EU sanciona a jueces de la Corte Penal Internacional por investigaciones sobre Gaza
- Washington incluye en su lista de sancionados a la presidenta de la CPI, Tomoko Akane, y a otros tres magistrados; Marco Rubio acusa al tribunal de actuar contra funcionarios de países que no reconocen su jurisdicción
Washington, 18 de agosto del 2026.- El gobierno de Estados Unidos impuso sanciones contra cuatro integrantes de la Corte Penal Internacional (CPI), entre ellos su presidenta, la jueza japonesa Tomoko Akane, en una nueva medida de presión contra el tribunal por sus investigaciones relacionadas con presuntos crímenes de guerra en Gaza.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadunidense incorporó a Akane y al senegalés Abdoulaye Seye, candidato a magistrado de la CPI, a su lista de personas sancionadas.
La administración de Donald Trump también aplicó medidas contra los jueces Gocha Lordkipanidze, de Georgia, y Erdenebalsuren Damdin, de Mongolia, quienes participaron en una decisión reciente de la Corte relacionada con la investigación sobre posibles crímenes de guerra cometidos en Gaza.
El secretario de Estado, Marco Rubio, justificó las sanciones al acusar a los funcionarios de participar directamente en acciones de la CPI encaminadas a investigar, detener o procesar a funcionarios de países que no reconocen la jurisdicción del tribunal internacional.
Washington eleva presión contra la CPI
Las nuevas sanciones fueron anunciadas después de que la sala de apelaciones de la CPI rechazara, por mayoría, los argumentos presentados por Israel para impugnar la investigación sobre presuntos crímenes cometidos en Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023.
La decisión judicial mantiene abierta la investigación del tribunal sobre la situación en el territorio palestino y representa un nuevo punto de confrontación entre la CPI y el gobierno estadunidense.
Con la incorporación de los cuatro funcionarios a la lista de la OFAC, Washington amplía las medidas dirigidas contra integrantes de la Corte Penal Internacional y endurece su postura frente a las actuaciones judiciales que considera contrarias a sus intereses y a los de sus aliados.
El gobierno de Estados Unidos sostiene que la CPI carece de autoridad para ejercer jurisdicción sobre funcionarios de países que no son parte del Estatuto de Roma o que no reconocen la competencia del tribunal.
La decisión abre un nuevo frente de tensión entre Washington y la institución encargada de investigar y juzgar a personas acusadas de los crímenes internacionales más graves, en un contexto marcado por la guerra en Gaza y las disputas sobre la jurisdicción de la justicia internacional.