ASF pone bajo la lupa contratos del INE y los OPLE

• La fiscalización abarca al INE y los 32 organismos locales; detectan presuntas redes de empresas, subcontrataciones y factureras. Las primeras denuncias se presentarán en febrero.

Ciudad de México, 31 de octubre del 2026.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) amplió sus investigaciones sobre posibles irregularidades en el manejo de recursos del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), mediante una revisión de operaciones realizadas entre 2014 y 2026 que comprende a proveedores, empresas y servidores públicos.

Ante comisiones de la Cámara de Diputados, el auditor superior, Aureliano Hernández Palacios Cardel, dio a conocer que se remitieron 32 requerimientos de información a los gobiernos estatales para revisar el ejercicio de los recursos del Ramo 28 y reconstruir el comportamiento financiero desde el año 2000.

La revisión busca establecer posibles vínculos de interés entre funcionarios y proveedores, además de identificar mecanismos utilizados para simular operaciones comerciales y justificar contrataciones con precios superiores a los del mercado.

De acuerdo con los resultados preliminares, dos grupos empresariales concentraron contratos y operaciones con entidades públicas por 8 mil 870.3 millones de pesos. De ese monto, 3 mil 790.3 millones fueron ejercidos por los organismos electorales locales.

Entre las prácticas detectadas figuran transacciones entre compañías pertenecientes a los mismos grupos, subcontrataciones cruzadas y operaciones con empresas factureras por 21.3 millones de pesos. También se encontraron sociedades con menos de cinco empleados y otras que no contaban con personal.

El titular de la ASF adelantó que las primeras denuncias relacionadas con estos hallazgos serán presentadas a más tardar en febrero.

En el ámbito legislativo, los resultados de las auditorías motivaron nuevos señalamientos contra la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei. El vicecoordinador de Morena en San Lázaro, Alfonso Ramírez Cuéllar, demandó que se le finquen responsabilidades penales y afirmó: “Guadalupe Taddei debe ir a la cárcel”.

A estas investigaciones se suman las actuaciones del Órgano Interno de Control (OIC) del INE. Su titular, Víctor Hugo Carvente, reportó la existencia de 18 expedientes abiertos y cinco funcionarios imputados por presuntas faltas administrativas graves durante la gestión de Taddei.

Uno de los casos bajo revisión corresponde al contrato INE-007-2025, para la adquisición de urnas y mamparas, cuyo costo pasó de 165 a 198 millones de pesos. La operación fue adjudicada directamente y habría implicado un sobreprecio de 26 millones de pesos respecto de la propuesta de Talleres Gráficos de México.

Además, ante los retrasos en la entrega de los materiales, el organismo electoral cobró penalizaciones por apenas 26 mil pesos, pese a que el monto calculado por los incumplimientos ascendía a 40 millones.

Por otra parte, en Sonora, el presidente del Instituto Estatal Electoral (IEES), Nery Ruiz Arvizu, reconoció que el organismo celebró contratos con Cajas Graf S.A. de C.V., aunque negó que exista algún conflicto de interés derivado de esas operaciones y descartó que haya razones para dejar el cargo.