FGR sostiene acusación contra Ernesto Ruffo por presunta red de contrabando de combustible
- La Fiscalía afirma contar con dictámenes, entrevistas y análisis financieros que vinculan al ex gobernador con decisiones de la empresa Ingemar; el proceso penal continúa
Ciudad de México, 03 de octubre del 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) sostuvo que la investigación contra Ernesto Ruffo Appel cuenta con diversos datos de prueba que, de acuerdo con la institución, lo vinculan con la conducción y toma de decisiones de la empresa Ingemar, señalada dentro de una investigación por una presunta red de contrabando de combustible.
La dependencia, encabezada por Ernestina Godoy Ramos, informó que entre los elementos incorporados a la indagatoria se encuentran dictámenes periciales, entrevistas, diligencias y análisis de información, con los cuales busca establecer la participación de Ruffo en su calidad de accionista y secretario del Consejo de Administración de la compañía.
Según la FGR, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) identificó una estructura dedicada presuntamente al contrabando de combustible que habría utilizado ferrotanques para trasladar el producto mediante operaciones relacionadas con Ingemar.
La empresa está vinculada con actividades de servicios portuarios, dragado y operación de puertos. De acuerdo con la Fiscalía, durante el análisis de sus operaciones financieras se detectaron movimientos millonarios en cuentas nacionales que, a juicio de la autoridad ministerial, resultaban incongruentes con el perfil fiscal registrado por la compañía.
La FGR hizo estas precisiones después de que Ruffo Appel obtuviera el beneficio de prisión domiciliaria, al señalar que dicha medida no implica la conclusión del proceso penal que enfrenta.
La institución enfatizó que el procedimiento judicial continúa ante la autoridad competente y será el órgano jurisdiccional el encargado de valorar los datos de prueba que sean desahogados durante el proceso y determinar las responsabilidades que correspondan conforme a derecho.
La Fiscalía reiteró que los elementos reunidos forman parte de la investigación ministerial, mientras que la determinación sobre la responsabilidad penal del ex gobernador corresponderá a la autoridad judicial.