Ciudad de México, 12 de agosto de 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer un despliegue de 800 soldados de la Guardia Nacional en Washington D. C. y la asunción temporal del control del Departamento de Policía Metropolitana, medida que calificó como necesaria para “rescatar” a la capital de una supuesta ola de violencia. Comparó la tasa de homicidios de la capital con la de Bogotá y Ciudad de México, afirmaciones que expertos en seguridad interpretan como políticamente orientadas más que basadas en un análisis objetivo.
El mandatario invocó una sección de la Ley de Autonomía del Distrito de Columbia que le permite federalizar la fuerza durante 30 días sin autorización previa del Congreso, al declarar una “emergencia de seguridad pública”.
- El Dato: El Ejército de EU afirmó que la Guardia Nacional desempeñará diversas tareas, como administrativas, logísticas y presencia física en apoyo a las fuerzas del orden.
La decisión, que deja al margen a la alcaldesa Muriel Bowser y al liderazgo electo local, fue presentada por el magnate como un acto de firmeza ante lo que describió como “bandas violentas y criminales sedientos de sangre”. Sin embargo, las cifras oficiales contradicen este diagnóstico: los delitos violentos disminuyeron un 35% en 2024 y un 26% adicional en los primeros siete meses de 2025, que alcanzó los niveles más bajos en tres décadas.
El movimiento presidencial no es aislado. Apenas en junio pasado, Trump ordenó el despliegue de la Guardia Nacional y Marines en Los Ángeles sin la aprobación del gobernador de California, Gavin Newsom, lo que derivó en un juicio federal aún en curso. En ambas ocasiones, la medida ha generado críticas sobre su legalidad y motivaciones políticas.
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Supervisión federal. Según el secretario de Defensa, Pete Hegseth, entre 100 y 200 guardias estarán presentes en las calles de manera simultánea, con funciones administrativas, logísticas y de apoyo a las fuerzas locales. En tanto, la fiscal general Pam Bondi asumirá la supervisión de la policía capitalina, mientras que elementos de agencias como el FBI, ATF, DEA, ICE y el Servicio de Alguaciles Federales ya patrullan sectores estratégicos.
Además de la Guardia, unos 500 oficiales federales han sido desplegados para reforzar la seguridad, en un operativo que Donald Trump comparó con los despliegues en la frontera con México. La intervención no tiene un cronograma de finalización claro: permanecerá vigente hasta que el presidente considere restaurado el “orden y la ley”.
Por su parte, Bowser, aunque señaló que su administración cooperará, rechazó la caracterización de una ciudad sumida en el caos y defendió la labor policial local. El fiscal general de la ciudad, Brian Schwalb, consideró “ilegales” las acciones de Trump y anunció que estudia todas las opciones legales para impugnarlas.
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Asimismo, el presidente sugirió que Chicago podría ser la próxima en recibir un despliegue similar. “Ojalá Los Ángeles esté observando”, advirtió, reforzando un discurso de ley y orden que, durante sus campañas, ha apuntado reiteradamente a urbes con gran población afroamericana.
A su vez, Eleanor Holmes Norton, delegada de D. C. en la Cámara de Representantes, calificó la intervención como “un ataque histórico al gobierno local” y un argumento más para impulsar la estadidad de la capital. En tanto, Ken Martin, presidente del Comité Nacional Demócrata, acusó a Trump de manipular la seguridad pública con fines políticos, mientras que el activista Al Sharpton sugirió que la medida busca distraer de cuestionamientos sobre el manejo de los archivos de Jeffrey Epstein.
El magnate, por su parte, incluyó entre sus prioridades el desalojo de campamentos de personas sin hogar en parques federales, sin detallar planes de reubicación. Aunque la ley le otorga control sobre estas áreas, los defensores de este sector recordaron que no puede obligar a nadie a abandonar la ciudad por falta de refugio.
En su discurso, Trump afirmó que permitiría a la policía “hacer lo que le dé la gana” frente a las provocaciones, llegando a decir: “Tú escupes, nosotros golpeamos, y ellos reciben un golpe muy fuerte”. Estas declaraciones han sido vistas como un aval a la violencia policial.
CIFRAS CONTRASTAN. En 2023, Washington registró más homicidios que en cualquier año desde 1997, ubicándose entre las ciudades con mayores tasas del país. No obstante, la tendencia cambió: el año pasado la cifra cayó a 187 homicidios y las proyecciones de 2025 apuntan a una nueva reducción. Los datos reflejan una mejora sostenida, en línea con la disminución general de la violencia .
El Artículo 740 de la Ley de Autonomía obliga a la alcaldesa a poner a disposición del presidente servicios policiales que considere necesarios bajo circunstancias especiales. Sin embargo, la ley limita a 30 días el control federal sin la aprobación del Congreso para extenderlo.
Con información de: La Razón
