Ciudad de México, 01 de septiembre de 2025.- Tras el fin de la era de tres décadas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que funcionó bajo la reforma judicial del expresidente Ernesto Zedillo, a siete de los ocho ministros que renunciaron a participar en la elección judicial se les destinarán 27 millones 926 mil 655 pesos anuales, como parte del haber de retiro o pensión vitalicia que establecía la Constitución, previo a la reforma judicial, y que la reforma del año pasado respetó para los togados que decidieran no participar en la elección judicial.
Si bien la reciente enmienda constitucional elimina dicha prestación para los ministros entrantes, establece que las y los togados que presentaran su renuncia y declinaran participar en la elección por voto popular de junio pasado “recibirían un haber de retiro calculado con base en su salario de 2024”.
- El Dato: Al pago de estos siete ministros, se suman 31 ministros en retiro, además de 23 familiares que cobran 50 por ciento de la pensión de quienes han fallecido.
Los ministros Norma Piña Hernández, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek y Juan Luis González Alcántara Carrancá presentaron su renuncia en los tiempos establecidos, con efectos al 31 de agosto del 2025, con lo que recibirán pensión vitalicia.
Por su parte, el ministro Luis María Aguilar Morales, quien concluyó su periodo en la Corte en noviembre pasado tras 15 años como ministro, también declinó participar en la elección. En el caso de la ministra Margarita Ríos Farjat, quien presentó su renuncia en tiempo y forma, renunció al haber de retiro, al externar que optó por no aceptarlo, con el fin de “mantener su espacio de dignidad y libertad personal”.
Las remuneraciones económicas y prestaciones a las que tienen derecho como parte del haber de retiro están integradas por sueldo base, aguinaldo, seguro de vida, seguro de gastos médicos mayores, pago por riesgo, prima vacacional, tres servidores públicos encomendados a cada ministro en retiro, reembolso por compra de medicamentos y opción de compra de los vehículos que tenían asignados durante su desempeño en la Corte.
Cabe señalar que el haber de retiro que recibirán será del 100 por ciento durante los primeros dos años inmediatos a la fecha del retiro. Posteriormente, se reducirá al 80 por ciento.
En el 2024, cada ministro tuvo un sueldo de 297 mil 403 pesos; más los conceptos que integran el haber de retiro, suman un total de 389 mil 265 pesos al mes. Sin embargo, la reforma judicial establece que “recibirán un haber de retiro calculado con base en su salario de 2024” y no con el de 2025, al que se recortaron prestaciones significativas, como el pago de riesgo.
Asimismo, se establece que cada ministro recibirá al mes un porcentaje equivalente al tiempo que duró en el cargo.
Es decir, el ministro Jorge Mario Pardo recibirá 371 mil 614 pesos netos al mes (96 por ciento); Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Alberto Pérez Dayán, 346 mil 667 pesos (85 por ciento); Javier Laynez y la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, 304 mil 937 pesos (64.83 por ciento); Juan Luis González Alcántara Carrancá recibirá 263 mil 132 pesos (44.65 por ciento).
En contraste, para quienes aún se encuentran en vilo el pago extraordinario que establece la reforma judicial es para los jueces y magistrados que declinaron participar en la elección judicial. Esto, a pesar de que la enmienda constitucional avalada el año pasado establece, en su artículo décimo transitorio, que los magistrados y jueces federales que concluyan su encargo serán acreedores al pago de un importe equivalente a tres meses de salario integrado y de 20 días de salario por cada año de servicio prestado.
Asimismo, establece que ese pago, así como “las demás prestaciones a que tengan derecho”, serán cubiertas con recursos federales que resulten de la extinción de fondos, fideicomisos, mandatos o contratos análogos del Poder Judicial de la Federación.
En abril pasado, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) denunció que Nacional Financiera (Nafin) transfirió a la Tesorería de la Federación (Tesofe), sin previa consulta o consentimiento, “la totalidad de los recursos de los fideicomisos que este le había encomendado para su administración”, y que ascienden a 10 mil millones de pesos.
Dichos recursos serían utilizados para cumplir con los pagos extraordinarios de los 820 juzgadores que declinaron participar en la elección judicial del 1 de junio pasado, de los que 333 son jueces y 487 magistrados.
Pese a que hace meses comenzaron las renuncias anticipadas de juzgadores, ninguno ha recibido aún lo correspondiente.“Tenemos muchísimos compañeros y compañeras que se han retirado de manera anticipada habiendo declinado; es decir, ya estar en el supuesto de pago, y no se les ha realizado, precisamente porque el Consejo (CJF) no tiene estos recursos, porque estaban en el fideicomiso y no han entregado al Consejo el dinero”, señaló la magistrada María Emilia Molina, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras.
Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, fustigó que no cumplan las reglas que se establecieron en la reforma judicial. “No están dispuestos a cumplir las reglas que ellos mismos aprobaron. Eso ya es inconstitucional. Ellos decidieron esas reglas, pues que ellos las cumplan”, externó.
El CJF presentó una demanda mercantil contra Nafin para exigir la devolución de los recursos que se encontraban en tres fideicomisos. El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo admitió la demanda a trámite el pasado 1 de agosto, y tanto Nafin como la Tesofe ya fueron emplazadas a juicio; esta última sólo en calidad de tercera interesada. Sin embargo, el tema quedará en manos de la nueva integración de la Corte, mientras que el CJF se extinguirá y será reemplazado por el Órgano de Administración Judicial.
Con información de: La Razón
