Álvaro Bardales, secretario de la Contraloría, comparece ante el Congreso de Hidalgo y enfatiza avances en fiscalización y recuperación de recursos

Sesión de preguntas y respuestas

En sesión de preguntas y respuestas, la diputada Claudia Lilia Luna Islas (PAN) cuestionó si los 117 casos de síndicos y regidores con dictámenes negativos de compatibilidad laboral en 2026 correspondían a situaciones de incompatibilidad, principalmente de docentes, y si el Congreso debe reformar los artículos 128 y 156 de la Constitución estatal antes del próximo proceso electoral.

El titular aclaró que la mayoría de los casos correspondían a docentes y trabajadores municipales, aunque no todos los dictámenes fueron negativos, pues algunos maestros con horarios compatibles obtuvieron resoluciones favorables. Explicó que se evaluaron los horarios, las distancias entre centros de trabajo y las funciones desempeñadas y consideró necesaria una reforma que establezca reglas claras y haga obligatorio el conocimiento y cumplimiento de los requisitos de compatibilidad laboral.

La legisladora solicitó aclarar los dictámenes de compatibilidad laboral de los 117 regidores y síndicos, así como conocer cuáles son las denuncias relacionadas con obras públicas y cuántos alcaldes han sido denunciados o enfrentan procesos durante el periodo 2025-2026.

El secretario precisó que la Contraloría acompañó la presentación de 33 denuncias contra administraciones municipales salientes, principalmente por deficiencias en obras públicas. También, especificó que se han presentado 17 denuncias relacionadas con obras, entre ellas el parque de Tulancingo, el bulevar Aviación de Huejutla, carreteras en Apan y avenidas en Tula y Villa de Tezontepec, donde se detectaron irregularidades que requirieron medidas correctivas y, en algunos casos, la reposición de los trabajos.

El diputado Miguel Ángel Moreno Zamora (Morena) preguntó los motivos y criterios para dar de baja a proveedores y contratistas del padrón estatal, así como los municipios que presentan los mayores montos de observaciones por irregularidades y las acciones para atenderlas antes del cierre de sus administraciones.

El funcionario compartió que las bajas se debieron a domicilios no acreditados, falta de capacidad técnica y financiera, incumplimientos contractuales y empresas relacionadas con operaciones simuladas. Aclaró que también se incorporaron nuevos proveedores para mantener un padrón confiable. Respecto a las observaciones municipales, señaló a Tepehuacán de Guerrero, con 210 millones de pesos; Huichapan, con 168 millones; y Tepetitlán, con 58 millones.

El legislador cuestionó qué mecanismos se implementan para garantizar la transparencia y legalidad en las licitaciones públicas estatales, así como qué acciones aplica contra los municipios que incumplen los procedimientos de contratación o no publican sus procesos de licitación.

El titular comunicó que la Contraloría supervisa las contrataciones públicas de dependencias, organismos y municipios mediante un área especializada que vigila el padrón de proveedores y el cumplimiento de los procedimientos legales. Precisó que se han detectado contrataciones directas indebidas y omisiones en las licitaciones, por lo que se han emitido observaciones y presentado denuncias que han derivado en sanciones y multas. Añadió que la dependencia participa en los comités de adquisiciones y supervisa los procesos de contratación y ejecución de obras públicas.

La diputada Hilda Miranda Miranda (Morena) solicitó explicar los principales beneficios del nuevo modelo de Contraloría Social y cómo contribuye a fortalecer la transparencia, la fiscalización de los recursos públicos y la confianza ciudadana en las instituciones.

El secretario subrayó que el modelo incorpora a la ciudadanía en la vigilancia de las obras públicas mediante comités integrados por cinco personas beneficiarias, quienes reciben capacitación, herramientas y acceso a información sobre los contratos. Además, pueden verificar los trabajos en campo y consultar los laboratorios de control de calidad para comprobar la resistencia y calidad de los materiales.

La legisladora pidió conocer los avances del programa Brigadas de la Transformación en la promoción de una cultura de integridad dentro del servicio público, así como las acciones prioritarias y los resultados alcanzados durante el ejercicio actual y los próximos años.

