Avalan en San Lázaro reformas sobre responsabilidad secundaria a proveedores de internet para blindar derechos de autor

Con el voto a favor del bloque mayoritario de Morena, PT y Partido Verde, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley Federal de Derechos de Autor en materia de responsabilidad secundaria para proveedores de internet. La iniciativa, enviada por el Ejecutivo federal, busca armonizar la legislación nacional con estándares internacionales como el T-MEC, blindando las creaciones y la creatividad de los autores frente al plagio y la piratería digital.

El nuevo marco normativo obliga a las plataformas de internet y proveedores de servicios a implementar políticas internas, tales como sistemas de aviso a suscriptores que incurran en violaciones de derechos de autor. Asimismo, se les faculta para retirar contenidos y cancelar el servicio, exclusivamente en casos de reincidencia. El dictamen establece que aquellas empresas proveedoras que omitan suspender las cuentas de usuarios infractores se harán acreedoras a multas de hasta 4.6 millones de pesos, las cuales serán impuestas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Durante el debate, la oposición votó en contra al advertir riesgos de censura y señalar que los proveedores se convertirán en jueces privados, afectando la libertad de expresión y el acceso a la red. En respuesta, los legisladores promoventes defendieron que la ley protege el patrimonio intelectual sin imponer mordazas ni censurar a los usuarios.

A partir de esta reforma, las compañías de internet tendrán la obligación de vigilar y advertir a quienes roben contenido o pirateen material en la red. Si un usuario reincide en la piratería, las plataformas podrán suspenderle el servicio e incluso la empresa proveedora podría recibir multas millonarias por parte del IMPI si se hace de la vista gorda. Mientras el gobierno asegura que se trata de frenar el plagio y proteger a los creadores, los críticos advierten que pone en riesgo la libertad de expresión al convertir a las empresas tecnológicas en jueces de lo que se publica en internet.