernos estatal y federal para atender las afectaciones supera los 10 mil 200 millones de pesos. Detalló que el estado aporta 4 mil 500 millones, de los cuales 2 mil millones se destinaron desde el inicio a ayuda humanitaria, atención médica y apertura de caminos; además, 2 mil 400 millones estatales y 5 mil 700 millones federales se contemplan para la reconstrucción de infraestructura, mientras que 2 mil 100 millones se destinan a apoyos económicos y en especie, gestionados por las secretarías correspondientes.
La legisladora Tania Eréndira Meza Escorza (Morena) requirió la opinión técnica de la secretaria sobre si la reciente iniciativa aprobada por el Congreso de Hidalgo, que reduce las facultades de los cabildos y amplía las de los presidentes municipales, podría afectar las finanzas de los municipios, particularmente en aspectos como la disciplina financiera, la transparencia y la gobernabilidad.
La secretaria precisó que las calificadoras evalúan las acciones financieras del gobierno estatal, no las de los municipios. Asimismo, señaló que respeta las iniciativas legislativas orientadas a fortalecer la transparencia y mejorar la recaudación municipal, y subrayó la importancia del trabajo conjunto de los ayuntamientos para incrementar los ingresos sin afectar la economía de los contribuyentes.
En réplica, la diputada reiteró su solicitud de conocer la opinión técnica y personal de la funcionaria sobre si la iniciativa que reduce las facultades de los cabildos y amplía las de los ediles beneficiará o perjudicará la hacienda pública de los municipios.
La titular mencionó que su comparecencia tiene como propósito informar sobre la situación de la hacienda pública estatal y los resultados del cuarto informe de gobierno, por lo que no emitió una opinión sobre la iniciativa relacionada con las facultades de los cabildos y la hacienda municipal.
El legislador Jorge Argüelles Salazar (Nueva Alianza) preguntó qué mecanismos implementa la Secretaría de Hacienda para garantizar que los recursos adicionales obtenidos mediante los convenios con 33 ayuntamientos para el cobro del impuesto predial fortalezcan las finanzas municipales y se traduzcan en mejores servicios públicos y mayor bienestar para la población.
La secretaria recordó que los municipios son responsables de ejercer los recursos conforme a la normatividad vigente, mientras que los organismos fiscalizadores supervisan su cumplimiento. Asimismo, indicó que el gobierno estatal apoya a los ayuntamientos para fortalecer su liquidez y capacidad de atención ciudadana, mediante recursos provenientes del impuesto sobre nóminas y la devolución de 180 millones de pesos.
En réplica, el diputado preguntó qué resultados concretos han generado la disciplina financiera y las mejores calificaciones crediticias de Hidalgo en materia de inversión, generación de empleos, mejora salarial y reducción de las desigualdades sociales. También solicitó conocer qué mecanismos se implementan para garantizar que la confianza de los inversionistas se traduzca en mayor bienestar para las familias hidalguenses.
La funcionaria recalcó que los avances en armonización contable son resultado del trabajo coordinado con los municipios para garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos. Asimismo, señaló que las calificaciones crediticias en rango AA fortalecen la confianza de los inversionistas en Hidalgo, lo que puede favorecer la llegada de nuevas inversiones, la generación de empleos y mejores condiciones de vida para la población.
La legisladora Karla Perales Arrieta (MC) cuestionó si los 1,829 millones de pesos asignados en el Presupuesto de Egresos 2026 para la atención de niñas, niños y adolescentes son suficientes para garantizar integralmente sus derechos.
La titular indicó que los recursos destinados a la niñez son transversales e incluyen partidas de educación para uniformes, becas, calzado, desayunos escolares y tabletas para estudiantes de nivel superior. Reconoció que el presupuesto nunca será suficiente, pero señaló que la reducción del gasto operativo ha permitido incrementar la inversión pública y ampliar los recursos destinados a programas sociales y a los sectores más vulnerables.
