España inicia regularización masiva de migrantes; beneficiará a cientos de miles sin papeles
El gobierno de Pedro Sánchez abre la puerta a la incorporación legal al mercado laboral y fija requisitos de arraigo e integración
Madrid, 14 de abril del 2026.- El gobierno de España puso en marcha, a partir de este día, un proceso de regularización que permitirá a cientos de miles de personas en situación migratoria irregular acceder a la residencia legal y, con ello, integrarse plenamente al mercado laboral con derechos y obligaciones.
La medida fue aprobada por el Consejo de Ministros encabezado por el presidente Pedro Sánchez y constituye la cuarta regularización masiva desde la restauración democrática. Procesos similares fueron impulsados anteriormente por los gobiernos de Felipe González en 1991, José María Aznar en 2001 y José Luis Rodríguez Zapatero en 2005.
De acuerdo con estimaciones oficiales y de diversas instituciones, el universo de posibles beneficiarios oscila entre 500 mil y 900 mil personas, aunque el Ejecutivo prevé que más de 800 mil podrían incorporarse formalmente a la economía bajo este esquema.
El decreto establece como eje central el arraigo y la integración social, y contempla dos grandes perfiles de solicitantes. Por un lado, quienes hayan solicitado protección internacional antes del 1 de enero de 2026, independientemente del estado de su trámite. Por otro, personas extranjeras en situación irregular que ya residan en el país y puedan acreditar su presencia previa a esa fecha, así como una estancia continuada de al menos cinco meses.
Asimismo, se fijan requisitos generales como carecer de antecedentes penales en España y en los países de residencia reciente, no representar un riesgo para el orden o la salud pública, no tener prohibida la entrada al país ni estar sujeto a compromisos de no retorno, además de cubrir la tasa administrativa correspondiente.
En el caso de la autorización extraordinaria, los solicitantes deberán cumplir al menos una condición adicional, como contar con empleo o una oferta laboral, acreditar vínculos familiares en España o encontrarse en situación de vulnerabilidad.
El presidente Sánchez defendió la medida mediante una carta pública, en la que la calificó como un esfuerzo que ha logrado consensos en un contexto de polarización, al contar con el respaldo de distintos sectores sociales, incluidos la iglesia, sindicatos, empresarios y organizaciones civiles.
Subrayó además que la decisión responde a un principio de justicia histórica, al recordar las oleadas migratorias de españoles hacia otros países, cuyos aportes contribuyeron tanto a las economías de acogida como al desarrollo posterior de España.