Liderazgo ético e integridad para aumentar la confianza en los esfuerzos dirigidos a alcanzar el desarrollo sostenible.
Enfoque GLOCAL
M.E.R Joaquín García Galván
En un mundo en rápida evolución y cada vez más complejo, inestable e incierto, la globalización, la liberalización y la competencia supranacional, entre muchos otros factores, tienen una profunda influencia en los gobiernos y las sociedades a todos los niveles. Los efectos positivos y negativos pueden observarse en la transformación socioeconómica y la integración rápida, la propagación de la democratización, la revolución digital, el surgimiento de crisis multidimensionales, los cambios en las dinámicas de la población, el crecimiento desordenado de las ciudades, el desempleo y las pandemias. El déficit democrático, las nuevas exigencias de los ciudadanos, el aumento de las protestas, huelgas y marchas, y las revoluciones y los conflictos, así como la falta de recursos y las diversas manifestaciones del despilfarro, la mala gestión y las prácticas poco éticas, plantean en última instancia desafíos considerables para el logro del desarrollo sostenible.
El gobierno tiene un papel decisivo que desempeñar, aunque deberá hacerlo en un contexto en el que estas transformaciones sin precedentes están afectando a todos los países de diversas maneras, aumentando a menudo su vulnerabilidad y menoscabando su capacidad para hacer frente a las situaciones que se van desarrollando. En conjunto, esos efectos y fuerzas han tenido una notable repercusión en la imagen de la administración pública, en particular en lo que respecta a la satisfacción o la insatisfacción de la población con la calidad de los servicios prestados. Por otra parte, algunos observan una crisis moral en algunas partes del sector público y consideran preocupantes la ausencia de rendición de cuentas y la existencia de una corrupción que socava la democracia y el estado de derecho. Esto refleja una verdadera crisis de confianza en el gobierno.
Partiendo de la premisa de que para lograr el desarrollo sostenible es indispensable promover instituciones responsables, el liderazgo ético y la integridad en el sector público, es fundamental contar con un gobierno responsable y ético y lo que se necesita para promover la buena gobernanza y fomentar así la confianza de los ciudadanos en las iniciativas encaminadas a lograr el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible puede ser más fácil de lograr en un entorno propicio en el que exista una voluntad política, social y administrativa adecuada.
Los conceptos de servicio público como institución, el servicio público como producto y, desde luego, los funcionarios públicos como proveedores de servicios
públicos, son fundamentales para fomentar la confianza entre el gobierno y la población. La Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE) ha señalado que el servicio público entraña la confianza del público y que los ciudadanos esperan que los funcionarios públicos sirvan al interés público con equidad y que gestionen debidamente los recursos públicos a diario.
El servicio público es el custodio de la confianza del público y, por lo tanto, debería estar integrado por hombres y mujeres que inspiren la confianza del público. Un servicio público fiable y equitativo crea un entorno favorable para la inversión, el buen funcionamiento de los mercados, el crecimiento económico y la creación de empleo.
El desarrollo sostenible depende en gran medida de la eficacia de las políticas y los servicios públicos y se sustenta en la eficiencia y la equidad en la generación, la asignación y la gestión de los recursos, así como de la eficacia de las instituciones de supervisión que promueven la transparencia y la rendición de cuentas y de la capacidad del control público para prevenir los casos de administración deficiente y corrupción y optimizar la actuación del gobierno. Aunque parece fácil abordar estas cuestiones, consolidar la ética, la integridad, la rendición de cuentas, la transparencia y la responsabilidad en la administración pública es un problema muy complejo.
Los principales factores que contribuyen a la promoción de instituciones responsables, el liderazgo ético y la integridad se dividen en cuatro categorías generales, a saber, los factores de procedimiento, que incluyen varias políticas que regulan el comportamiento, el desempeño y las relaciones personales; los arreglos institucionales que se han establecido como parte del proceso de creación de instituciones democráticas; la responsabilidad social y el control público; y los factores culturales, es decir, las cualidades, normas y valores de toda sociedad.
