España enfrenta nueva crisis migratoria en Ceuta; aún permanecen 5 mil personas en las calles
- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, reconoció que entre los migrantes que continúan en la ciudad hay alrededor de mil 900 menores; Madrid y Rabat refuerzan la seguridad ante el riesgo de otra entrada masiva
Madrid, 13 de agosto del 2026.- El gobierno español reconoció que la crisis migratoria registrada a finales de julio en la ciudad autónoma de Ceuta aún no ha sido contenida por completo, luego de confirmar que alrededor de 5 mil migrantes permanecen en las calles de esa localidad, entre ellos aproximadamente mil 900 menores de edad.
Durante una visita a Ceuta, el ministro del Interior, el socialista Fernando Grande-Marlaska, admitió la dimensión del problema y aseguró que las autoridades mantienen los operativos para atender la situación y propiciar el retorno de quienes ingresaron de manera irregular al territorio español.
La presencia de menores representa uno de los principales desafíos para las autoridades, debido a que la legislación española establece la obligación del Estado de proporcionarles protección y asistencia. Aunque los menores ya fueron registrados por las autoridades, continúan en condiciones precarias mientras se define su situación.
Ante la presión de sectores de la población de Ceuta, que recibió al funcionario con abucheos e insultos, Grande-Marlaska afirmó que ninguna persona que pretenda ingresar de manera irregular permanecerá en la ciudad, será trasladada a la Península ni obtendrá la regularización de su situación migratoria.
“Lo único que hacen es jugarse la vida”, sostuvo el funcionario, al defender la política del gobierno español frente a los ingresos irregulares y advertir sobre los riesgos a los que se exponen quienes intentan cruzar la frontera.
La crisis se remonta al pasado 30 de julio, cuando se registró una entrada masiva de migrantes africanos a Ceuta, una de las dos ciudades españolas ubicadas en el norte de África, junto con Melilla.
Las cifras sobre la magnitud de aquel episodio fueron modificándose durante los días posteriores. En un primer momento, el gobierno del presidente Pedro Sánchez informó que habían ingresado alrededor de 5 mil personas; posteriormente, la televisión pública marroquí situó la cifra en 30 mil y, al día siguiente, las autoridades españolas reconocieron que eran al menos 50 mil.
Una semana después, el Ministerio del Interior español elevó nuevamente el cálculo a más de 70 mil personas y posteriormente confirmó que la cifra había superado los 80 mil. De ese universo, más de 90 por ciento habría regresado voluntariamente a Marruecos.
Sin embargo, durante las semanas posteriores persistieron dudas sobre el número de migrantes que permanecían en las calles de Ceuta, muchos de ellos sin acceso regular a alimentos y agua y tratando de evitar los controles policiales y militares desplegados por el gobierno español.
La situación se complicó además por las diferencias entre Madrid y Rabat respecto de la atención y retorno de los menores marroquíes. Previo a la visita del ministro español, el titular de Justicia de Marruecos, Abdellatif Ouahbi, cuestionó la legislación española que busca agilizar la devolución de menores de edad a su país.
El gobierno marroquí incluso analiza la posibilidad de suspender la aplicación del acuerdo de extradición entre ambos países, una decisión que podría dificultar todavía más los procesos de repatriación y profundizar las tensiones diplomáticas.
En paralelo, España y Marruecos mantienen una vigilancia reforzada ante la posibilidad de que se registre una nueva entrada masiva de migrantes por Ceuta y Melilla en los próximos días. Ambos gobiernos han incrementado los dispositivos de seguridad en sus respectivos lados de la frontera con el objetivo de evitar una nueva emergencia humanitaria.
El antecedente inmediato es el episodio ocurrido el 30 de julio, que dejó, según los balances oficiales, 83 personas fallecidas en territorio español y 14 en el lado marroquí. Organizaciones no gubernamentales que trabajan en la zona, entre ellas Caminando Fronteras y la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, sostienen que el número de víctimas podría superar las 160.
La crisis mantiene bajo presión al gobierno de Pedro Sánchez, que enfrenta el reto de contener los flujos migratorios, garantizar la protección de los menores y, al mismo tiempo, preservar la coordinación con Marruecos para evitar que la frontera de Ceuta y Melilla vuelva a convertirse en escenario de una tragedia humanitaria.