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Con adjudicación directa, INE asignó 96% de sus contratos en la gestión de Taddei

  • De enero de 2025 a septiembre de 2026, el organismo electoral formalizó más de 13 mil 300 convenios; las contrataciones superaron los 2 mil 829 millones de pesos e incluyeron servicios de seguridad, limpieza y tecnología.

Ciudad de México, 16 de noviembre del 2026.- La asignación de contratos por adjudicación directa predominó en el Instituto Nacional Electoral (INE) durante los últimos dos años de la gestión de Guadalupe Taddei. Entre enero de 2025 y septiembre de 2026, este mecanismo representó 96 por ciento de los más de 13 mil 300 convenios formalizados por el organismo, con un importe superior a 2 mil 829.7 millones de pesos.

Los registros publicados por el instituto en la Plataforma Nacional de Transparencia muestran que entre los proveedores beneficiados se encuentran empresas que recibieron contratos para actividades distintas, como vigilancia y limpieza de instalaciones, tanto en oficinas centrales como en juntas locales y distritales.

Uno de los ejemplos es Arzaa Protección y Vigilancia Especializada, que acumuló al menos 221 contratos. En enero pasado, la empresa obtuvo un convenio para brindar vigilancia en la 09 Junta Distrital Ejecutiva de Guanajuato, mientras que en abril recibió de esa misma instancia la asignación del servicio de limpieza del módulo de atención ciudadana fijo de La Joyita, ubicado en el municipio de Silao.

También destaca Jurídicos Integrales FBP, compañía que suscribió al menos 96 contratos con el INE, por un total de 54.13 millones de pesos. Entre sus encargos figura un convenio de abril de 2025 por 15 millones 245 mil pesos para proporcionar vigilancia intramuros en 40 sedes de las juntas distritales ejecutivas del estado de México.

Otros proveedores del ramo de seguridad que recibieron recursos públicos fueron Vigilancia y Protección a la Sociedad, con poco más de 43 millones de pesos; Seguridad Privada Guns 8A, con 22.8 millones, y Protección y Logística Empresarial VYMSA, con 12.2 millones de pesos.

Las contrataciones también favorecieron a personas físicas. Al menos una decena recibió convenios millonarios durante el periodo revisado, entre quienes sobresale Ana María Juárez Hernández, con adjudicaciones por 49.5 millones de pesos, distribuidas en 60 contratos a título personal y dos más mediante la razón social Seguridad Privada Cabiexm, con domicilio en Reynosa, Tamaulipas. En la documentación de ambas modalidades aparece el mismo Registro Federal de Contribuyentes.

Juárez Hernández es esposa del empresario Mario Guitian Rosas, señalado por presuntos actos de extorsión y otros delitos, imputaciones que rechazó públicamente en abril pasado, durante una conferencia de prensa en Tamaulipas.

Entre los antecedentes relacionados con esos señalamientos figura la denuncia presentada en 2024 por Gabriel Hernández, empresario y activista del Colectivo 10 de Marzo, quien fue localizado sin vida en julio del año pasado, con múltiples impactos de bala.

La relación de personas físicas con contratos de montos elevados incluye también a Francisco Javier Hernández Palacios, quien recibió 23.6 millones de pesos; Sandra Angélica Guasti Martínez, 6.7 millones; Omar Ramos Bandala, 4.7 millones; Beatriz Eugenia Camacho Quiroz, 4.6 millones; Carlos Enrique de Jesús Cuate, 2.5 millones, y Ramiro Peña Monroy, 2 millones de pesos.

Además de los servicios de vigilancia y limpieza, el INE celebró contratos con compañías dedicadas a las telecomunicaciones, el desarrollo de software, las tecnologías de la información y el sector inmobiliario.

Entre los convenios de mayor cuantía se encuentra el asignado a AMPS para la Integración y Articulación, empresa responsable de instalar cámaras de videovigilancia con micrófonos en la sala de prensa y distintas oficinas del instituto. Los dispositivos fueron colocados a principios de este año y generaron controversia; algunos de ellos fueron retirados durante la semana pasada.

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