EU endurece control migratorio mediante beneficios fiscales
- El Tesoro propone exigir a solicitantes de créditos fiscales que acrediten su condición migratoria; entre 200 mil y 700 mil contribuyentes podrían quedar excluidos de estos apoyos durante 2026
Washington, 19 de agosto del 2026.- El gobierno de Estados Unidos busca ampliar los mecanismos de control migratorio mediante el sistema tributario, a través de una propuesta del Departamento del Tesoro y del Servicio de Impuestos Internos (IRS) que obligaría a determinados contribuyentes a acreditar su condición migratoria para acceder a beneficios fiscales.
La iniciativa establece que quienes soliciten determinados créditos deberán identificarse como ciudadanos estadunidenses o como “extranjeros cualificados”. Además, deberán proporcionar información sobre la situación migratoria de su cónyuge cuando presenten una declaración conjunta.
El planteamiento forma parte de las medidas anunciadas por el Tesoro para reforzar el cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Personal y Reconciliación de Oportunidades Laborales de 1996 (PRWORA), legislación que restringe el acceso de personas extranjeras a determinados beneficios públicos federales.
Bajo esta lógica, el gobierno pretende clasificar como “beneficios públicos federales” algunos créditos fiscales dirigidos principalmente a sectores vulnerables, entre ellos el crédito por adopción, el crédito fiscal por hijos, el programa American Opportunity y el crédito por ingreso del trabajo (EITC).
La dependencia sostiene que el objetivo es impedir que personas sin documentación migratoria o que no cumplan con los requisitos establecidos por la legislación federal reciban recursos provenientes de estos programas.
Podrían quedar fuera hasta 700 mil contribuyentes
La propuesta, que será publicada el 20 de agosto en el Registro Federal, reconoce que la medida tendría efectos económicos limitados para las finanzas públicas, debido a que, en términos generales, los beneficiarios de estos créditos ya deben contar con un número válido de Seguro Social.
No obstante, el impacto sobre los contribuyentes podría ser significativo. El Departamento del Tesoro calcula que entre 200 mil y 700 mil personas podrían quedar excluidas de estos programas durante 2026.
De acuerdo con las estimaciones oficiales, el monto promedio de los apoyos fiscales asciende a alrededor de 3 mil 656 dólares por contribuyente. Con base en esa cifra, los créditos que dejarían de otorgarse representarían entre 700 millones y 2 mil 600 millones de dólares.
El propio documento reconoce que las autoridades carecen de información suficiente para determinar con precisión cuántos contribuyentes que actualmente reciben estos beneficios cumplen con la condición de “extranjero cualificado” establecida en la PRWORA.
Esta falta de información refuerza la interpretación de que la iniciativa tendría un componente de identificación y control migratorio más que un impacto sustancial en la reducción del gasto federal.
La declaración fiscal como mecanismo de identificación
Uno de los principales cambios planteados consiste en que los contribuyentes que no sean ciudadanos estadunidenses deberán “autocertificar” su condición migratoria al presentar su declaración federal de impuestos para acceder a los créditos.
El procedimiento obligaría a declarar que se cuenta con la condición de residente o de “extranjero cualificado”, bajo advertencia de que proporcionar información deliberadamente falsa podría derivar en responsabilidades penales.
La propuesta también contempla disposiciones específicas para las declaraciones conjuntas de matrimonios. En estos casos, bastaría con que uno de los cónyuges sea ciudadano, nacional estadunidense o extranjero cualificado para acceder a determinados créditos.
La disposición cobra relevancia debido a que programas como el EITC, el crédito American Opportunity y el crédito fiscal por adopción generalmente requieren que las parejas casadas presenten una declaración conjunta para solicitar estos beneficios.
De esta manera, la medida podría convertir el proceso de declaración fiscal en una vía para recabar información sobre la situación migratoria de ambos integrantes de una pareja, además de otros datos personales contenidos en los registros tributarios.
La iniciativa se inscribe en la política migratoria impulsada por la administración de Donald Trump, caracterizada por un endurecimiento de los mecanismos de vigilancia y control sobre la población migrante.