Ciudad de México, 19 de septiembre de 2025.-Diversas organizaciones civiles informaron que México debió entregar ayer 18 de septiembre, al Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU (CED), el informe solicitado sobre desapariciones generalizadas y sistemáticas en el país, en el marco del inicio del procedimiento del Artículo 34 de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas, un mecanismo que puede escalar el tema hasta la Asamblea General de Naciones Unidas.
Detallaron que 61 colectivos de familiares, 66 organizaciones civiles, 129 familiares y 50 personas solidarias enviaron un informe paralelo al CED en el que aportan evidencia de desapariciones sistemáticas y generalizadas en el país.
Dicho documento propone la creación de un mecanismo internacional de esclarecimiento.
Entre las acciones de apoyo que tendrá éste están: determinar las causas de las desapariciones; establecer un programa nacional de prevención; procesar a los responsables y garantizar justicia.
También, identificar los cuerpos y fragmentos óseos acumulados y garantizar el regreso digno de las personas desaparecidas a sus familias.
Además, se detalló que «la aplicación del Artículo 34 no debe ser vista como un juicio o ataque al gobierno, sino como una oportunidad extraordinaria para proteger a todas las personas contra las desapariciones forzadas”.
Por otro lado, el CED advirtió que desde 2015 que en México existe una situación generalizada de desapariciones y que la impunidad es casi absoluta. Se indicó que, hasta septiembre de 2025, el Comité había emitido 773 acciones urgentes, la mayor cantidad para cualquier Estado parte, según las organizaciones.
Otros datos que se dieron a conocer fueron que, entre 2017 y enero de 2025, solo se han dictado 373 condenas por desaparición forzada o cometida por particulares. Además, las desapariciones no cesan: en 2024 se registraban en promedio 26 casos diarios, y en el primer semestre de 2025 la cifra aumentó a más de 45 personas desaparecidas por día.
Artículo 19, la Red TDT, Fundación para la Justicia, Tlachinollan, y las demás firmantes del documento expresaron que esperan a que la Secretaría de Gobernación, la Cancillería y la Consejería Jurídica de la Presidencia respondan al CED con una propuesta que aborde las causas estructurales de la desaparición, con mecanismos transparentes de medición, rendición de cuentas y garantía de verdad, justicia y reparación para las víctimas.
Con información de: Economista
