Cd. de México, México, 12 de Agosto 2015.- Para el Instituto Nacional Electoral (INE), las violaciones a la ley que cometió el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) no revisten “gravedad” extrema ni afectaron la equidad en la contienda.
Así se desprende del proyecto de resolución que se someterá hoy a discusión del Consejo General del INE, a través del cual la Comisión de Quejas plantea no quitarle el registro al Verde, como lo solicitaron más de 150 mil ciudadanos.
“Las violaciones a la normativa electoral por parte de dicho instituto político si bien son sistemáticas, no revisten una gravedad extrema que conduzca a su desaparición jurídica”, se lee en el documento.
“Toda vez que no existe base razonable ni objetiva para considerar que con ellas se trastocó al orden constitucional en modo y forma tal, que el partido político infractor haya dejado de cumplir con las finalidades que le mandata la Carta Magna”.
Con los votos de las consejeras Adriana Favela y Beatriz Galindo, la Comisión de Quejas rechazó el viernes la petición de quitar el registro al Verde por graves y reiteradas violaciones a la ley electoral.
Se prevé que, por mayoría, el Consejo General acompañe hoy esa decisión, a pesar de que el PVEM suma más de 600 millones de pesos en multas por spots ilegales, promoción indebida en cineminutos y reparto de kits escolares, lentes y tarjetas de descuento, entre otras conductas.
El proyecto señala que las infracciones del PVEM, que suman más de 600 millones de pesos en multas, no socavaron de forma generalizada e irreparable los principios constitucionales o el sistema democrático, ni los derechos y las libertades fundamentales de la ciudadanía.
“Existieron elementos y circunstancias que demuestran que los efectos negativos, vistos integralmente, no afectaron la equidad en la contienda en el marco de los principios que deben regir los procesos electorales”, sostiene.
“Particularmente el de la equidad en la contienda y libertad del sufragio, consistentes en las resoluciones y sentencias recaídas en los respectivos procedimientos en contra del instituto político, así como en la amplia difusión, critica y debate público generado a partir de lo anterior”.
La disolución jurídica del partido, se afirma en el proyecto, no sería una sanción adecuada, necesaria ni proporcional en relación con la gravedad de las conductas, las circunstancias que las rodearon y sus efectos.
Otras consideraciones para rechazar la pérdida del registro son que los ilícitos del Verde no tuvieron la fuerza ni el alcance para derrocar la participación política de la ciudadanía o la paz y el orden público, y que salvo las infracciones cometidas, el partido ha cumplido con sus obligaciones.
“Anular al partido político de la vida democrática a partir de la suma de irregularidades que cometió, no se justifica ni constituye una ineludible e imperiosa razón para armonizar los diferentes derechos fundamentales, bienes y valores constitucionales en juego.
“Porque existieron y se aplicaron otras medidas previstas en el orden jurídico que cumplieron con la finalidad de sancionarlo y de preservar el Estado Democrático de Derecho”, añade el proyecto.
Alega Verde ‘cosa juzgada’
El PVEM alegó ante el INE que la solicitud de pérdida de su registro es improcedente, entre otras cosas, porque aduce actos y hechos que ya fueron sancionados por las autoridades electorales.
En sendas contestaciones remitidas al INE, con motivo de la queja que presentó Sergio Aguayo, Alfredo Figueroa y Denise Dresser, el Verde también argumentó que las acusaciones vertidas en la petición ciudadana no tienen sustento.
El PVEM también alegó que la queja, firmada por más de 140 mil ciudadanos a través de la plataforma digital Change.org, se admitió indebidamente porque existen irregularidades e inconsistencias en las firmas de quienes suscribieron el documento.
“Adujo (el partido) una serie de supuestas irregularidades procesales cometidas durante la sustanciación de los procedimientos, las cuales, en su concepto, atentan contra las reglas que norman el procedimiento ordinario sancionador”, se lee en el proyecto de la Comisión de Quejas que propone “no ha lugar” a la cancelación o pérdida de registro.
Antonio Baranda / Reforma