Las tradiciones, los valores y las normas culturales de una sociedad proporcionan un medio muy importante, o quizás el más importante, de mantener los procedimientos y estructuras que garanticen un gobierno receptivo, responsable, honrado y transparente. Es fundamental crear una tradición de prensa libre, abierta y eficaz y unos medios informativos de investigación sólidos como la fuerza más importante para fomentar y preservar la integridad y el comportamiento responsable y receptivo del gobierno. Es igualmente importante la protección constitucional o legislativa de las personas de los medios de comunicación que señalan a la atención del público el comportamiento poco receptivo, indebido o ilegal de quienes forman parte del gobierno.
En los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la agenda mundial para el desarrollo después de 2015 se reconoce y destaca como primordial el papel fundamental de la gobernanza y la lucha contra la corrupción. Sin embargo, a pesar de los progresos logrados en la modernización del sector público en los países
desarrollados y los países en desarrollo, persisten la corrupción y las conductas contrarias a la ética. Estas frenan el desarrollo económico y el progreso hacia el desarrollo sostenible. Debido a su complejidad, vitalidad, ubicuidad, longevidad, resiliencia y carácter generalizado, la corrupción y las conductas contrarias a la ética siguen representando un gran problema y ningún país quedará totalmente libre de ellas.
En efecto, vivimos en un entorno en el que la democracia representativa y la democracia participativa se han visto sacudidas por el estallido de una “cultura 2.0” que abre vías hacia un modelo de democracia participativa abierto y basado en el diálogo. El fundamento de esta cultura 2.0 es un gobierno abierto basado en el establecimiento de mecanismos de transparencia y colaboración y en una participación de los ciudadanos que va más allá del simple ejercicio del derecho de voto. Para que los instrumentos 2.0 sean eficaces en la gestión pública, no solo es necesario contar con ciudadanos 2.0, sino también con políticos y funcionarios públicos 2.0.
En primer lugar, para llevar a cabo estas acciones no solo se requieren poder y autoridad, sino también un nuevo liderazgo ético para el siglo XXI que esté basado en valores multidimensionales: una nueva visión, integridad personal, compromiso, imparcialidad, respeto por las personas, transparencia, responsabilidad social, dedicación al servicio, humildad, persistencia, creatividad, innovación, flexibilidad, capacidad de asumir riesgos y promover la resiliencia y comprensión de la realidad.
En resumen, se necesitan dirigentes que sepan pensar en forma imaginativa, añadir valor e integrar. En segundo lugar, para inculcar un comportamiento administrativo responsable y hacer frente a la corrupción y a las conductas reñidas con la ética, las sociedades que están más preocupadas por estos problemas deben disponer de muchos enfoques diferentes para abordar esos problemas y asegurar de manera holística la participación de todas las partes interesadas.
En tercer lugar, cabe señalar que, una vez que se ponen en práctica, los procedimientos y las medidas de lucha contra la corrupción no son autosostenibles. Se requiere una firme voluntad política, administrativa y social, que incluya el apoyo y la participación de las partes interesadas pertinentes, así como del público en general, para que sea posible establecer estructuras institucionales y disposiciones de procedimiento que puedan contribuir eficazmente a la formación y el mantenimiento de una cultura de ética y rendición de cuentas.
Por último, en un entorno caracterizado por rápidos cambios e incertidumbre a nivel mundial y afectado negativamente por la actual crisis financiera generalizada, se hace imperativo que los gobiernos elaboren y apliquen estrategias de lucha contra la corrupción efectivas y sostenibles, empoderen a las personas y las comunidades, promuevan un mayor grado de rendición de cuentas y transparencia del gobierno y fortalezcan la capacidad institucional para mejorar la prestación de
servicios orientados a los ciudadanos. Debemos reconocer que tomará tiempo lograr el éxito en este ámbito, ya que se trata de un proceso a largo plazo. En lugar de asumir que la tarea de prevenir la corrupción es inútil, debemos elaborar estrategias específicas que incorporen objetivos a largo y mediano plazo, así como objetivos a corto plazo, haciendo especial hincapié en la creación y el desarrollo de la capacidad a fin de que el mayor número posible de actores participen en el cumplimiento de esas tareas y la solución de esos problemas.