En réplica, la diputada preguntó qué parte de los más de 662.4 millones de pesos invertidos en unidades arrendadas corresponde al ejercicio fiscal 2026 y qué obligaciones de pago permanecerán para los años siguientes. Asimismo, pidió conocer las previsiones presupuestarias que garantizan el cumplimiento de los compromisos de arrendamiento plurianuales y la conciliación entre el gasto anual y el costo total contratado.
La secretaria precisó que, de los más de 662.4 millones de pesos comprometidos en arrendamientos, se destinarán 189 millones en 2026, 324 millones en 2027 y 147 millones en 2028, precisando que estos pagos están debidamente programados para los respectivos ejercicios fiscales.
La legisladora Cynthia Citlali Delgado Mendoza (Morena) preguntó si la Secretaría de Hacienda ha evaluado la viabilidad financiera de ampliar la cobertura de los programas estatales de bienestar hacia un esquema más universal, qué programas podrían extenderse, cuántos recursos adicionales se necesitarían y en qué plazo presupuestario sería posible hacerlo. Asimismo, solicitó conocer las posibilidades de incrementar el presupuesto del programa Construye tu Camino para ampliar su cobertura en comunidades rurales e indígenas, así como el costo estimado para atender las localidades con mayores rezagos de conectividad.
La funcionaria informó que el presupuesto destinado a programas sociales aumentó de 1,061 millones de pesos en 2022 a 4,900 millones en 2026, casi cinco veces más, y destacó que los apoyos se otorgan conforme a reglas de operación y criterios de elegibilidad públicos. Asimismo, señaló que el programa Construye tu Camino recibió 150 millones de pesos en 2025 y 200 millones en 2026, con una previsión de incrementar su presupuesto para 2027.
En réplica, la diputada cuestionó si la dependencia cuenta con un protocolo o mecanismo presupuestario para garantizar que las comunidades indígenas reciban y administren los recursos públicos estatales que legalmente les correspondan, conforme a su derecho a la autonomía.
La titular recalcó que el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos retenido y distribuido por la federación, a través de la Secretaría de Bienestar, para que las comunidades beneficiarias ejecuten directamente los recursos. Asimismo, señaló que se publica la distribución y calendarización de los fondos para su administración.
El legislador Leonel Perusquía Muedano (PRD) preguntó qué acciones contempla la Secretaría de Hacienda para fortalecer, en el Presupuesto de Egresos 2027, los recursos destinados a caminos rurales, infraestructura hidráulica y apoyos al campo, especialmente en los municipios de la Sierra hidalguense.
La secretaria manifestó que, por instrucciones del gobernador, la administración estatal ha fortalecido el orden financiero y reducido el gasto operativo para destinar mayores recursos a la inversión pública. Asimismo, indicó que se buscará continuar incrementando el presupuesto de inversión.
La diputada Johana Montcerrat Hernández Pérez (PRI) cuestionó cómo se llevan a cabo y publican las licitaciones públicas, qué mecanismos garantizan la participación equitativa de los interesados y cómo se previenen posibles actos de corrupción o conflictos de interés en la asignación de contratos. Asimismo, preguntó cómo se distribuyen y gestionan los recursos destinados a atender los daños de la vaguada monzónica.
La funcionaria respondió que la dependencia cuenta con mecanismos para recibir denuncias por posibles actos de corrupción, como códigos QR en los centros de recaudación, buzones físicos y los canales digitales de la Secretaría de la Contraloría. Asimismo, invitó a la ciudadanía y a los legisladores a utilizar estas herramientas para reportar irregularidades. Respecto a las licitaciones públicas, aclaró que no son competencia de Hacienda, ya que esta dependencia no ejecuta directamente el gasto ni realiza las contrataciones.
La legisladora cuestionó la falta de reportes sobre el ejercicio de recursos destinados a programas de atención a migrantes y solicitó aclarar si estos apoyos se están entregando. Además, preguntó qué estrategias implementa la secretaría para asesorar y respaldar financieramente a los municipios, prevenir su endeudamiento y evitar que recurran a créditos, especialmente durante el último año de las administraciones municipales.
