ASF exhibe presuntas irregularidades en contratos del INE por más de 63 millones de pesos

• Proveedor de material electoral transfirió los recursos a nueve empresas y una persona física sin que se acreditara su relación con los servicios contratados; la auditoría también detectó pagos por 793.9 millones de pesos antes de la entrega de materiales para la elección judicial.

Ciudad de México, 25 de octubre del 2026.- Una auditoría forense de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) puso al descubierto presuntas irregularidades en la contratación de material electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), entre ellas la transferencia de 63.2 millones de pesos pagados a un proveedor que dispersó el dinero entre nueve empresas y una persona física, sin que se comprobara su vínculo con el contrato.

La revisión de la cuenta pública 2024, dictaminada en enero de 2026 y aún en proceso de solventación, identificó que Comercializadora JVLY recibió los recursos y los transfirió íntegramente en menos de tres semanas. Los hallazgos corresponden al primer año completo de Guadalupe Taddei como consejera presidenta del organismo.

El INE adjudicó directamente a esa compañía, en marzo de 2024, un contrato para suministrar materiales destinados a simulacros electorales. Sin embargo, el pago se efectuó hasta el 31 de diciembre de ese año.

Entre las anomalías detectadas, la ASF señaló que JVLY presentó una opinión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la que figuraban 76 trabajadores, aunque no tenía empleados registrados ante esa institución. La empresa tampoco presentó su declaración anual correspondiente a 2024.

El rastreo del dinero reveló operaciones que no pudieron ser vinculadas con el servicio contratado. Una de las empresas receptoras declaró que los recursos correspondían a “préstamos” y transfirió seis millones de pesos a una persona física. Otra afirmó que recibió el dinero por la compra de un “seccionador eléctrico”, negó haber trabajado con instituciones electorales y transfirió 12.3 millones de pesos a una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom), pese a que había recibido 10 millones de pesos provenientes de recursos del INE.

Además, los auditores no lograron localizar a otras tres compañías que recibieron parte de los recursos. La revisión también identificó que Plásticos y Metales MYC, una de las empresas que obtuvo dinero transferido por JVLY, envió dos millones de pesos a Grumeec, firma que había participado como supuesta competidora en el sondeo de mercado previo a la adjudicación del contrato.

A estas irregularidades se sumaron inconsistencias en la supervisión del proveedor. Según la ASF, las visitas realizadas por personal del INE se llevaron a cabo en el domicilio de Formas Finas y Materiales, otra empresa, y no en la dirección de JVLY señalada en el contrato.

De las 19 acciones derivadas de esta auditoría, nueve permanecen abiertas, de acuerdo con los registros del órgano fiscalizador consultados por este diario. Se trata de tres pliegos de observaciones por un total de 66.6 millones de pesos, incluido el correspondiente a JVLY, así como seis recomendaciones.

Las otras 10 acciones fueron remitidas a distintas instancias: dos al área de investigación de la ASF, por pagos relacionados con boletas y materiales de la elección judicial; seis al Órgano Interno de Control del INE, y dos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y al IMSS para revisar la situación de la compañía.

En la misma revisión, la ASF observó pagos por 793.9 millones de pesos a Talleres Gráficos de México realizados el 31 de diciembre de 2024. De ese monto, 754.9 millones correspondieron a boletas electorales y 39 millones a materiales didácticos para la elección judicial.

Aunque funcionarios del INE declararon haber recibido los productos “a entera satisfacción”, estos fueron entregados hasta 2025. Un director del área reconoció ante los auditores que, al momento de efectuarse los pagos, todavía no existía un servicio devengado.

Estos resultados forman parte de una auditoría distinta de la investigación de oficio anunciada el viernes por la ASF por presuntos conflictos de intereses y triangulación de recursos en el INE. De manera paralela, el organismo fiscalizador realiza una revisión integral del gasto del instituto correspondiente a 2025.

El próximo 30 de octubre, el auditor superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios Cardel, presentará ante la Cámara de Diputados la segunda entrega de informes de la cuenta pública 2025.