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Italia aprueba decreto que permite la detención preventiva de menores

  • Italia incorpora el delito de participación violenta en manifestaciones, con penas de hasta cinco años de cárcel y multas de 20 mil euros; el decreto entró en vigor de inmediato.

Roma, 20 de octubre del 2026.- El gobierno de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, aprobó un decreto de seguridad juvenil que amplía las facultades policiales para la detención preventiva de menores de edad y establece nuevas sanciones contra quienes participen en actos violentos durante manifestaciones.

La disposición fue avalada este martes por el Consejo de Ministros y, según anunció la mandataria en un mensaje difundido en redes sociales, entró en vigor de manera inmediata.

Entre las medidas destaca la posibilidad de que las fuerzas del orden retengan hasta por 12 horas a personas menores de 18 años en comisarías, cuando existan elementos para considerar que representan un peligro, aun cuando no hayan cometido un delito.

El decreto también tipifica la participación violenta en manifestaciones como una conducta delictiva. La disposición contempla sanciones para quienes, dentro de grupos integrados por cinco personas o más, arrojen piedras, palos u objetos que puedan poner en riesgo a otras personas.

Por estas acciones, los responsables podrían recibir condenas de hasta cinco años de prisión, además de multas que alcanzarían los 20 mil euros.

Al presentar la medida, Meloni defendió la aplicación de sanciones contra quienes incurran en actos violentos y advirtió que los padres también podrían asumir responsabilidades en determinados casos.

“Quien la hace la paga, y si no, que lo paguen sus padres”, declaró.

La jefa del gobierno italiano sostuvo que las inconformidades sociales y las demandas de los manifestantes no justifican el uso de la violencia. Aunque dijo comprender las molestias que motivan las protestas, afirmó que las agresiones no constituyen una vía para resolverlas.

El nuevo decreto forma parte de las medidas de seguridad promovidas por la administración de Meloni y establece disposiciones específicas para intervenir ante situaciones consideradas de riesgo, con especial atención a la participación de menores en actos violentos.

Las nuevas reglas abren un marco de actuación policial más amplio en materia de prevención y sanción, tanto por la posibilidad de retener a menores sin que hayan cometido un delito como por la incorporación de nuevas figuras penales relacionadas con las manifestaciones.

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