La titular reconoció que la demanda de apoyos para migrantes ha superado el presupuesto asignado y afirmó que trabaja con las áreas correspondientes para buscar economías que permitan cubrir las necesidades pendientes durante el resto del ejercicio fiscal. Asimismo, aclaró que los contratos municipales celebrados con Banobras están delimitados para no exceder el periodo establecido en su contratación.
El diputado José Luis Rodríguez Higareda (Morena) lamentó la falta de recursos destinados al cuidado del medio ambiente, particularmente para atender la contaminación y los daños ecológicos en la región de Tula y la presa Endhó. Asimismo, preguntó por qué no se han autorizado inversiones específicas para atender esta problemática y qué acciones puede emprender el gobierno estatal, en coordinación con las autoridades federales, para apoyar a las comunidades afectadas.
La secretaria comunicó que para atender la problemática ambiental de la presa Endhó se autorizaron 50 millones de pesos para 2026, además de 33 millones adicionales para adquirir tres trituradoras de lirio acuático, que se sumarán a una cuarta en proceso de adquisición. También señaló que se han destinado recursos al mantenimiento de la maquinaria existente y reconoció la gravedad del problema del lirio acuático y la proliferación del mosco Culex.
El legislador Avelino Tovar Iglesias (PVEM) preguntó si la Secretaría de Hacienda cuenta con estudios o análisis sobre la viabilidad jurídica, económica y recaudatoria de implementar un instrumento fiscal dirigido a las grandes industrias y actividades que generan emisiones contaminantes para que contribuyan a financiar acciones de prevención, mitigación y reparación del daño ambiental. Asimismo, consultó si se ha considerado crear un fondo verde estatal con estos recursos para impulsar el saneamiento de la región de Tula y otras acciones de protección ambiental en Hidalgo.
La funcionaria precisó que la implementación de impuestos verdes está en análisis junto con el gobernador, debido a sus posibles efectos en la inversión privada y la recaudación estatal. Explicó que la administración busca fortalecer los ingresos propios sin crear nuevos impuestos y que, durante los dos años restantes de gobierno, se evaluará la viabilidad de poner en marcha estos instrumentos fiscales.
La diputada Claudia Lilia Luna Islas (PAN) preguntó por qué Hidalgo mantiene el cobro de la tenencia vehicular, pese a los resultados financieros reportados por el gobierno estatal, y si la Secretaría de Hacienda ha considerado eliminar este impuesto para aliviar la carga económica de los contribuyentes.
La titular recordó que el impuesto sobre tenencia vehicular solo lo pagan quienes no están al corriente en el programa de refrendo, mientras que los contribuyentes cumplidos están exentos. Añadió que el 100% de los ingresos por control vehicular se destina a obra pública y que su aplicación puede consultarse en la página oficial de la Secretaría de Infraestructura. También señaló que existe una iniciativa federal para homologar el cobro de la tenencia entre las entidades del país.
En réplica, la legisladora preguntó qué municipios registraron reducciones en sus participaciones federales, cuáles fueron los motivos y si las afectaciones denunciadas por los alcaldes, particularmente el de Pachuca, están justificadas.
La secretaria aclaró que la situación de Pachuca se debió a una confusión en la Tesorería municipal respecto a un convenio de retención temporal del impuesto sobre nómina, cuyos recursos se devuelven en diciembre con sus respectivos intereses. Asimismo, explicó que las variaciones en las participaciones municipales responden a ajustes establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal, debido a que estos recursos se entregan como anticipos y se regularizan trimestralmente.
La diputada Mónica Leanett Reyes Martínez (Nueva Alianza) preguntó qué estrategias se contemplan para ampliar la colaboración y brindar acompañamiento técnico, administrativo y tecnológico a los municipios que enfrentan dificultades para fortalecer su recaudación propia.
La funcionaria informó que la Secretaría de Hacienda brinda capacitación continua a alcaldes, tesoreros y servidores públicos en materia catastral y contable, además de facilitar herramientas tecnológicas para mejorar la recaudación municipal. Asimismo, explicó que se invitó a los ayuntamientos a suscribir convenios para acceder al 30% del excedente del Fondo de Fomento Municipal y fortalecer sus finanzas.
