- Yndira Sandoval, integrante del Colectivo «Las Constituyentes MX Feminista», dijo que es un parteaguas para la sociedad y la vida democrática
Ciudad de México, 30 de mayo del 2023.- A partir de este martes, cualquier persona que violente a mujeres o sea deudora alimentaria no podrá ocupar ningún cargo público o de elección popular en el país, gracias a la entrada en vigor de la «Ley 3 de 3 contra la violencia». En entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez para El Heraldo Media Group, Yndira Sandoval, integrante del Colectivo «Las Constituyentes MX Feminista», dijo que es un parteaguas para la sociedad y la vida democrática.
«Es una reforma que marca otra nueva era para la vida pública y política, exactamente a partir de hoy, ya que fue publicada el día de ayer en el Diario Oficial de la Federación, entra en vigor una ley que hace obligatorio que ningún agresor pueda llegar al poder», expresó.
Detalló que desde siempre debió ser obligatorio que los que gobiernan, legislan o administran fueran los primeros en cumplir la ley; sin embargo, se han amparado en el poder, exigiendo a la ciudadanía el cumplimiento de la Ley a pesar de ser los primeros que la incumplen.
«Se les acabó la fiesta, se reformó la Constitución, se reformó el artículo que jamás se había modificado y se modificó gracias a la unidad de todas las mujeres».
Subrayo que es la primera reforma constitucional que sale con unanimidad de todas las fuerzas políticas, especialmente de mujeres defensoras, periodistas, activistas, entre otras.
Su aplicación en las elecciones de 2024
La también defensora de derechos humanos recordó que esta reforma será válida para las elecciones de 2024, por ello la prisa e importancia de que se publicara antes del 31 de mayo, y aseguró que esto no lleva dedicatoria ni se tratará de una cacería de brujas.
«Esto va a ser para cualquier funcionario público, de cualquier cargo, en lo municipal, estatal, federal y también para quien quiera un cargo de un órgano autónomo, fiscal, magistrado, juez, rector de universidad, comisionado de cualquier otro órgano desconcentrado, nadie va a poder estar en un cargo público si se encuentra en uno o varios supuestos que plantea la 3 de 3 contra la violencia».
Explicó que en cuanto a los agresores sexuales habrá una sentencia, por ello ahora sigue trabajar con el Poder Judicial, ya que hay muchas carpetas que se han judicializado, pero por protegerse el fuero de una persona no pasa a ser sentencia.
«Actualmente solo dos de cada 100 denuncias pueden llegar a una sentencia porque también nos encontramos en el 98 por ciento de impunidad», indicó.
Contó que en 2021, en Observatoria Todas MX detectaron a 106 postulados con partido político, con carpeta de investigación, denuncia y sentencia, pero el INE con todo el aparato pudo detectar a tres nada más.
«Si damos a conocer que esto ya es una reforma, que no es un lineamiento, creo que van a salir hasta de abajo de las piedras, se destapó la cloaca», manifestó.
Casos de deudores alimentarios
Ileana Villagómez Gutiérrez acusó a su exesposo Óscar Sánchez García, alcalde de Almoloya de Juárez, de deudor alimentario, en conferencia de prensa en abril pasado. De acuerdo con la expareja del funcionario, lleva 10 años buscando que pague de manera regular la parte proporcional de la manutención de sus hijos, pero él ha eludido esa responsabilidad. Incluso, el Ayuntamiento de Toluca aseguró que no existen adeudos de pensión.
Otro caso fue el de María Fernanda Vera Vargas, expareja del alcalde de Indaparapeo, Erick Magaña Garcidueñas, quien dio a conocer a través de redes sociales las deudas en manutención de su hijo por parte del edil. Además, acusó al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) de encubrirlo. Fue en la instalación del tendedero que realizó el Frente Nacional de Mujeres Contra Deudores Alimentarios en Michoacán, donde informó sobre esta situación.
Antes de ser asesinada, la activista Cecilia Monzón denunció en varias ocasiones a Javier López Zavala, excandidato al gobierno de Puebla por el incumplimiento de pago de pensión alimenticia. Él hoy se encuentra preso por su probable responsabilidad en el feminicidio de la abogada.
La activista fue asesinada a balazos cuando iba en automóvil, en el municipio de San Pedro Cholula, Puebla, el 21 de mayo de 2022, y a casi un año de su muerte, el Congreso de Puebla aprobó la «Ley Monzón», una reforma que suspende la patria potestad a posibles parejas feminicidas o se las quita si se confirman las sentencias.
Con información de: https://heraldodemexico.com.mx/
