Ciudad de México, 04 de septiembre de 2025.- Tras la renuncia de Sara Irene Herrerías Guerra, quien asumió como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, diversas organizaciones civiles solicitaron a Alejandro Gertz Manero, fiscal General de la República (FGR), un proceso público y transparente para la designación de su sucesor o sucesora en la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos.
La carta, firmada por organizaciones como TÉ BUSCO, Abogadas con glitter, Artículo 19, Impunidad Cero, Fundar, y la Fundación para la Justicia, argumentó que la designación debe basarse en una convocatoria pública y abierta, con un escrutinio social y una metodología previamente definida.
Además, las organizaciones recordaron que esta fiscalía es clave en la investigación de violaciones graves a los derechos humanos —como desapariciones forzadas, tortura, ataques contra periodistas, defensores y personas migrantes—, por lo que el nombramiento requiere de criterios de idoneidad y escrutinio social.
Señalaron que la Ley de la Fiscalía General de la República permite la participación ciudadana en este proceso, aportando información relevante para el nombramiento. Esto debido a que el artículo 19 de la Ley de la FGR faculta a la ciudadanía a aportar información relevante en los procesos de designación, lo que obliga a establecer un procedimiento formal con convocatorias abiertas, metodologías claras y entrevistas públicas que garanticen que la persona seleccionada sea la más apta para enfrentar la crisis de impunidad que vive el país.
“Quien dirija esta fiscalía especializada debe tener sensibilidad especial ante la necesidad de mantener un diálogo constante con las víctimas y la sociedad civil”, recalcaron.
Por otro lado, detallaron que en desapariciones forzadas, entre 2006 y 2022 se abrieron 1,455 investigaciones a nivel federal, pero únicamente se obtuvieron 22 sentencias condenatorias. Sobre desaparición cometida por particulares, de 959 investigaciones no hubo ninguna sentencia, con una impunidad del 99.1%, de acuerdo con Impunidad Cero.
Las ONG plantearon, entre las condiciones, pruebas técnicas para medir conocimientos en macrocriminalidad, derechos humanos, perspectiva de género y ciencias forenses; entrevistas públicas con posibilidad de participación ciudadana, decisión motivada por escrito basada en los resultados del procedimiento, entre otras.
Con información de: Economista