En réplica, la legisladora preguntó qué criterios utiliza la dependencia para garantizar que el incremento del presupuesto destinado a infraestructura se distribuya de manera equilibrada entre los municipios de Hidalgo.
La titular recordó que el gobierno estatal busca incrementar continuamente los recursos destinados a obras y proyectos que beneficien directamente a la ciudadanía, con énfasis en atender los rezagos históricos en caminos, carreteras y vialidades.
La diputada Diana Rangel Zúñiga (Morena) preguntó cuál fue el monto destinado a programas sociales e infraestructura pública en 2025 y 2026, así como los mecanismos financieros y presupuestarios implementados para atender de manera inmediata los daños ocasionados por la vaguada monzónica en 28 municipios, sin generar deuda pública, afectar las obras y programas previamente establecidos ni requerir una autorización del Congreso para realizar adecuaciones presupuestales.
La secretaria manifestó que la atención inmediata a la contingencia fue posible gracias al orden financiero, la administración eficiente y transparente de los recursos públicos desde el inicio de la administración, lo que permitió disponer de fondos para responder a emergencias sin contratar deuda ni solicitar adelantos de participaciones federales.
Participación ciudadana
En un ejercicio de rendición de cuentas, la ciudadanía preguntó cuáles fueron las irregularidades señaladas por la Auditoría Superior de la Federación en la información reportada sobre los recursos transferidos a los municipios, qué autoridades eran responsables de entregarla, si hubo sanciones o consecuencias para los responsables y si las deficiencias detectadas ya fueron corregidas.
La funcionaria aclaró que los municipios, como ejecutores del gasto, son responsables de atender y solventar las observaciones de los organismos fiscalizadores, mientras que la Secretaría de Hacienda debe garantizar que la distribución de los recursos se realice conforme a la Ley de Coordinación Fiscal. Aseguró que, hasta el momento, la dependencia no tiene observaciones de la Auditoría Superior de la Federación.
La sociedad también cuestionó por qué algunos municipios deben reservar parte de sus recursos para cubrir las prestaciones de fin de año de sus trabajadores, en lugar de tener esos gastos previstos en su presupuesto, y solicitó conocer qué municipios todavía enfrentan dificultades financieras para cumplir con sus obligaciones de pago.
La titular expuso que los municipios no están obligados a reservar recursos para cubrir las prestaciones de fin de año, sino que pueden hacerlo voluntariamente como una medida preventiva para evitar presiones financieras en diciembre. Precisó que los recursos retenidos se devuelven íntegramente con sus respectivos intereses y que, hasta la fecha, 67 ayuntamientos han formalizado este convenio.
Por otro lado, la ciudadanía preguntó cuánto del presupuesto estatal de más de 75 mil millones de pesos se había ejercido hasta agosto, cuánto recurso permanecía disponible y qué dependencias tenían presupuesto pendiente de utilizar. Asimismo, solicitó aclarar qué sucede con los recursos que no se ejercen conforme a lo programado.
La secretaria manifestó que el presupuesto estatal se distribuye de manera calendarizada y programada entre las dependencias. Comunicó que, conforme a la Ley de Disciplina Financiera, los recursos federales que al 31 de diciembre no estén comprometidos y que no se ejerzan y paguen a más tardar el 31 de marzo deben reintegrarse a la Tesorería de la Federación.
Finalmente, la sociedad cuestionó cuál es el monto actual de la deuda pública de Hidalgo, cuánto se destina al pago de intereses y en qué año se prevé liquidar por completo.
La funcionaria informó que, al cierre de agosto, la deuda pública estatal ascendía a 2 mil 274 millones de pesos, correspondientes a tres créditos vigentes. Explicó que el pago anticipado de dos créditos permitió reducir el presupuesto destinado al servicio de la deuda, de casi 800 millones a poco más de 300 millones de pesos, liberando recursos para obras y acciones públicas.