Por 88 votos a favor y 7 en contra, el pleno del Senado aprobó la Ley Reglamentaria del Artículo 29 de la Constitución que establece las condiciones en las que el Estado pueda decretar la suspensión o restricción de garantías.
De acuerdo con el dictamen, para suspender o restringir garantías, en todo el País o en una región determinada, se debe justificar la existencia de una “amenaza excepcional a la paz pública”.
La reforma fue turnada a la Cámara de Diputados para su análisis.
