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Aguirre Rivero enfrenta a la justicia por el caso Ayotzinapa

  • La FGR acusa al ex gobernador de Guerrero de intervenir en el ocultamiento de evidencias sobre la desaparición de los 43 normalistas; comparece ante un juez federal en el Altiplano

Ciudad de México, 07 de agosto del 2026.- El ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, comparece ante un juez federal por su presunta responsabilidad en delitos contra la administración de justicia y desaparición forzada de personas, relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014.

La audiencia inicial comenzó este viernes en el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal, con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde la Fiscalía General de la República (FGR) expondrá los elementos de prueba que sustentan la acusación contra quien encabezó el gobierno de Guerrero entre 2011 y 2014.

Aguirre Rivero fue ingresado la víspera al Centro Federal de Readaptación Social número 1, Altiplano, alrededor de las 15:30 horas, luego de ser detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en la carretera México-Querétaro, a la altura de la caseta de Tepotzotlán.

La investigación federal señala al ex mandatario como presunto responsable de haber ordenado el ocultamiento y destrucción de grabaciones de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala, registros que podrían aportar información relevante sobre los acontecimientos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014.

De acuerdo con las indagatorias ministeriales, en esa zona policías municipales de Iguala interceptaron una unidad en la que viajaban estudiantes de Ayotzinapa. Los jóvenes fueron agredidos, obligados a descender del vehículo y posteriormente trasladados en patrullas, antes de ser entregados presuntamente al grupo criminal Guerreros Unidos.

La titular de la FGR, Ernestina Godoy Ramos, sostuvo que la desaparición de las grabaciones no constituye una simple omisión administrativa, sino que habría respondido a una acción deliberada encaminada a impedir el esclarecimiento de los hechos.

La Fiscalía sostiene que el ocultamiento de las evidencias habría sido ejecutado mediante una operación estructurada desde los niveles superiores del gobierno estatal, lo que coloca al ex mandatario frente a un proceso judicial por hechos que han marcado profundamente la vida política y social de Guerrero.

La orden de aprehensión contra Aguirre Rivero fue solicitada por la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa y posteriormente concedida por un juez federal, como parte de las nuevas líneas de investigación emprendidas para determinar responsabilidades en torno a la desaparición de los normalistas.

El inicio de la audiencia representa un nuevo capítulo judicial en uno de los casos más emblemáticos de la historia reciente del país, mientras las autoridades federales buscan esclarecer la cadena de decisiones y actuaciones oficiales que pudieron favorecer el ocultamiento de información sobre el paradero de los estudiantes.

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