Gobierno federal activa nuevo esquema nacional para búsqueda de desaparecidos
El protocolo obliga a reacción inmediata y coordinación interinstitucional; la alerta no tendrá caducidad y será evaluada semestralmente
Ciudad de México, 18 de febrero del 2026.- El gobierno federal dio a conocer el Protocolo Nacional para la activación de la Alerta Nacional de Búsqueda, Localización e Identificación de Personas Desaparecidas y No Localizadas, con el que busca homologar procedimientos y garantizar una respuesta inmediata ante cualquier reporte en el país.
La medida, publicada por la Secretaría de Gobernación en el Diario Oficial de la Federación, establece que la alerta será emitida de manera automatizada y simultánea a todas las autoridades competentes, incluidas fiscalías especializadas, comisiones locales de búsqueda y dependencias de los tres niveles de gobierno.
El documento enfatiza que la desaparición de personas exige actuación urgente y coordinada para garantizar el derecho a la verdad y el acceso a la justicia. En ese sentido, determina que la alerta permanecerá activa de forma indefinida hasta la confirmación de la localización, eliminando cualquier límite temporal.
La Comisión Nacional de Búsqueda será la instancia responsable de emitir la Ficha de Búsqueda con datos mínimos obligatorios: nombre completo, edad, sexo y género, fotografía reciente, fecha y lugar de desaparición, señas particulares, posibles condiciones de vulnerabilidad y un Folio Único de Identificación.
Aunque se exhorta a que exista denuncia formal ante la fiscalía correspondiente, el protocolo aclara que la emisión de la alerta no dependerá de la apertura previa de una carpeta de investigación. Paralelamente, las fiscalías deberán integrar expediente, realizar búsquedas en bases de datos y coordinarse con instituciones públicas y privadas, incluidos hospitales, la Cruz Roja y centros de rehabilitación.
Asimismo, se contempla la activación de mecanismos complementarios como Alerta AMBER, Protocolo Alba o notificaciones internacionales, según la naturaleza del caso. En situaciones que involucren a personas migrantes extranjeras, se prevé coordinación con el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Relaciones Exteriores.
El esquema incorpora la difusión masiva de fichas a través de empresas de telecomunicaciones, instituciones financieras, cadenas comerciales, transportistas y sectores sociales, incluidos colectivos de familias, para ampliar el alcance del alertamiento.
El protocolo advierte que los servidores públicos y particulares que incumplan sus obligaciones podrán ser sancionados conforme a la ley. Además, será sometido a evaluación al menos cada seis meses, con participación de familiares de personas desaparecidas, como parte de un mecanismo de revisión institucional.