Monreal Ávila impulsa iniciativa para que el acceso a las playas y zona federal marítimo-terrestre sea libre y gratuito
Ciudad de México, 27 de agosto de 2025.- Plantea reformar las leyes generales de Bienes Nacionales y del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
El diputado Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política, impulsa una iniciativa para que el acceso a las playas marítimas y zona federal marítimo-terrestre contigua a las mismas sea libre, gratuito y permanente para todas las personas sin distinción de origen, nacionalidad o condición social.
La propuesta, que adiciona un artículo 8 Bis, reforma el 127 de la Ley General de Bienes Nacionales y modifica el 56 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, establece que las autoridades federales, estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán el acceso desde las vías públicas a las playas marítimas y zona federal marítimo-terrestre contigua a las mismas, el cual deberá ser seguro, señalizado y con servicios básicos.
El documento, publicado este miércoles en la Gaceta Parlamentaria de la Comisión Permanente, añade que queda prohibida la imposición de cobros, cuotas o condiciones restrictivas para el ingreso a las playas marítimas y zona federal marítimo-terrestre contigua a las mismas, salvo por disposición expresa para la prevención y protección ambiental, seguridad pública o interés nacional.
Señala que las concesiones o permisos en zonas federales marítimo-terrestres deberán contemplar el acceso público a las playas marítimas. El incumplimiento a dicha condición será causa de revocación.
Además, plantea que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales garantizará al público en general el acceso gratuito a las áreas naturales protegidas de su competencia al menos un día a la semana, preferentemente los domingos o días festivos.
En los considerandos, Ricardo Monreal expone que el objetivo es que el principio de acceso universal a los bienes nacionales se convierta en una realidad tangible, que las medidas de conservación ambiental no se transformen en barreras excluyentes, y que el disfrute del patrimonio natural del país no sea un privilegio sujeto a pago sino un derecho accesible para todas y todos.
Se trata de equilibrar el interés ecológico con el mandato constitucional de acceso libre a las playas mexicanas, agrega.
Menciona que actualmente, en diversas regiones del país, particularmente en los estados con litoral que cuentan con Áreas Naturales Protegidas, el acceso libre a las playas ha sido restringido mediante esquemas de cobro o bloqueos físicos que incluyen barreras para impedir el paso o inmuebles privados que abarcan la totalidad del acceso a las playas.
Esta situación –subraya– contradice abiertamente lo dispuesto en el artículo 4 de la Constitución Política que reconoce el derecho de todas las personas a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, así como el artículo 27 constitucional que establece el carácter nacional de las playas y su uso libre.
Advierte que la imposición de cuotas a personas locales, turistas nacionales y visitantes extranjeros para ingresar a estos espacios genera un efecto excluyente que se profundiza en contextos de desigualdad económica. Las barreras económicas impuestas por instituciones públicas o concesionarios en la Zona Federal Marítimo- Terrestre, que constitucionalmente debe ser de libre tránsito, han derivado en un creciente descontento social.
Refiere que numerosas comunidades costeras han reportado una disminución de la afluencia turística, afectando directamente sus economías locales que dependen del turismo regional como sustento económico y como medio de difusión cultural.
Uno de los casos más representativos de esta problemática se presenta en el municipio de Tulum, en Quintana Roo, donde múltiples accesos a playas ubicadas dentro de Áreas Naturales Protegidas han sido restringidos bajo el pretexto de conservación natural, pero que en realidad solo se implementa para beneficiar a intereses particulares, subraya.
Añade que esta situación ha provocado reclamos ciudadanos, litigios legales y una creciente tensión social al marginar a sectores de la población con menor capacidad económica, incluyendo a los propios habitantes de las comunidades cercanas.
El diputado Ricardo Monreal destaca en su iniciativa que el cobro por acceder a un espacio que, por su naturaleza constitucional pertenece a la nación y cuyo uso es libre para todos, representa una forma de privatización indirecta del patrimonio natural.
En este contexto, puntualiza que es urgente una reestructuración normativa que reafirme el principio de acceso libre y gratuito a las playas, incluso aquellas que se encuentren dentro de Áreas Naturales Protegidas, sin menoscabar los esfuerzos por su conservación. El equilibrio es posible mediante un rediseño institucional que separe claramente el financiamiento para protección ambiental de los derechos de acceso público.
Con información de: Cámara de Diputados