Exhiben red de corrupción electoral construida durante tres décadas
- Investigación de Buenrostro identifica contratos por 2 mil 740.3 millones de pesos a empresas vinculadas con los hermanos Hernández Casillas, mediante licitaciones presuntamente simuladas en el INE y los OPLE.
Ciudad de México, 06 de noviembre del 2026.- La red empresarial vinculada con los hermanos Hernández Casillas, señalada por presuntas irregularidades en la contratación de material electoral, tiene antecedentes que se remontan a la década de 1990 y habría operado durante casi tres décadas mediante empresas fachada para obtener contratos públicos millonarios, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.
Al referirse a los vínculos políticos y laborales de ambos empresarios, la mandataria recordó que durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari trabajaron en el Registro Nacional de Población y en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), junto con Juan Carlos Padilla, quien actualmente forma parte del partido Somos, donde también participan Lorenzo Córdova y otros exconsejeros electorales.
“Ellos construyeron esta mafia electoral, que se reproduce entre ellos”, sostuvo.
Los señalamientos se produjeron después de que la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, expusiera una investigación sobre el entramado de compañías relacionadas con los hermanos, al que atribuyó contratos por 2 mil 740.3 millones de pesos entre 2015 y 2025, tanto en el Instituto Nacional Electoral (INE) como en 23 organismos públicos locales electorales (OPLE).
De acuerdo con la funcionaria, el esquema consistía en presentar distintas empresas para simular competencia en las licitaciones, aunque en realidad estaban vinculadas entre sí. Una de ellas conseguía la adjudicación y posteriormente los recursos eran redistribuidos entre las demás, aprovechando deficiencias en la supervisión y la falta de lineamientos claros de contratación.
Entre las firmas identificadas se encuentran Formas Finas y Materiales, Cajas Graf, Seriplast de México, Comercializadora JVLY, Corporativo ZEG y Formas Finas Fernando Fernández.
Buenrostro destacó que las compañías presuntamente carecían de infraestructura, capacidad operativa y personal contratado formalmente. También habrían utilizado a personas vulnerables como prestanombres para ocultar a los beneficiarios finales, además de recurrir a empresas factureras para realizar operaciones relacionadas con lavado de dinero.
La investigación establece que, entre 2015 y 2023, 23 de los 32 OPLE entregaron contratos por 2 mil 94 millones de pesos a estas empresas. En los dos años siguientes, 2024 y 2025, las adjudicaciones sumaron otros 646.3 millones de pesos.
La mandataria insistió en que las presuntas irregularidades no surgieron durante la actual administración electoral y estableció que cualquier funcionario que haya incurrido en conductas ilegales debe asumir las consecuencias. “No defiendo a Taddei; si realizó un acto ilegal, lo tiene que enfrentar”, expresó.
Como parte de los antecedentes, Buenrostro expuso que Formas Finas Fernando Fernández fue constituida en 1992 y estaba vinculada con los hermanos Hernández Casillas. Siete años después, en 1999, Cartonera Plástica, relacionada con Alfredo Hernández Casillas, comenzó a participar como proveedora de material electoral en el Estado de México.
En 2005, esta empresa obtuvo un contrato por 63.7 millones de pesos para suministrar insumos electorales en la entidad. No obstante, las denuncias por presuntas anomalías y posibles sobornos en la asignación de los recursos derivaron en un escándalo que provocó la renuncia de siete consejeros electorales.
Sheinbaum también señaló que Lorenzo Córdova conocía las irregularidades cuando asumió la presidencia del INE en 2014, pero no actuó para esclarecerlas. “No hizo nada”, reprochó la titular del Ejecutivo federal.