La violencia registrada en días recientes en Michoacán, Guerrero y Sinaloa son crónica debilitada de nuestro Estado de Derecho; donde la ley no debe negociarse: González Pérez
México, 21 de octubre del 2019.- Tras los recientes hechos de violencia registrados en los Estados de Michoacán, Guerrero y Sinaloa, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, llamó al Estado a no renunciar bajo ninguna circunstancia a su obligación de cumplir con la ley y hacerla cumplir.
Durante la inauguración del Foro Nacional “Sumemos Causas por la Desigualdad” el Ombudsperson expresó que la ley no puede ser objeto de negociación ni las autoridades deben condicionar su actuación al grado de violencia que pueda tener o tenga la respuesta de aquel a quien se le intenta aplicar.
“El que las autoridades claudiquen en el ejercicio de sus funciones como consecuencia de las acciones de particulares, representa el mayor incentivo para que continúe la impunidad y se perpetúe la violencia” advirtió González Pérez.
“El que el Estado busque la conciliación y la pacificación en el país, lo cual es encomiable, no implica que se claudique ante quien opte por el recurso de ejercer la fuerza y se abandone a su suerte a los servidores públicos encargados de hacer valer la ley y defender las instituciones” sostuvo el titular de la CNDH
Indicó que respetar y hacer que la ley se respete no puede confundirse con represión.
Explicó que el uso legítimo, debido y conforme estándares internacionales de la fuerza es una potestad, pero también una responsabilidad y obligación de las autoridades cuando las circunstancias así lo ameritan.
“No viola derechos humanos la autoridad que recurre a la fuerza haciendo un uso adecuado de la misma, por el contrario, los violenta, quien aduciendo un mal entendido respeto de los derechos fundamentales renuncia a cumplir con las obligaciones que tiene como autoridad y tolera o permite que se cometan delitos y abusos en contra de las personas a quienes debería proteger y procurar” sostuvo el Ombudsperson Nacional.
“Lo hemos dicho, pero vale la pena reiterarlo: la atención a los problemas de seguridad y justicia que enfrenta el país debe emprenderse bajo un enfoque integral, que partiendo de diagnósticos adecuados y bajo una lógica preventiva, más que reactiva, se ocupe del conjunto de factores que generan o propician las actividades delictivas, así como del desarrollo de capacidades y recursos para la efectiva persecución y combate de las actividades ilícitas, con pleno respeto a los derechos humanos. El combate al denominado crimen organizado no es una cuestión que atienda a razones ideológicas o políticas. Es una necesidad que requiere la participación y articulación efectiva de las distintas instancias y órdenes de gobierno, sumando esfuerzos, capacidades y recursos” enfatizó González Pérez.
El titular de la CNDH consideró que una vez superada la expectativa que generó la creación de la Guardia Nacional, los hechos nos demuestran que, si bien puede ser parte decisiva en la solución de los problemas de violencia e inseguridad del país, no constituye por sí misma la solución. No podemos seguir postergando la discusión y revisión de lo que pasa con nuestras policías y qué tipo de instituciones necesitamos y queremos en este ámbito.
Afirmó que recuperar la confianza de la sociedad en las instituciones requiere recuperar la credibilidad y confianza de la sociedad en las policías, como el vínculo más evidente e inmediato entre autoridades y personas, así como el primer eslabón indispensable para el debido cumplimiento y aplicación de la ley como base de nuestra convivencia pacífica. “En esta tarea, es muy importante que la institucionalidad en las policías se establezca y consolide con independencia de intereses particulares o coyunturas políticas” subrayó.
Manifestó que las policías no pueden ser instrumentos de un gobierno sino órganos de un Estado que protege y promueve la democracia, el cumplimiento y aplicación de la ley, así como el respeto y vigencia de los derechos humanos. Se requieren cuerpos profesionales debidamente seleccionados, capacitados, equipados y supervisados. “En el ámbito de la seguridad, cualquier error u omisión que se cometa respecto de estos cuatro aspectos traerá consecuencias muy graves para los propios elementos de dichos cuerpos y para la sociedad, que van desde la posibilidad de que el crimen infiltre a las policías, de que se dote de un uniforme y un arma a quien no está en aptitudes de portarla, arriesgando con ello innecesariamente la vida e integridad de las personas” advirtió, González Pérez.
