Ciudad de México, 27 de agosto de 2025.- La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, afirmó que durante los últimos dos años y medio el Poder Judicial de la Federación (PJF) trabajó en medio de condiciones de “adversidad sin precedentes”, marcado por el asedio, la desinformación y las agresiones.
“Durante los últimos dos años y medio, la Judicatura siguió trabajando sin descanso, en un marco de condiciones de adversidad sin precedentes; bajo el asedio, a pesar de las calumnias, a la desinformación y a la agresión, sostuvimos con firmeza los pilares de la Constitución. No respondimos con estridencias, respondimos con sentencias. No apelamos nunca a la confrontación, apelamos a la razón, al diálogo y al derecho, que es la manera que las sociedades han desarrollado para resolver sus problemas y diferencias, con justicia, respeto y objetividad”, sostuvo Piña Hernández durante su discurso con motivo del “Informe de gestión 2023-2025”.
Durante su último acto protocolario, la ministra presidenta reconoció el trabajo de magistradas, ministros, jueces y equipos técnicos que, a través de deliberación y estudio, emitieron sentencias que fortalecieron los derechos humanos y el equilibrio entre poderes.
“Mi mayor reconocimiento y gratitud”, expresó.
Además insistió en que la impartición de justicia debe atenderse con sensibilidad social y cercanía a la ciudadanía, sin sacrificar el rigor jurídico.
“Escuchar, comprender contextos, remover barreras de acceso y reparar vulneraciones exige empatía, cercanía y humanidad”, señaló, aunque aclaró que esa sensibilidad “no es incompatible con la exigencia técnica ni con lo que la Constitución mandata”, dijo.
Resultados de su gestión
Según lo explicado por Piña Hernández, pese a un recorte presupuestal de 714.4 millones de pesos —el más alto en 15 años—, la SCJN mantuvo una ejecución eficiente de los recursos, con un promedio de 98% de efectividad en el gasto, cumpliendo con austeridad y sin afectar funciones sustantivas.
Aseguró que los ahorros generados fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación.
“La Auditoría Superior confirmó que no hay observaciones pendientes, lo que demuestra que el gasto se ejerció con disciplina y en estricto cumplimiento de la ley”, destacó.
Por otro lado, mencionó que el máximo tribunal del país cumplió con 92.3% de los objetivos del Plan Cuatrienal Estratégico 2023-2026, pese a la conclusión anticipada de la administración derivada de la reforma judicial de 2024.
También que, por primera vez en la historia del tribunal, el 75% de los ascensos de rango se otorgaron con base en evaluaciones objetivas de desempeño.
Segunda Sala
Por su parte, el ministro Javier Laynez Potisek compareció por última vez ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para rendir el informe de labores de la Segunda Sala, la cual encabezó desde enero de este año, y detalló que inició el periodo con 200 asuntos y recibió 567 adicionales, sumando un total de 767 casos.
De estos, se resolvieron 720, lo que representa el 93.87% del total. Al cierre, quedaron 47 pendientes, de los cuales cinco corresponden al ministro Alberto Pérez Dayán, cuatro al propio Laynez, dos a la ministra Yasmín Esquivel y 36 a la ministra Lenia Batres.
Laynez Potisek explicó que la Sala enfrentó el reto de trabajar con sólo cuatro integrantes, tras la conclusión del encargo del ministro Luis María Aguilar Morales. A pesar de ello, dijo, “logramos los resultados esperados”.
En el periodo también se emitieron 61 tesis de jurisprudencia y seis tesis aisladas, consolidando criterios que fortalecen la certeza jurídica.
“Hemos enfrentado con responsabilidad el reto, asumiendo las complejidades derivadas del propio sistema jurídico y de la cada vez más cambiante realidad social, inmersa en un México de matices, de culturas y de tradiciones”, expresó.
Con información de: Economista
