- A un año del inicio de su nueva administración, el gobierno republicano enfrenta críticas internas por el alcance y los métodos de control migratorio
Washington, 20 de enero del 2026.- A un año del retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, su administración ha consolidado una política migratoria restrictiva basada en el cierre de la frontera con México, la eliminación práctica del asilo y el despliegue ampliado de operativos de detención en el interior de Estados Unidos. Las medidas, presentadas por el gobierno como un esfuerzo para fortalecer la seguridad nacional, han generado un amplio debate interno y cuestionamientos por parte de organismos de derechos humanos.
De acuerdo con cifras oficiales citadas por The New York Times, durante el primer año del nuevo mandato se registraron aproximadamente 270 mil deportaciones en la frontera sur y cerca de 230 mil detenciones dentro del país. A ello se suman unas 40 mil personas que optaron por programas de salida voluntaria impulsados por el propio gobierno. En conjunto, 43 por ciento de los migrantes fueron retornados a México, mientras que casi la mitad fue enviada a países de Centroamérica y Sudamérica.
Pese a la narrativa oficial que prioriza la deportación de personas con antecedentes criminales, análisis del Migration Policy Institute indican que entre dos terceras partes y tres cuartas partes de los detenidos carecen de historial penal. Paralelamente, el promedio diario de personas recluidas en centros de detención migratoria se incrementó a 66 mil, frente a las 40 mil registradas antes del inicio de la actual administración.
Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han advertido que el modelo de control migratorio adoptado combina discrecionalidad, rapidez operativa y un uso intensivo de la detención, lo que podría sentar precedentes para prácticas de seguridad interna más amplias. También han documentado el crecimiento del sistema de detención privado y el deterioro de las condiciones de reclusión, así como un aumento en los fallecimientos bajo custodia migratoria durante 2025.
El impacto social de estas políticas se ha reflejado en comunidades migrantes y en el entorno escolar, donde se reportan ausencias prolongadas y deserción de menores ante el temor de operativos de las autoridades migratorias. Defensores de derechos humanos han señalado que el clima de incertidumbre afecta de manera particular a niños y adolescentes.
Aunque la Casa Blanca sostiene que hasta 1.9 millones de personas han optado por la “autodeportación”, especialistas cuestionan la metodología de esa estimación y señalan que el fenómeno responde, en buena medida, a un entorno de presión y temor generalizado.
En el plano político, encuestas internas citadas por analistas reflejan una disminución en el respaldo ciudadano a la estrategia antimigrante, incluso entre votantes independientes. Este desgaste coincide con un incremento de las movilizaciones de protesta y con llamados a revisar el papel del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Si bien tribunales federales han emitido resoluciones contra algunos aspectos de la política migratoria —incluido el uso de fuerzas militares en tareas de control—, la continuidad de estos fallos dependerá de instancias superiores del Poder Judicial.
Con apenas un año transcurrido, la política migratoria se perfila ya como uno de los ejes más controvertidos del nuevo mandato presidencial y como un factor clave en el debate sobre el rumbo democrático y social de Estados Unidos.
