Administración Trump intensifica la aplicación de la pena de muerte en procesos federales
- Un reporte de The Intercept señala que el Departamento de Justicia ha autorizado al menos 42 nuevos casos capitales en el segundo mandato del presidente estadounidense, con énfasis en delitos de alto impacto y en medio de cuestionamientos por presuntas disparidades raciales.
Washington, D.C., 19 de julio del 2026.- La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha intensificado su política de aplicación de la pena de muerte en el ámbito federal al autorizar, en poco más de un año y medio de su segundo mandato, una nueva oleada de procesos judiciales que contemplan la sanción capital.
De acuerdo con una investigación publicada por The Intercept, el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) ha autorizado juicios con solicitud de pena de muerte contra al menos 42 personas en 34 casos distintos, cifra que supera los 38 procesos impulsados durante los cuatro años del primer mandato del mandatario republicano.
El reportaje señala que la fiscal general, Pam Bondi, y el fiscal general adjunto interino, Todd Blanche, han promovido una estrategia orientada a ampliar la aplicación de la pena capital, incluso en entidades que han abolido las ejecuciones, como Nuevo México, Colorado y Maryland, así como en jurisdicciones donde esta práctica no tiene antecedentes recientes, entre ellas las Islas Vírgenes.
Según la investigación, el 73 por ciento de los acusados en estos procesos corresponde a personas de grupos raciales minoritarios, principalmente afroamericanos, situación que reaviva el debate sobre las disparidades raciales que, desde hace décadas, han sido documentadas dentro del sistema federal de justicia estadounidense.
El informe precisa que las personas procesadas enfrentan acusaciones por delitos considerados de extrema gravedad, entre ellos tiroteos masivos, homicidios vinculados con organizaciones criminales y otros ilícitos de alto impacto.
Asimismo, recuerda que durante los últimos meses del primer mandato de Trump, en 2021, el gobierno federal llevó a cabo 13 ejecuciones en un periodo de seis meses en la prisión federal de Terre Haute, Indiana, una cifra sin precedentes en tiempos recientes. En contraste, la administración del expresidente Joe Biden suspendió prácticamente los procesos federales de pena capital y conmutó 37 condenas antes de concluir su gestión.
La investigación sostiene que la decisión del actual gobierno de reforzar esta política responde, en parte, a las acciones adoptadas por la administración anterior en materia de justicia penal.
Como parte de esta estrategia, Pam Bondi instruyó a los fiscales federales a solicitar la pena de muerte en casos relacionados con el asesinato de agentes del orden y en delitos capitales presuntamente cometidos por personas extranjeras que permanecen de manera irregular en territorio estadounidense. Además, ordenó dar prioridad a investigaciones vinculadas con integrantes de organizaciones delictivas y redes internacionales de narcotráfico.
La fiscal general también dispuso la revisión de los expedientes en los que la administración Biden había decidido no promover la pena capital. Tras analizar cientos de casos, los fiscales presentaron notificaciones de intención para solicitar esta sanción contra 15 acusados; de ellas, 13 fueron rechazadas y tres permanecen pendientes de resolución.
En abril pasado, con la incorporación de Todd Blanche a la Fiscalía, el presidente Donald Trump reiteró su respaldo a la pena de muerte federal mediante la difusión del informe «Restaurar y fortalecer la pena de muerte federal», documento que plantea ampliar el número de condenas y agilizar la ejecución de las sentencias capitales.