El funcionario detalló que, mediante las Brigadas de la Transformación, cerca de 80 contralores y comisarios recorren los 84 municipios para supervisar la entrega de apoyos y programas de dependencias como Agricultura, Bienestar, Salud y Educación. Puntualizó que estas brigadas verifican que los recursos lleguen directamente a sus beneficiarios, sin intermediarios, y cuentan con módulos para recibir quejas y denuncias ciudadanas.

La diputada Karla Perales Arrieta (MC) requirió conocer qué proporción de las compras destinadas a educación y salud fue verificada físicamente, cuánto dinero se recuperó por bienes faltantes o defectuosos y qué porcentaje de las fallas detectadas durante las supervisiones territoriales fue corregido y comprobado con las personas beneficiarias.

El titular aseguró que la Contraloría supervisa las contrataciones mediante áreas especializadas, órganos internos de control y auditorías, verificando que los bienes adquiridos se entreguen y distribuyan correctamente. Añadió que, en el caso de los recursos federales destinados a educación, también intervienen las instancias fiscalizadoras correspondientes. Mencionó que las quejas ciudadanas permiten investigar posibles irregularidades y que las empresas incumplidas pueden ser dadas de baja o inhabilitadas.

La legisladora preguntó cuántas de las 403 irregularidades físicas detectadas durante las inspecciones de obra pública continúan pendientes de corregir, especialmente en escuelas, centros de salud y obras de infraestructura hídrica.

El secretario explicó que la Contraloría realiza revisiones permanentes y coordina con contratistas, ayuntamientos y comités de Contraloría Social para corregir fallas, reparar vicios ocultos o ampliar las metas de las obras cuando corresponde. Como ejemplo, precisó que los 17 contratos de obras de drenaje pluvial intervenidos en la zona metropolitana de Pachuca fueron corregidos tras presentar fallas durante las lluvias.

La diputada Tania Eréndira Meza Escorza (Morena) expuso el caso de una persona que mantiene dos empleos, pese a que la Secretaría de la Contraloría determinó que son incompatibles. Dijo que la Contraloría municipal considera que no tiene facultades para dar de baja a la persona y solicitó entregar el expediente al secretario para que revise el caso y determine las acciones correspondientes.

El funcionario aceptó revisar el expediente y explicó que la Contraloría ya inició acciones para atender los casos pendientes de incompatibilidad laboral, incluidos avisos de suspensión. Precisó que la dependencia no puede dar de baja directamente a los integrantes de los ayuntamientos, pero sí instruir a las dependencias del Poder Ejecutivo que los tienen contratados para ejecutar la baja.

La legisladora cuestionó si los ayuntamientos están exentos de responsabilidad legal cuando notifican a la Contraloría sobre casos de incompatibilidad laboral de integrantes de las asambleas municipales, al no tener facultades para tramitar su baja.

El titular confirmó que los ayuntamientos no incurren en responsabilidad por estos casos, ya que la Contraloría no tiene facultades para dar de baja a integrantes de las asambleas municipales. Aclaró que sí puede intervenir cuando se trata de trabajadores de los ayuntamientos con dobles plazas, a fin de verificar el cumplimiento de horarios y funciones laborales.

La diputada María del Rosario Guerrero Martínez (Morena) preguntó qué acciones ha impulsado la dependencia para promover la participación ciudadana en la vigilancia de los recursos públicos y qué avances existen en la capacitación de los ayuntamientos.

El secretario explicó que la dependencia promueve la cultura de la legalidad y el combate a la corrupción mediante actividades dirigidas a niñas, niños y jóvenes. Entre ellas destacan visitas a más de 250 escuelas primarias con el programa Superagentes de la Legalidad, así como un rally de integridad, un maratón de contabilidad gubernamental, un parlamento juvenil y un concurso de videos cortos para denunciar la corrupción.

La legisladora expuso la existencia de obras inconclusas en Jacala, heredadas de administraciones anteriores, entre ellas una red de agua potable que no abastece a dos comunidades, un mercado municipal y una cancha techada. Preguntó qué pueden hacer los habitantes para que estas obras sean investigadas y se determinen posibles responsabilidades.

