Crisis en examen de la UNAM pone bajo la lupa contrato de plataforma tecnológica
- La adjudicación directa de un contrato de hasta 85.7 millones de pesos se sustentó en las capacidades tecnológicas del sistema para prevenir fraudes; las anomalías detectadas en el proceso 2026-2027 colocan bajo la lupa esa decisión.
Ciudad de México, 02 de agosto del 2026.- La decisión de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de contratar mediante adjudicación directa la plataforma tecnológica utilizada para los exámenes de ingreso ha cobrado relevancia tras las irregularidades detectadas en el proceso de admisión a licenciatura 2026-2027, que obligaron a la institución a suspender la asignación de lugares para miles de aspirantes y ordenar una evaluación extraordinaria.
Documentación oficial refiere que el 2 de abril de 2025 la Dirección General de Administración Escolar (DGAE), encabezada por Ivonne Ramírez Wence, solicitó al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios autorizar la excepción al procedimiento de licitación pública para contratar a la empresa Territorium Life S.A.P.I. de C.V., encargada de proporcionar la plataforma para la aplicación de exámenes en línea.
La solicitud, contenida en el oficio SG/DGAE/0371/2025, planteó la contratación del servicio para los procesos de ingreso al nuevo esquema de bachillerato del Espacio de Coordinación de la Educación Media Superior (ECOEMS) y para el concurso de licenciatura del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED).
El contrato contempló un monto mínimo de 34 millones 491 mil 933 pesos y un máximo de 85 millones 767 mil 297 pesos, IVA incluido, para la realización de entre 130 mil 500 y 324 mil 500 evaluaciones, con un costo de 227.85 pesos por aspirante.
La autorización fue emitida apenas cinco días después. El 7 de abril de 2025, el director general de Proveeduría y secretario técnico del Comité de Adquisiciones, Isidro Ávila Martínez, informó que la solicitud había sido aprobada con fundamento en la fracción VIII del punto 4.6 de la Normatividad en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la UNAM, disposición que permite excepciones a la licitación pública para servicios especializados relacionados con información confidencial.
Respaldo técnico
Como parte del expediente, la DGAE sostuvo que la plataforma de Territorium Life contaba con herramientas para identificar comportamientos irregulares, prevenir intentos de fraude y resguardar la integridad de los exámenes mediante mecanismos de monitoreo y control.
Asimismo, argumentó que la empresa disponía de una plataforma protegida por derechos de autor y con experiencia comprobada en procesos de evaluación utilizados por instituciones como el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), además de organismos públicos de Costa Rica y Estados Unidos.
Entre las capacidades descritas destacaban la administración segura de bancos de reactivos, la cadena de custodia para preservar la confidencialidad del contenido de las pruebas, el monitoreo en tiempo real de los exámenes y la generación de reportes especializados para dar seguimiento a incidencias durante la aplicación.
La crisis de 2026
La plataforma fue utilizada posteriormente en el concurso de ingreso a licenciatura para el ciclo escolar 2026-2027, proceso que derivó en una de las mayores controversias recientes de la Universidad.
Especialistas detectaron una distribución inusual de los resultados, con un incremento atípico en el número de aspirantes que obtuvieron calificaciones excepcionalmente altas respecto de los registros históricos.
Ante ese escenario, la Rectoría suspendió la asignación definitiva de lugares para aproximadamente 58 mil aspirantes y determinó aplicar un examen presencial de control, mientras una Comisión Técnica continúa las investigaciones para esclarecer el origen de las anomalías.
Hasta ahora, la comisión ha informado que no existen conclusiones definitivas sobre las causas de las irregularidades.
Bajo escrutinio
El expediente de contratación adquiere ahora una relevancia particular, debido a que los argumentos utilizados para justificar la adjudicación directa resaltaban precisamente la capacidad de la plataforma para detectar anomalías y evitar posibles fraudes.
En consecuencia, el caso ha abierto interrogantes sobre el desempeño real del sistema durante la aplicación del examen, la eficacia de los mecanismos tecnológicos descritos en la contratación y el proceso mediante el cual la UNAM autorizó, en un periodo de cinco días, un contrato cuyo monto máximo superó los 85 millones de pesos.
