Cárceles del Edomex, al límite: 22 mil reos por encima de su capacidad

• Dieciséis de los 21 penales mexiquenses presentan sobrepoblación; en Zumpango el excedente alcanza 590 por ciento y en Chalco llega a 400 por ciento

Ciudad de México, 25 de septiembre del 2026.- El sistema penitenciario del estado de México enfrenta una severa crisis de sobrepoblación: 16 de los 21 centros de reclusión de la entidad operan por encima de su capacidad, en varios casos con niveles considerados extremos o críticos.

De acuerdo con la estadística penitenciaria correspondiente a agosto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, las cárceles mexiquenses tienen infraestructura para albergar a 16 mil 310 personas privadas de la libertad; sin embargo, al cierre de ese mes la población penitenciaria ascendía a 38 mil 681 internos.

La diferencia es de 22 mil 371 personas, lo que representa una sobrepoblación de 137 por ciento respecto de la capacidad instalada.

La dimensión del problema quedó expuesta con mayor fuerza a partir de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ordenó a las autoridades mexiquenses adoptar medidas inmediatas y urgentes para atender las condiciones de hacinamiento en el Centro de Prevención y Reinserción Social Neza-Bordo.

Pero la problemática no se limita a ese penal. El caso más extremo se registra en Zumpango, donde permanecen 829 internos en instalaciones diseñadas para 120 personas, lo que representa un excedente de 590 por ciento.

En Chalco, la población penitenciaria asciende a 3 mil 870 personas, frente a una capacidad de 774, es decir, 3 mil 96 internos por encima del límite y una sobrepoblación de 400 por ciento.

El Oro registra un excedente de 332 por ciento, con 484 personas recluidas en un espacio destinado para 112, mientras Cuautitlán tiene mil 297 internos, pese a contar con capacidad para 408, equivalente a una saturación de 217 por ciento.

La presión también alcanza a los centros penitenciarios de mayor capacidad. En Neza-Bordo hay 6 mil 205 internos, cuando sus instalaciones fueron proyectadas para 2 mil 83, lo que significa 4 mil 122 personas adicionales y una sobrepoblación de 196 por ciento.

En Chiconautla, Ecatepec, se contabilizan 6 mil 271 personas privadas de la libertad, frente a una capacidad de 2 mil 136. El excedente asciende a 4 mil 135 internos, equivalente a 193 por ciento.

Barrientos, en Tlalnepantla, registra 5 mil 916 internos en instalaciones con capacidad para mil 539, una sobrepoblación de 285 por ciento. En Santiaguito, Almoloya de Juárez, hay 5 mil 274 personas recluidas, cuando el centro fue diseñado para 2 mil 310, lo que representa un excedente de 128 por ciento.

La saturación alcanza también a penales de menor tamaño. Jilotepec registra un exceso de 246 por ciento; Ixtlahuaca, 117; Texcoco, 87; Lerma, 75; Valle de Bravo, 44; Sultepec, 30; Tenancingo, 6, y Tenango del Valle, uno por ciento.

Sólo cinco centros penitenciarios se mantienen por debajo de su capacidad: el penal de alta seguridad de Tepachico, en Otumba; Neza Norte; Neza Sur, y la Penitenciaría Modelo.

Derechos humanos, otra alerta

La sobrepoblación penitenciaria no es un problema reciente. En 2018, tanto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) como la Comisión de Derechos Humanos del estado de México (Codhem) emitieron recomendaciones generales a las autoridades por las condiciones de hacinamiento, sobrepoblación y afectaciones al derecho a una vida digna en los centros penitenciarios estatales.

A ello se suman los resultados del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la CNDH, en el que el sistema mexiquense ha registrado de manera recurrente calificaciones de entre 5 y 5.5, asociadas con problemas como hacinamiento, dificultades para separar a personas procesadas de aquellas que ya fueron sentenciadas, condiciones de insalubridad, deficiencias en los servicios médicos y falta de personal de custodia.

El diagnóstico también ha señalado la existencia de actividades ilícitas y cobros ilegales dentro de los centros penitenciarios.

Ante este escenario, en junio pasado el secretario de Seguridad del estado, Cristóbal Castañeda Camarillo, sostuvo una reunión con los directores de los 21 penales de la entidad para establecer mecanismos destinados a enfrentar el hacinamiento.

Entre las medidas planteadas se encuentra un proceso de ampliación de los centros penitenciarios y el fortalecimiento de los mecanismos de supervisión.

Para el segundo semestre de 2026 se estableció la puesta en marcha de un nuevo esquema de seguimiento que contempla inspecciones técnicas en los penales, elaboración de dictámenes y distribución de reportes entre las distintas áreas de seguridad y operación.

También se presentó una plataforma de consulta y seguimiento que permitirá conocer en tiempo real las evaluaciones generales y por área de cada centro penitenciario, con información destinada a respaldar la toma de decisiones y el monitoreo desde el C5 mediante herramientas de inteligencia penitenciaria.

El reto para las autoridades mexiquenses es reducir una saturación que, además de comprometer la capacidad física de los penales, ha generado durante años cuestionamientos en materia de reinserción social y derechos humanos.