El funcionario indicó que Jacala es uno de los municipios con mayor número de obras pendientes de administraciones anteriores y explicó que la Contraloría colaboró con el ayuntamiento para presentar las denuncias correspondientes durante el proceso de entrega-recepción. Se comprometió a revisar si la red de agua potable y la cancha techada están incluidas en dichas denuncias e informar sobre su estado.

Participación ciudadana

En un ejercicio de rendición de cuentas, la ciudadanía cuestionó cómo explica la Secretaría de Contraloría los indicadores de corrupción de Hidalgo y qué acciones concretas implementa para combatirla y mejorar la percepción ciudadana.

El titular reconoció que los resultados requieren atención y señaló que los indicadores reflejan tanto la percepción como las experiencias de la ciudadanía en trámites y servicios públicos. Destacó que el 79.4 % de los usuarios manifestó estar satisfecho con estos servicios durante 2025 y que la percepción sobre la frecuencia de actos de corrupción se ubicó 3.7 puntos porcentuales por debajo de la media nacional. Además, informó que la dependencia cuenta con buzones físicos y digitales, líneas telefónicas, redes sociales y módulos itinerantes para recibir denuncias.

La sociedad también preguntó por qué se destinaron recursos a la construcción y rehabilitación de edificios gubernamentales, como Hidalgo Honesto, la Casa Blanca y Las Torres, en lugar de priorizar la atención a las comunidades de la Huasteca y la Sierra afectadas por contingencias.

El secretario aseveró que la inversión en inmuebles gubernamentales busca concentrar oficinas que anteriormente estaban dispersas en distintas sedes, mejorar las condiciones de operación y optimizar el uso de los recursos públicos. Indicó que algunas instalaciones ya están en funcionamiento y que también se construyen otros espacios, como el Archivo General. Defendió estas inversiones al afirmar que, cuando se combate la corrupción, los recursos pueden alcanzar para atender distintas necesidades.

La ciudadanía cuestionó por qué no se han anunciado acciones concluyentes contra el exgobernador Omar Fayad Meneses, la exsecretaria de Finanzas, Jessica Blancas y el excontralor César “N”, en relación con el caso Accendo y otras investigaciones por presuntos actos de corrupción.

El funcionario explicó que el caso Accendo continúa en un procedimiento de concurso mercantil ante instancias federales, por lo que las acciones definitivas dependerán de su resolución. Añadió que el proceso de investigación relacionado con presuntas irregularidades de la administración anterior sigue abierto, con personas pendientes de localizar y notificar, y aseguró que se mantendrán las acciones para recuperar recursos y bienes públicos. También mencionó que se ha requerido la participación de exfuncionarios, entre ellos el antiguo secretario de Finanzas, el subsecretario de Ingresos, el director general y el excontralor estatal.

La sociedad preguntó cuál es el avance en la recuperación de los recursos públicos presuntamente desviados en el caso conocido como la Estafa Siniestra, cuyo monto asciende a cerca de 2 mil 400 millones de pesos, qué obstáculos enfrentan las autoridades y qué acciones se realizan para recuperar el dinero restante.

El titular afirmó que la Contraloría mantiene las 97 denuncias presentadas contra presuntos responsables y que continuará las acciones legales para recuperar la totalidad de los recursos públicos. Lamentó que uno de los principales obstáculos sea que algunos involucrados no han sido localizados o se encontrarían fuera del país, lo que ha dificultado el avance de los procedimientos. Reiteró que las investigaciones seguirán abiertas hasta que los presuntos responsables comparezcan ante la justicia y rindan cuentas por los recursos desviados.

Finalmente, la sociedad cuestionó qué garantías y mecanismos de vigilancia, transparencia y rendición de cuentas deben implementarse para evitar que la reforma al artículo 114 de la Constitución de Hidalgo, que amplía las facultades de las presidencias municipales para firmar convenios, genere discrecionalidad o comprometa indebidamente los recursos públicos.

El secretario respaldó la reforma al considerar que permitirá a los municipios ejercer oportunamente los recursos y evitar retrasos en la contratación de obras y servicios por desacuerdos dentro de los cabildos. Señaló que la ampliación de facultades debe mantenerse sujeta a los controles establecidos en las leyes de adquisiciones, obra pública, transparencia y contabilidad gubernamental.