Casi 90 por ciento de la Constitución ha sido modificada en tres lustros, indica Francisco Burgoa
El juicio de amparo requiere un cambio para que sea más accesible a la ciudadanía, planteó
En los últimos 15 años ha habido una “gran avalancha” de reformas a la Constitución: de 1917 a 2010 se registraron 503 y de 2011 a la fecha (las últimas son del 2 de junio pasado) 370, señaló el profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, Francisco Burgoa Perea.
El dato relevante es que el número de veces que se ha modificado la Carta Magna en los últimos tres lustros es “verdaderamente amplio” comparado con el periodo anterior, precisó.
En la conferencia “15 años de reformas constitucionales: derechos humanos y poder judicial. Panorama histórico y actual”, el experto añadió que solo 17 artículos conservan el texto original, es decir, 12.5 por ciento. Dicho de otra forma, 119 del total de 136 han sido modificados, es decir, 87.5 por ciento de la Constitución.
Durante el encuentro a distancia organizado por el Museo de las Constituciones dijo que la reforma que tiene que ver con el Poder Judicial es fundamental y sigue en análisis, porque tuvo como propósito la elección por voto popular directo de jueces, magistrados y ministros.
Sigue el debate sobre si realmente mejora el sistema de justicia, si en realidad el derecho de acceso a esta avanzará en automático. “Mi opinión es que no”, porque un juez no puede deberse ni a favores políticos ni a popularidad; tiene su compromiso con la Constitución, las garantías fundamentales y las leyes.
Recordó que en 2011 se registraron dos importantes cambios en materia de amparo (6 de junio) y de derechos humanos (10 de junio). No solo fue un cambio semántico, se incorporó en la Constitución el principio pro persona, el control de convencionalidad y el bloque de constitucionalidad.
A partir de entonces, el juicio de amparo protege los derechos humanos reconocidos en la Constitución y también aquellos que provienen de fuente internacional, es decir, de los distintos tratados internacionales, acuerdos y convenciones en la materia firmados por el Estado mexicano. Estas reformas “son indudablemente un antes y un después”, un cambio de paradigma, consideró el jurista universitario.
