Estados Unidos amplía ofensiva contra el CJNG con nuevas imputaciones y sanciones

• La administración de Donald Trump anuncia cargos contra cinco presuntos líderes del cártel, incrementa recompensas, restringe visas a colaboradores y reafirma que reforzará la persecución del grupo dentro y fuera de su territorio.

Washington, 05 de agosto del 2026.- La administración del presidente Donald Trump reforzó su estrategia de combate contra el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) al anunciar un nuevo paquete de acciones judiciales y administrativas dirigidas contra la estructura de mando de la organización criminal, clasificada por Washington como una «organización terrorista extranjera».

Durante una conferencia de prensa en el Departamento de Justicia, el procurador general interino, Todd Blanche, informó la presentación de nuevas acusaciones contra cinco presuntos líderes del CJNG: Julio Alberto Castillo Rodríguez, alias «El Chorro»; Hugo Mendoza Gaytán, «El Sapo»; Ricardo Ruiz Velasco, «El Ruiz»; Julio César Montero Pinzón, «El Tarjetas»; y Carlos Andrés Rivera Varela, «La Firma».

Los nuevos procesos se suman a los abiertos previamente contra Juan Carlos Valencia González, «El Pelón», considerado por las autoridades estadounidenses uno de los principales dirigentes de la organización; Audias Flores Silva, «El Jardinero»; y Francisco Javier Gudiño Haro, «La Gallina», con lo que asciende a ocho el número de integrantes de alto perfil procesados por la justicia estadounidense.

Como parte de la ofensiva, el Departamento de Estado elevó las recompensas por información que conduzca a la captura de los señalados, las cuales superan en conjunto los 100 millones de dólares. Entre las medidas destaca el aumento a 25 millones de dólares por datos que permitan localizar a «El Pelón», además de ofrecer dos millones de dólares por información relacionada con Griselda Margarita Arredondo Pinzón.

La estrategia también contempla nuevas restricciones migratorias contra 65 personas identificadas como familiares o colaboradores de integrantes del CJNG, con el propósito de debilitar las redes de apoyo de la organización.

Blanche sostuvo que el gobierno estadounidense utilizará todos los recursos legales y operativos para llevar ante la justicia a los responsables del tráfico de drogas y otros delitos atribuidos al grupo criminal, al que responsabilizó de la distribución de sustancias ilícitas que han provocado miles de muertes en Estados Unidos.

En el mismo acto, el administrador de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terry Cole, aseguró que el CJNG mantiene su capacidad operativa mediante actos de violencia y presuntos esquemas de corrupción, al tiempo que afirmó que la estrategia de su país también contempla investigar a funcionarios que, según las autoridades estadounidenses, faciliten las actividades del grupo delictivo.

El funcionario identificó a «El Pelón» como uno de los principales objetivos de la DEA y aseguró que la presión del gobierno estadounidense sobre el CJNG continuará intensificándose en los próximos meses.

Las autoridades también destacaron los resultados alcanzados durante la administración Trump en el combate a organizaciones criminales transnacionales, al mencionar las condenas contra integrantes del Cártel de Sinaloa y más de 200 extradiciones y expulsiones de presuntos delincuentes, aunque no precisaron cuántos de esos casos corresponden a México.

Adicionalmente, tres de los ocho imputados enfrentan cargos por un presunto fraude relacionado con la venta de tiempos compartidos, esquema que habría generado pérdidas por aproximadamente 400 millones de dólares y afectado a unos seis mil ciudadanos estadounidenses, principalmente personas adultas mayores.

Aunque el anuncio estuvo marcado por un endurecimiento del discurso contra el crimen organizado, las referencias a la coordinación con México fueron limitadas. No obstante, al concluir la conferencia, Terry Cole afirmó que mantiene comunicación permanente con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y sostuvo que ambos gobiernos continúan colaborando en materia de seguridad para enfrentar a las organizaciones criminales que operan en la región.