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Concentrará Conagua la mayor parte del gasto ambiental previsto para 2027

  • El organismo recibiría casi 40 mil millones de pesos; organizaciones advierten que la distribución de recursos limita la respuesta del país ante el cambio climático

Ciudad de México, 12 de septiembre del 2026.- La política hídrica concentrará la mayor parte de los recursos previstos para el sector ambiental en 2027. De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) dispondría de 39 mil 797 millones 423 mil 959 pesos, alrededor de 80 por ciento del presupuesto propuesto para la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

En total, la dependencia tendría una asignación de 49 mil 508 millones 305 mil 994 pesos para el próximo ejercicio fiscal, de los cuales la mayor proporción se canalizaría a infraestructura y proyectos relacionados con el aprovechamiento, saneamiento y protección de los recursos hídricos.

El programa de trabajo de Conagua contempla continuar con la modernización de infraestructura hidráulica, además de impulsar la tecnificación de los distritos de riego y obras para atender problemas de abastecimiento, saneamiento y protección contra inundaciones.

Entre los proyectos considerados prioritarios se encuentran la restauración y saneamiento de los ríos Atoyac, Lerma-Santiago y Tula, así como la planta desaladora de Playas de Rosarito, Baja California; la presa Tunal II, en Durango, y la presa Mujer Solteca.

También figuran los proyectos “Acapulco Se Transforma Contigo: Agua Potable y Saneamiento”, orientados a mejorar la infraestructura hidráulica de esa región.

Por rubros, la infraestructura hidroagrícola, la tecnificación y las acciones de protección frente a inundaciones contarían con 9 mil 184.7 millones de pesos. En tanto, la gestión integral y sustentable del agua tendría una asignación de 10 mil 68.1 millones de pesos.

No obstante, el programa de infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento enfrentaría una disminución de 19.89 por ciento, con recursos estimados en 13 mil 577.2 millones de pesos.

El proyecto presupuestal también contempla partidas para los distintos organismos que integran el sector ambiental. La Conafor tendría 2 mil 781 millones 404 mil 837 pesos; la Conanp, mil 590 millones 790 mil 225 pesos, y la Profepa, 981 millones 308 mil 335 pesos.

Asimismo, se proponen 409 millones 917 mil 156 pesos para la Asea; 237 millones 223 mil 776 pesos para el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (Imta), y 198 millones 188 mil 803 pesos para el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (Inecc).

Ambientalistas cuestionan distribución

La propuesta generó críticas de organizaciones ambientalistas, que consideraron insuficiente la orientación del gasto para hacer frente a los efectos del cambio climático.

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), Oceana y otras organizaciones señalaron que la distribución prevista en el Anexo Transversal 16 (AT16), destinado a acciones de adaptación y mitigación del cambio climático, concentra cerca de 80 por ciento de los recursos en sólo cinco de los 51 programas presupuestarios que lo integran.

El mayor porcentaje correspondería a infraestructura ferroviaria para transporte de carga y pasajeros, con 33.95 por ciento; seguido de Sembrando Vida, con 25.29 por ciento.

En tercer lugar se ubicaría la infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento, con 8.48 por ciento; posteriormente, la gestión integral y sustentable del agua, con 6.29 por ciento, y la infraestructura económica de hidrocarburos, con 6 por ciento.

Las organizaciones alertaron que esta composición presupuestal podría reducir la capacidad institucional para enfrentar los efectos del cambio climático, particularmente ante el incremento en la intensidad y frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos.

El debate sobre el PPEF 2027 colocará así en el centro de la discusión la orientación del gasto ambiental, entre la prioridad otorgada a la infraestructura hídrica y la exigencia de fortalecer las políticas específicas de adaptación y mitigación frente al cambio climático.

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