SCJN avala entrega directa de al menos 10% del FAIS a pueblos indígenas y afromexicanos
- Por unanimidad, el pleno desechó 12 controversias constitucionales promovidas por municipios y la alcaldía Cuauhtémoc; Hugo Aguilar Ortiz calificó la resolución como histórica
Ciudad de México, 21 de octubre del 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló por unanimidad que al menos 10 por ciento de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) se entregue directamente a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, en cumplimiento de la reforma constitucional de 2024 que les reconoció autonomía para administrar sus propios recursos.
Con esta resolución, el máximo tribunal del país desestimó 12 controversias constitucionales promovidas por diversos municipios y la alcaldía Cuauhtémoc, cuyos representantes argumentaron que la asignación directa de estos fondos vulneraba la autonomía hacendaria de los gobiernos locales.
Al analizar los recursos, el pleno determinó que las aportaciones federales del FAIS tienen destinos específicos y, por tanto, no están sujetas al régimen de libre administración hacendaria de los municipios.
El ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, calificó el fallo como histórico, al considerar que representa un cambio en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y pone fin a una etapa en la que, sostuvo, sus comunidades enfrentaron limitaciones para ejercer plenamente su personalidad jurídica y defender sus territorios.
La resolución, afirmó, cierra una etapa que describió como oscura en la historia del país, durante la cual la antigua integración de la Suprema Corte reconocía a las comunidades indígenas principalmente en el ámbito agrario, sin otorgarles plena capacidad jurídica para defender sus tierras frente al despojo.
Aguilar Ortiz señaló que esas restricciones no se limitaban a los conflictos territoriales, sino que se extendían a otros ámbitos de la vida comunitaria, lo que dificultaba el ejercicio efectivo de sus derechos.
El fallo se inscribe en el marco de la reforma constitucional de 2024, que reconoció a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, con autonomía para administrar directamente los recursos que les corresponden.
Con esta determinación, la SCJN respaldó la asignación directa de una parte de los fondos federales destinados a infraestructura social, frente a los argumentos de los gobiernos municipales que impugnaron ese mecanismo.