Corte desarrolla herramienta digital para frenar cobros municipales excesivos
- El sistema calcula el costo real de servicios públicos y permite compararlo con las tarifas establecidas por los ayuntamientos; entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, la SCJN resolvió 118 asuntos por este tipo de irregularidades.
Ciudad de México, 12 de octubre del 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) impulsa una herramienta digital para evitar que los municipios mantengan cobros desproporcionados por servicios como la expedición de copias certificadas, el alumbrado público y las licencias de construcción, tarifas que han derivado en cientos de litigios pese a que el máximo tribunal ha invalidado disposiciones similares en años anteriores.
Uno de los casos recientes se registró en San Pablo Macuiltianguis, Oaxaca, donde el ayuntamiento estableció un cobro de 120 pesos por expedir una copia de documentos de sus archivos, aunque el costo estimado del servicio era de apenas 76 centavos. Es decir, la tarifa municipal superaba casi 158 veces el costo calculado. La Corte declaró inconstitucional ese cobro al resolver la acción de inconstitucionalidad 31/2026.
La reiteración de estos casos, relacionados con leyes de ingresos municipales que se actualizan cada año, representa una carga de trabajo para el pleno. El jueves pasado, por ejemplo, los ministros resolvieron más de 30 expedientes de esta naturaleza, mientras que el 28 de septiembre acordaron analizar los asuntos de manera conjunta para agilizar su votación.
El ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, explicó que los municipios reinciden en disposiciones que ya han sido declaradas inconstitucionales, lo que provoca que los mismos problemas regresen al tribunal en cada ejercicio fiscal.
“Son asuntos de vigencia anual, leyes de ingresos de diversos municipios de distintas entidades federativas en donde año con año repiten el mismo vicio de inconstitucionalidad, llegan aquí a la Corte, se declaran inconstitucionales y al año siguiente se presentan prácticamente en los mismos términos”, señaló.
De acuerdo con cifras del máximo tribunal, entre septiembre de 2025 y agosto de 2026 se resolvieron 118 asuntos de este tipo. Michoacán, Oaxaca, Tamaulipas, Durango y Tlaxcala concentraron el mayor número de casos, principalmente por tarifas vinculadas con copias, infracciones y licencias de construcción.
Herramienta para calcular tarifas
Ante esta problemática, el Centro de Estudios Constitucionales y Saberes Jurídicos (CECSJ) desarrolló el Ecosistema del Costo Real del Servicio del Estado, una plataforma que utiliza fórmulas matemáticas y parámetros técnicos para estimar cuánto cuesta prestar un servicio público y contrastar ese monto con las tarifas fijadas por los gobiernos municipales.
El sistema también permite examinar cobros relacionados con el suministro de agua potable y la expedición de permisos, con el propósito de ofrecer criterios técnicos que ayuden a establecer tarifas acordes con el costo de los servicios.
Oliver Joaquín Giménez Héau, investigador del CECSJ, explicó a La Jornada que el proyecto surgió por iniciativa del ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, como una alternativa para atender un problema que se ha prolongado durante décadas.
La herramienta comenzó a utilizarse en las ponencias de la Corte en febrero pasado y posteriormente se abrió al público. Su presentación se realizó el 28 de septiembre.
Giménez Héau sostuvo que el propósito es que los ayuntamientos y los congresos estatales adopten los criterios técnicos del sistema al elaborar sus leyes de ingresos, con lo que podría reducirse el número de controversias que llegan al máximo tribunal.
Por su parte, Mónica Valle Morales, también integrante del Centro, precisó que el uso de la plataforma no es obligatorio. Los municipios y las legislaturas locales mantienen la facultad de establecer sus propias tarifas, aunque el sistema les ofrece una referencia técnica para calcular los costos de los servicios y prevenir cobros que posteriormente puedan ser impugnados ante la Corte.