UIF bloquea a 40 por caso de proveedores electorales
- La dependencia de Hacienda presentó una denuncia ante la FGR; entre los investigados figuran 25 personas y 15 empresas relacionadas con operaciones financieras de riesgo
Ciudad de México, 05 de noviembre del 2026.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) amplió las investigaciones sobre presuntas irregularidades en la contratación de materiales electorales, al incorporar a 40 personas y empresas a la Lista de Personas Bloqueadas y presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que indague las operaciones detectadas.
Entre los señalados se encuentra Guadalupe Taddei, ex consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), así como José Alfredo Hernández Casillas, contratista de material electoral, y algunos de sus socios, de acuerdo con una fuente con acceso a la relación de personas y entidades afectadas.
La medida comprende a 25 personas físicas y 15 compañías y se produce en un contexto de señalamientos sobre presuntas prácticas de corrupción y tráfico de influencias en el entorno de la anterior administración del INE, cuestionamientos que se intensificaron durante las semanas previas a la salida de Taddei del organismo.
La UIF explicó que la decisión se tomó luego de detectar movimientos financieros con elementos de riesgo que requieren la intervención de las autoridades competentes. Por ello, presentó una denuncia ante la FGR para que realice las investigaciones correspondientes y determine si existen conductas que ameriten responsabilidades conforme a la ley.
La dependencia aclaró que el bloqueo constituye una acción administrativa preventiva y precautoria, por lo que no implica una declaración definitiva de responsabilidad. Añadió que los afectados y los representantes legales de las empresas disponen de los recursos de defensa y la garantía de audiencia previstos en la legislación.
Los bloqueos habían sido anticipados el viernes pasado por Pablo Gómez, presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, quien informó que varias empresas proveedoras de insumos electorales fueron incorporadas a la lista durante el periodo en que encabezó la UIF, por operaciones presuntamente relacionadas con recursos de procedencia ilícita.
El funcionario señaló que algunas de esas compañías no contaban con infraestructura industrial ni fabricaban los productos que ofrecían a las autoridades electorales, sino que obtenían contratos y posteriormente adquirían los materiales o contrataban servicios de impresión para cumplir con las asignaciones.
También recordó que, antes de los cambios realizados al mecanismo de bloqueo, algunas empresas consiguieron resoluciones judiciales que les permitieron ser retiradas de la lista.
En paralelo, el Órgano Interno de Control del INE documentó posibles irregularidades en la asignación de contratos a proveedores de material electoral. Su titular, Víctor Hugo Carvente Contreras, informó ante legisladores que cinco empresas relacionadas entre sí recibieron 2 mil 461 millones de pesos de organismos públicos locales electorales entre 2014 y 2025, mediante procedimientos en los que presuntamente simularon competencia.
Carvente Contreras identificó como vínculos entre las compañías a los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, además de otras personas relacionadas con las firmas.
El expediente incluye a Cajas Graff, que obtuvo contratos por mil 72 millones 876 mil pesos con 21 organismos electorales locales y otros 198 millones 738 mil pesos con el INE durante la gestión de Taddei.
Asimismo, Corporativo Zeg recibió 278 millones 717 mil pesos de los OPLE; Comercializadora JVLY, 208 millones 396 mil pesos; Formas Finas, 815 millones 961 mil pesos, y Seriplast, 85 millones 123 mil pesos.
Con la intervención de la UIF y la denuncia presentada ante la FGR, las operaciones de las empresas proveedoras y sus posibles vínculos con funcionarios y ex funcionarios electorales quedaron sujetas a nuevas revisiones financieras y ministeriales.