FGR atribuye a Ángel Aguirre orden para destruir evidencias del caso Ayotzinapa
- La fiscal general, Ernestina Godoy, sostuvo que nuevos testimonios y diligencias permitieron acreditar una presunta operación desde el gobierno de Guerrero para ocultar videograbaciones clave sobre la desaparición de los 43 normalistas.
Ciudad de México, 06 de agosto del 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que el ex gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, ordenó la destrucción de evidencias relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, ocurrida la noche del 26 de septiembre de 2014.
La titular de la institución, Ernestina Godoy Ramos, afirmó que las investigaciones permitieron establecer que las videograbaciones captadas por las cámaras de seguridad 12 y 15, ubicadas en el exterior del Palacio de Justicia de Iguala, fueron sustraídas de manera deliberada luego de registrar el momento en que el autobús Estrella de Oro número 1531, en el que viajaban varios normalistas, fue interceptado por elementos de las policías municipal y estatal.
En un mensaje a la nación, la fiscal general sostuvo que las nuevas líneas de investigación descartan que la desaparición de ese material obedeciera a fallas técnicas, como se argumentó en un inicio, y apuntan a una operación organizada para impedir el esclarecimiento de los hechos.
«La investigación permite sostener que, lejos de tratarse de un acto aislado o de una omisión técnica, el ocultamiento de las grabaciones fue resultado de una operación dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del Poder Ejecutivo estatal», señaló.
Godoy Ramos explicó que las primeras versiones oficiales aseguraban que las grabaciones no existían debido a presuntas fallas en el sistema de videovigilancia; sin embargo, las diligencias ministeriales posteriores demostraron que esa versión era falsa.
Como parte de las nuevas indagatorias, la funcionaria informó que en enero de 2026 una persona colaboradora declaró ante la FGR que las videograbaciones sí existían y señaló a quien presuntamente las sustrajo para entregarlas directamente al entonces gobernador, además de revelar que había permanecido en silencio debido a amenazas.
Posteriormente, en mayo de este año, un segundo testigo protegido fortaleció esa línea de investigación al declarar que Aguirre Rivero instruyó, durante una reunión con integrantes de su gabinete y mandos de primer nivel del gobierno estatal, desaparecer cualquier evidencia relacionada con los hechos registrados en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Iguala.
La titular de la FGR afirmó que el Ministerio Público Federal cuenta con elementos de prueba que sustentan la presunta existencia de una instrucción directa emitida por el entonces mandatario estatal, con la participación de altos servidores públicos del gobierno de Guerrero, para ocultar evidencia considerada relevante en la investigación.
Con base en esos elementos, la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa solicitó y obtuvo de un juez federal una orden de aprehensión contra Ángel Aguirre Rivero por su probable responsabilidad en los delitos de desaparición forzada de personas y contra la administración de justicia.