Venezuela, 19 de julio del 2019.- Las reivindicaciones del chavismo pasan habitualmente por la defensa de las fuerzas armadas y de los cuerpos policiales. La gestión del poder en Venezuela gira, en buena medida, en torno al control de los militares, su cúpulas y sus bases. El pulso de Juan Guaidó al Gobierno ha logrado abrir grietas en esos estamentos, aunque no los suficientes para su propósito, esto es, la renuncia de Nicolás Maduro. El presidente cerró filas este miércoles con la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en el acto de graduación de cerca de 2.000 agentes y lo hizo exhibiendo su respaldo explícito a sus fuerzas de acciones especiales, una de sus divisiones más cuestionadas. «Todo el apoyo para el FAES en su labor diaria de darle seguridad al pueblo de Venezuela. Que viva el FAES», enfatizó el sucesor de Hugo Chávez.
Hace dos semanas, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió expresamente la disolución de esa unidad y de los grupos de choque del chavismo, conocidos como colectivos. El Ejecutivo rechazó el informe de la ONU y presentó 70 alegaciones al estudio de la ONU. El texto afirma: «Las FAES, una unidad de respuesta rápida creada en 2017 para combatir el crimen organizado, han sido presuntamente responsables de numerosas ejecuciones extrajudiciales en operaciones de seguridad, al igual que el CICPC [la policía científica]. Los servicios de inteligencia (el SEBIN y la DGCIM, la contrainteligencia militar) han sido responsables de detenciones arbitrarias, maltratos y tortura de opositores/as, políticos/as y de sus familiares». El capitán de corbeta Rafael Costa Arévalo, acusado de supuesta conspiración contra el mandatario, falleció a finales de junio cuando se encontraba bajo custodia de agentes de la contrainteligencia militar. Horas antes de morir compareció ante un tribunal con evidentes signos de tortura.
La oficina de Naciones Unidas resalta en su informe que solo en 2018 se registraron 5.287 muertes atribuidas a la «resistencia a la autoridad». Maduro mantiene ahora que los «cuadrantes» de la Policía deben ser una «trinchera de paz». Los agentes, añadió, tienen «que estar a la vanguardia, ir a la batalla». Además, autorizó la inversión de 3,1 millones de euros «para la compra y equipamiento de manera inmediata de 200 nuevas camionetas» y 542.000 euros «para adquirir cuatro simuladores de tiro».
Todo esto sucede mientras los enviados del Gobierno y de la Asamblea Nacional explorar una posibilidad de diálogo en la isla de Barbados, todavía con resultados inciertos. Uno de los representantes del chavismo, el canciller Jorge Arreaza, se reunió en Nueva York con el secretario general de la ONU, António Guterres, quien apoya el intento de mediación auspiciado por Noruega que busca una salida al grave bloqueo político e institucional. Sin embargo, Arreaza denunció en esa sede la aplicación de sanciones al régimen acusando a algunos países de buscar «socavar los principios básicos del multilateralismo e incentivar las injusticias globales como el colonialismo, las guerras, el ataque a la soberanía por sus recursos naturales y la imposición de medidas coercitivas unilaterales injustas e ilegales”.
Mientras tanto, Guaidó, presidente del Parlamento reconocido como jefe de Estado interino por más de 50 Gobiernos extranjeros, con Estados Unidos a la cabeza, continúa con su gira por el país y fijó para el próximo martes una «sesión de calle» de la Asamblea Nacional. «Convocamos a toda Venezuela a movilizarse. Juntos, con el poder de la fuerza ciudadana y el ejercicio del Parlamento Nacional, avanzaremos a una próxima etapa en nuestra lucha», afirmó en las redes sociales. Su gabinete de comunicación aseguró que el político realizará «anuncios importantes sobre» el proceso abierto hace seis meses y que, según su equipo, se mantiene en «todos los frentes de lucha».
