Aguirre Rivero enfrenta decisión judicial por desaparición forzada en caso Ayotzinapa
- Ex gobernador de Guerrero comparece nuevamente ante juez de control; FGR lo acusa de ordenar la destrucción de evidencia relacionada con los 43 normalistas
Ciudad de México, 11 de agosto del 2026.- A cinco días de su ingreso al penal de máxima seguridad del Altiplano, el ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, compareció nuevamente ante el juez de control Mario Elizondo Martínez, del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, quien deberá determinar si lo vincula o no a proceso por el delito de desaparición forzada de personas en el caso Ayotzinapa.
La audiencia se reanudó luego de que, durante la diligencia del viernes pasado, el ex mandatario y su defensa solicitaran la ampliación del plazo constitucional para definir su situación jurídica y reunir elementos de prueba con los que buscan controvertir la acusación formulada por la Fiscalía General de la República (FGR).
Por disposición judicial, Aguirre Rivero fue trasladado del penal del Altiplano al Centro de Justicia Penal Federal para participar personalmente en la diligencia. Al lugar también acudieron su esposa y sus abogados.
Ex gobernador niega responsabilidad y afirma tener la conciencia tranquila
Durante su primera comparecencia, Aguirre Rivero aseguró ante el juez que responderá a las imputaciones formuladas por la FGR y que buscará aclarar su presunta participación en la desaparición de grabaciones relacionadas con los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014.
El ex gobernador se presentó en silla de ruedas y manifestó padecer diversos problemas de salud. Pese a ello, el juez rechazó concederle el beneficio de prisión domiciliaria.
“Tengo mi conciencia tranquila y muy en paz”, afirmó Aguirre Rivero durante la audiencia.
FGR lo acusa de ordenar destrucción de evidencia
Durante la audiencia anterior, representantes de la Fiscalía General de la República acusaron al ex mandatario de haber ordenado la destrucción de un disco DVD que contenía grabaciones de dos cámaras de seguridad instaladas en el Palacio de Justicia de Iguala.
De acuerdo con la acusación, las imágenes registrarían parte de los acontecimientos ocurridos la noche en que desaparecieron los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
La Fiscalía sostiene que el material audiovisual mostraba a policías municipales y estatales trasladando a un grupo de estudiantes de un autobús a otro. Los jóvenes, según la descripción presentada ante el juez, aparecían con las manos en la cabeza y bajo vigilancia de policías y hombres armados.
Posteriormente, según la imputación, patrullas habrían escoltado el autobús en el que se encontraban los estudiantes, mientras varias camionetas con hombres armados seguían el convoy.
Fiscalía señala cadena de custodia y presuntas órdenes para eliminar evidencias
Los representantes de la FGR expusieron que una integrante del entonces Consejo de la Judicatura habría entregado personalmente el video a Aguirre Rivero, después de obtenerlo de la oficina de la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, Lambertina Galeana.
La Fiscalía también sostuvo que el ex gobernador habría instruido al entonces procurador de Justicia del estado, Iñaki Blanco, para hacerse cargo del material.
Asimismo, los fiscales señalaron que Aguirre Rivero habría ordenado a su sobrino, Eduardo Aguirre, desaparecer evidencias relacionadas con los estudiantes normalistas.
Estas acusaciones forman parte de los elementos que la representación social presentó ante el juez para sustentar la imputación por desaparición forzada de personas.
Juez definirá situación jurídica
La audiencia representa un momento determinante para el proceso contra el ex gobernador, ya que el juez Mario Elizondo Martínez deberá valorar los argumentos de la Fiscalía y de la defensa antes de resolver si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso.
Aguirre Rivero permanece bajo prisión preventiva en el penal del Altiplano, mientras su defensa busca controvertir las imputaciones y evitar que el procedimiento avance en los términos planteados por la Fiscalía.
El caso se inscribe en las investigaciones que, a más de una década de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, continúan generando consecuencias judiciales y políticas para funcionarios y personas presuntamente vinculadas con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero.