Llevan comunidades rarámuri a la CIDH denuncias por despojo y daños ambientales en Barrancas del Cobre
- Habitantes de Huitosachi, Mogótavo y Bacijípare acusan que el proyecto turístico opera sin consulta previa y no ha generado beneficios para sus localidades; el gobierno mexicano sostiene que existen mecanismos de diálogo y atención.
Ciudad de México, 30 de octubre del 2026.- Las inconformidades de tres comunidades indígenas de Chihuahua por las afectaciones del proyecto turístico Barrancas del Cobre llegaron nuevamente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde sus representantes denunciaron daños ambientales, presunto despojo de tierras y la falta de beneficios para la población rarámuri.
En una audiencia pública, integrantes de Huitosachi, Mogótavo y Bacijípare señalaron que el desarrollo turístico comenzó en 1997 sin que fueran consultados y que, hasta ahora, sus habitantes continúan enfrentando rezagos en servicios e infraestructura. Entre sus principales demandas mencionaron el acceso insuficiente al agua potable, la falta de escuelas y las limitadas oportunidades de empleo.
También acusaron que la construcción de las principales instalaciones turísticas se realizó en terrenos que consideran despojados a las comunidades y en superficies colindantes con sus propiedades.
Carmen Herrera, asesora de los pueblos denunciantes, puso como ejemplo el Parque de Aventura, administrado por el gobierno de Chihuahua, cuyos ingresos, afirmó, no tienen un destino transparente para las comunidades.
La representante recordó que en 2012 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó establecer un plan de desarrollo regional consensuado con los pueblos indígenas, pero sostuvo que dicho instrumento continúa pendiente.
Sobre el funcionamiento del Consejo Consultivo, informó que ha celebrado 51 sesiones; sin embargo, los representantes comunitarios únicamente comenzaron a contar con intérpretes a partir de la reunión número 18, realizada en 2016. Además, cuestionó que las decisiones continúen concentradas en autoridades y empresarios.
Frente a estos señalamientos, la delegación del Estado mexicano rechazó que exista una vulneración de los derechos de las comunidades, particularmente en materia de consulta, y aseguró que se han establecido espacios de diálogo para identificar y atender sus necesidades.
Aldo Medina, de la Coordinación General de Derechos Indígenas, expuso que mediante el Plan de Justicia de la Sierra Tarahumara, Rarámuri, Ódami, Oichkama y Warijó se han impulsado acciones para restituir y reconocer la propiedad comunal tradicional, además de dar seguimiento a distintos asuntos comunitarios.
Enrique Toledo, subsecretario de Turismo de Chihuahua, defendió la función del Consejo Consultivo, creado a partir de una resolución de la SCJN, al señalar que constituye un mecanismo de participación para analizar y proponer acciones relacionadas con el desarrollo turístico de la región.
En cuanto al saneamiento, indicó que desde 2023 se han revisado alternativas para instalar infraestructura de tratamiento de aguas residuales, aunque reconoció que todavía no existe un acuerdo sobre su ubicación.
Por su parte, Alejandro Encinas, representante permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), afirmó que la comparecencia del gobierno no pretende desconocer los reclamos históricos de las comunidades ni considerar que las medidas adoptadas hayan resuelto las controversias.
Reconoció que las condiciones ambientales requieren una evaluación integral y que las acciones para garantizar el acceso al agua deben traducirse en resultados concretos y comprobables para los pueblos afectados.