Escala diferendo entre México y la ONU por desapariciones forzadas

Ciudad de México, 06 de abril del 2026.- El gobierno de México rechazó el informe final del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas, al que calificó de “tendencioso y falto de rigor jurídico”, lo que profundizó un diferendo que ambas partes mantienen desde hace varios años en torno a la política de seguridad y la atención a las desapariciones en el país.

El documento del comité, difundido la semana pasada, señala que la situación de las desapariciones forzadas en México fue remitida de manera urgente a la Asamblea General de la ONU para que se consideren medidas orientadas a apoyar al Estado mexicano en la prevención, investigación, sanción y erradicación de este delito, lo que provocó la respuesta inmediata del gobierno federal a través de las secretarías de Relaciones Exteriores y Gobernación.

Las diferencias entre ambas partes, sin embargo, no son nuevas. Se remontan a 2019, cuando la administración del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador invitó al comité a realizar una visita in situ a México para revisar la situación de las desapariciones forzadas. En ese momento, el gobierno federal reconoció la existencia de una crisis en la materia y aceptó la magnitud del número de fosas clandestinas y cuerpos localizados, lo que abrió la puerta al escrutinio internacional.

No obstante, las conclusiones preliminares presentadas por el comité en 2022 marcaron el inicio de los desacuerdos. El organismo sostuvo que la delincuencia organizada era el principal responsable de las desapariciones, pero advirtió que existían distintos grados de participación, aquiescencia u omisión de servidores públicos, además de recomendar una política preventiva y el abandono del enfoque de militarización de la seguridad pública.

Estas observaciones fueron rechazadas por el entonces mandatario federal, quien defendió la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y sostuvo que organismos internacionales no podían colocar a México “en el banquillo de los acusados”. El desacuerdo se centró particularmente en el papel de la Guardia Nacional y su incorporación al ámbito militar.

El 12 de abril de 2022, las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores informaron en un comunicado conjunto que el gobierno mexicano recibía de manera respetuosa las recomendaciones del comité y se comprometía a analizarlas e implementarlas de buena fe; sin embargo, al día siguiente el presidente López Obrador rechazó los señalamientos preliminares del organismo y acusó que no se apegaban a la verdad, lo que evidenció la diferencia de posturas.

Desde entonces, la relación entre el gobierno mexicano y el Comité contra la Desaparición Forzada se mantuvo con desacuerdos en torno a la estrategia de seguridad, hasta la publicación del informe final la semana pasada, que volvió a colocar el tema en el centro del debate político y diplomático entre México y el organismo internacional.