El Ombudsperson, indicó que las
policías, como todas las autoridades, deben cumplir con la ley y respetar los derechos humanos, pero es claro que también tienen derecho a que sus instancias de mando superior y las demás autoridades respeten sus derechos. “Viola los derechos de los elementos policiales o de otros cuerpos de seguridad, quien los manda a operativos sin el entrenamiento y la capacitación suficiente, quien los coloca en situación de riesgo por no contar con el equipamiento y apoyo adecuados. Quien los hace participar en acciones deficientemente planeadas y organizadas y no ejerce un mando efectivo y adecuado cuando las mismas se complican, abandonando a su suerte a los elementos involucrados y propiciando que incurran en excesos en su actuación frente a terceros” sostuvo Luis Raúl González Pérez.
En este sentido, -dijo- es relevante reiterar la necesidad de contar con una burocracia profesional, especializada, que opere al margen de intereses políticos y de gobierno. La afinidad ideológica de una persona con grupos o partidos no la vuelve en automático apta para el servicio público, ni para desarrollar tareas y acciones especializadas. La improvisación y la falta de conocimientos y experiencia en todos los ámbitos de la función pública tienen altos costos, pero en particular, en el de la seguridad, cuesta vidas.
“En Culiacán, más allá de la pertinencia que pudieran tener las decisiones que se tomaron con el objeto de evitar una pérdida mayor de vidas, la ya reconocida improvisación y mala planeación del operativo tuvo un alto costo, cuyo precio más alto lo pagó la población civil, así como los agentes policiacos y elementos de las fuerzas armadas que tuvieron que hacer frente a una situación que, de haberse previsto y planeado debidamente, probablemente hubiese arrojado un resultado distinto” sostuvo el titular de la CNDH
Indicó que se ha anunciado el inicio de investigaciones sobre el desempeño de diversos servidores públicos, respecto de las cuales ya se ha anticipado que parten de la premisa de que ningún mando superior o miembro del gabinete de seguridad fue advertido de estos hechos, situación -sostuvo- que no abona en nada a hacer efectivo el derecho a la verdad que asiste a las víctimas, ni contribuye a que la sociedad conozca la realidad de lo sucedido en Culiacán.
“Se requeriría una investigación objetiva e imparcial que, sin partir de premisas preestablecidas, entrara al conocimiento de los hechos y a la búsqueda de la verdad sin asignar culpas o eximir de responsabilidad en forma anticipada. En este caso es importante conocer qué pasó y prevenir con base en ello que situaciones similares se repitan” demandó el Ombudsperson.
Aclaró que la autoridad que dolosamente pretende justificar el que no se garantice la seguridad e integridad de las personas, aduciendo que no lo hace porque los derechos humanos no se lo permiten, además de confundir a la opinión pública, reconoce expresamente su omisión o incapacidad para cumplir con las obligaciones que la ley le impone.
“La defensa de los derechos humanos no promueve el incumplimiento de la ley o que la misma sea objeto de negociación. Por el contrario, solo en el marco de la ley los derechos humanos se pueden materializar y ser vigentes” subrayó González Pérez.
Señaló que más que buscar culpables únicos o panaceas, es preciso hacer una reflexión objetiva y profunda que nos permita ver en qué se ha fallado y cuál sería la mejor forma de rectificar el rumbo. México requiere una transición a la genuina legalidad como condición necesaria para recuperar la seguridad, abatir la violencia y caminar en la construcción de la paz.
Finalmente el titular de la CNDH sindicó que no hay espacio para la simulación, para falsos triunfalismos o posturas que pretendan negar con palabras lo que los hechos hacen evidente. “Lo que está en juego es la integridad, la vida y el patrimonio de las mexicanas y mexicanos y, en última instancia, la estabilidad y futuro de nuestra vida democrática e institucional” puntualizó.
Nuevamente agradezco a María Elena Morera y a Causa en Común por la invitación que nos extendieron para participar en la Inauguración de este foro y con esta participación dar por inaugurado el mismo.
Con información de: https://enfoquenoticias.com.mx/