CNDH señala fallas graves de autoridades de Jalisco en Rancho Izaguirre
El organismo advierte que omisiones de la Fiscalía Estatal y del IJCF comprometieron la investigación y vulneraron derechos humanos; exige reconocimiento público y actualización de protocolos.
Ciudad de México, 05 de marzo del 2026.- A un año del hallazgo de numerosos objetos personales y prendas en el Rancho Izaguirre, Teuchitlán, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) determinó que la Fiscalía Estatal (FEJ) y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) incurrieron en deficiencias que afectaron la integridad de la investigación, la cadena de custodia de evidencias y los derechos fundamentales de las personas involucradas.
En la Recomendación 11/2026, ya notificada, la CNDH solicitó a ambas instituciones que, en un plazo de seis meses, realicen un acto público de reconocimiento de responsabilidad y ofrezcan una disculpa formal por estas irregularidades.
El organismo identificó que los procedimientos técnicos en el procesamiento de evidencias fueron insuficientes. No se garantizaron la correcta identificación, documentación, embalaje, sellado, etiquetado y traslado de los objetos, y tampoco se aseguró de manera adecuada el sitio del hallazgo, elementos esenciales para la eficacia de la investigación.
Aunque la Fiscalía General de la República asumió el caso en marzo de 2025, la recomendación se enfoca en las autoridades estatales, que permitieron el ingreso de personas al inmueble, alterando el lugar y comprometiendo los indicios recabados.
Además, se documentaron retrasos injustificados en el análisis de muestras biológicas entregadas en septiembre de 2024; su comparación con la base de datos de familiares de personas desaparecidas y su resguardo no se efectuó sino hasta marzo de 2025, afectando el curso de las investigaciones.
Como medidas correctivas, la CNDH solicitó la actualización de protocolos de actuación para garantizar la preservación de los lugares de intervención, el procesamiento técnico de evidencias, la correcta cadena de custodia y la elaboración de periciales confiables. La FGJ deberá colaborar en los procedimientos administrativos internos, mientras que el IJCF apoyará en el seguimiento y consolidación de las carpetas de investigación.
La CNDH concluyó que estas omisiones reflejan deficiencias sistemáticas que vulneraron los derechos humanos, la legalidad y la seguridad jurídica, comprometiendo la justicia para las personas afectadas por los hechos del Rancho Izaguirre.