Ayotzinapa abre nuevo frente judicial contra el ex gobernador Ángel Aguirre
- La Fiscalía sostiene que la desaparición de videograbaciones del ataque contra los normalistas respondió a una instrucción emitida desde el gobierno de Guerrero; las indagatorias se fortalecieron con testimonios protegidos.
Ciudad de México, 07 de agosto del 2026.- A casi 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, la Fiscalía General de la República (FGR) dio un nuevo giro a las investigaciones al ejecutar una orden de aprehensión contra el ex gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, a quien señala de haber ordenado el ocultamiento y destrucción de pruebas clave para esclarecer el caso.
La titular de la FGR, Ernestina Godoy Ramos, afirmó que las indagatorias permitieron acreditar que la desaparición de las videograbaciones captadas por las cámaras de vigilancia instaladas en el Palacio de Justicia de Iguala fue resultado de una decisión deliberada tomada desde la estructura de mando del gobierno estatal.
En un mensaje público, la fiscal sostuvo que el ocultamiento del material videográfico «no obedeció a una falla técnica ni a una omisión administrativa», sino a una operación diseñada para impedir que las imágenes del ataque contra los estudiantes formaran parte de las investigaciones oficiales.
Las cámaras de seguridad registraron el momento en que el autobús Estrella de Oro 1531, en el que viajaban alumnos de la Escuela Normal Rural «Raúl Isidro Burgos», fue interceptado por policías municipales y estatales durante la noche del 26 de septiembre de 2014. Horas después se reportó la desaparición de varios de los jóvenes.
De acuerdo con expedientes integrados por la entonces Procuraduría General de la República (PGR), en esa unidad viajaban 20 normalistas que, tras ser obligados a descender por elementos de las corporaciones de Iguala y Cocula, presuntamente fueron entregados a integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos.
La fiscal explicó que las primeras versiones oficiales atribuyeron la inexistencia de los videos a supuestas fallas en el sistema de vigilancia; sin embargo, las investigaciones posteriores descartaron esa versión y establecieron que las grabaciones sí existieron.
Como parte de las nuevas líneas de investigación, un colaborador confirmó en enero de este año la existencia del material audiovisual e identificó a la persona que lo retiró para entregarlo directamente al entonces mandatario estatal. Posteriormente, un segundo testigo protegido declaró que Aguirre Rivero instruyó a funcionarios de primer nivel de su administración eliminar cualquier evidencia relacionada con los hechos ocurridos en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Iguala.
Según la FGR, estos testimonios, junto con otros elementos de prueba, permitieron establecer la presunta responsabilidad del ex gobernador en los delitos de desaparición forzada de personas y contra la administración de justicia, por lo que la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa obtuvo la orden judicial para su captura.
Aguirre Rivero, quien gobernó Guerrero entre abril de 2011 y octubre de 2014, fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) sobre la autopista México-Querétaro, a la altura de la caseta de Tepotzotlán, Estado de México. Más tarde fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, Altiplano, en Almoloya de Juárez, donde quedó a disposición del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal.
La investigación por el presunto encubrimiento también mantiene bajo proceso a Lambertina Galeana Marín, ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, detenida en mayo de 2025. Aunque inicialmente permaneció en prisión preventiva, desde abril pasado enfrenta el proceso en prisión domiciliaria por determinación judicial derivada de su estado de salud y edad.