Ángel Aguirre, en prisión preventiva por el caso Ayotzinapa
- La FGR lo acusa de desaparición forzada y obstrucción de la justicia; juez del Altiplano rechaza solicitud de arraigo domiciliario
Ciudad de México, 08 de agosto del 2026.- El ex gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, quedó sujeto a prisión preventiva oficiosa por determinación de un juez de control del Centro de Justicia Federal del penal de máxima seguridad del Altiplano, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) formalizara en su contra la acusación por desaparición forzada y obstrucción de la justicia en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
La resolución se produjo después de una audiencia de más de seis horas, realizada en las instalaciones del Poder Judicial Federal ubicadas junto al Centro Federal de Readaptación Social número 1, en Almoloya de Juárez, Estado de México.
La defensa del ex mandatario guerrerense intentó que la medida cautelar se cumpliera en su domicilio, al argumentar su edad y condición de salud. El juez, sin embargo, concluyó que no se acreditaban las circunstancias previstas por la legislación para conceder esa excepción.
Aguirre Rivero acudió a la audiencia en silla de ruedas. De acuerdo con su defensa, después de su detención presentó complicaciones de salud y durante la noche manifestó malestares en el centro penitenciario, por lo que recibió atención médica antes de comparecer ante el juzgador.
Durante la diligencia, la FGR expuso los elementos con los que pretende acreditar la responsabilidad del ex gobernador en el presunto ocultamiento y destrucción de evidencias vinculadas con los hechos ocurridos entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.
La acusación sostiene que, después de la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, fueron realizadas acciones para impedir el acceso a información relevante para esclarecer lo ocurrido, entre ellas la eliminación de registros obtenidos por cámaras de vigilancia instaladas en el exterior del Palacio de Justicia de Iguala.
Entre los principales elementos presentados por la Fiscalía figuran los testimonios de dos funcionarias del Poder Judicial de Guerrero, identificadas como Blanca “N”, ex visitadora general del Tribunal Superior de Justicia estatal, y Lambertina “N”, actual presidenta del Poder Judicial de Guerrero.
Según uno de los testimonios, el 29 de septiembre de 2014 fue entregado a Aguirre Rivero un disco con grabaciones de las cámaras de seguridad. Un día después, de acuerdo con la declaración, el entonces gobernador habría convocado a colaboradores cercanos, entre ellos el procurador de Justicia estatal, Iñaki Blanco, para ordenar acciones dirigidas a ocultar o destruir las evidencias.
El ex gobernador escuchó la exposición de la Fiscalía y expresó reiteradamente su desacuerdo con los señalamientos. Aunque decidió reservarse inicialmente su derecho a declarar, posteriormente tomó la palabra para manifestar su pesar por la desaparición de los estudiantes y defender su actuación durante las investigaciones.
Aguirre Rivero afirmó que siempre ha colaborado con las autoridades para contribuir al esclarecimiento de los hechos y sostuvo: “yo tengo mi conciencia tranquila y en paz”.
La resolución del juez no implica una sentencia ni determina responsabilidad penal definitiva. La situación jurídica del ex mandatario será definida en los próximos días, cuando continúe la audiencia correspondiente.
El juzgador fijó para el martes 11 de agosto la continuación de la diligencia y tendrá hasta las 20 horas del miércoles 12 para determinar si existen elementos suficientes para vincular a proceso a Aguirre Rivero.
El ex gobernador fue detenido el viernes por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quienes lo localizaron en la carretera México-Querétaro, a la altura de Tepotzotlán, Estado de México. Posteriormente fue trasladado al complejo judicial ubicado en el Altiplano.
FGR reabre líneas de investigación
La Fiscalía General de la República sostuvo que la imputación forma parte de un nuevo esquema de investigación desarrollado en coordinación con la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, la SSPC y la Agencia de Investigación Criminal.
La dependencia señaló que se realizó un análisis exhaustivo de las actuaciones acumuladas durante años y que ese trabajo permitió identificar nuevas líneas de investigación en torno a la desaparición de los estudiantes.
En este proceso también se contempla la participación del Instituto Nacional de Medicina Genómica, con el propósito de fortalecer las investigaciones científicas relacionadas con el caso.
La FGR afirmó que los nuevos trabajos ministeriales aportaron elementos que apuntan a la posible participación de Aguirre Rivero en el ocultamiento de evidencias y sostuvo que existen datos de prueba que señalarían que las instrucciones para realizar dichas acciones fueron emitidas directamente por el entonces gobernador, con la intervención de funcionarios estatales de alto nivel.
Con la prisión preventiva dictada contra quien encabezaba el gobierno de Guerrero al momento de la desaparición de los normalistas, el caso Ayotzinapa entra en una nueva fase judicial, en la que la Fiscalía busca establecer responsabilidades de funcionarios que habrían intervenido, de manera directa o indirecta, en las acciones posteriores a la desaparición de los estudiantes.