Repuntan 114% los suicidios en prisiones mexicanas durante 2025
- La CNDH contabilizó 101 fallecimientos por esta causa, frente a 47 registrados un año antes; el diagnóstico también advierte sobre factores de riesgo entre la población penitenciaria y reporta cientos de incidentes violentos.
Ciudad de México, 11 de octubre del 2026.- El sistema penitenciario mexicano registró un aumento significativo de suicidios durante 2025, al sumar 101 casos, 54 más que en 2024, cuando se contabilizaron 47. El incremento de 114 por ciento quedó consignado en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
De acuerdo con el organismo, ocho de cada diez fallecimientos ocurrieron en centros de reclusión estatales, donde se reportaron 82 casos, mientras que en las prisiones federales se documentaron 19.
En los penales estatales, la cifra pasó de 39 suicidios en 2024 a 82 en el año siguiente. Los hombres representaron 93.9 por ciento de las víctimas; las mujeres, 4.9 por ciento, y las personas binarias, 1.2 por ciento.
Por edad, las personas de entre 30 y 39 años concentraron el mayor número de fallecimientos, con 28 casos, seguidas por el grupo de 20 a 29 años, que registró 26.
El diagnóstico, sustentado en solicitudes de información y en las labores de la Tercera Visitaduría General de la CNDH, también advirtió sobre la presencia de factores de riesgo suicida entre las personas privadas de la libertad. En los centros estatales fueron identificadas 696 personas con posibles indicadores de riesgo: 314 con depresión o ansiedad, 293 con trastornos relacionados con el abuso o la dependencia de sustancias y 269 con algún trastorno mental. Estas categorías no necesariamente son excluyentes.
Respecto de los espacios donde ocurrieron los decesos, 60 se registraron en dormitorios, ocho en baños o regaderas comunes y tres en áreas de protección. Los demás tuvieron lugar en zonas de visita íntima o familiar, instalaciones médicas y de ingreso, patios, pasillos, cocinas y áreas de depósito de basura.
En 76 de los casos, las autoridades reportaron asfixia o anoxia como causa de muerte; en dos, autolaceración de grandes vasos, y en uno, envenenamiento. Para tres fallecimientos todavía se esperaba el resultado de la necropsia.
La distribución territorial mostró una mayor incidencia en la Ciudad de México, con 13 casos, seguida de Michoacán, con ocho. Baja California, Jalisco, Sinaloa y Chiapas registraron seis suicidios cada uno.
Sobre las circunstancias que pudieron motivar las muertes, las autoridades penitenciarias señalaron desconocer las causas en 57 casos. En otros 14 mencionaron padecimientos psicológicos o trastornos; cinco estuvieron vinculados con problemas de consumo de sustancias, cuatro con conflictos familiares o sentimentales y dos con las repercusiones psicológicas del encarcelamiento.
Crece la incidencia en centros federales
La problemática también se reflejó en los establecimientos federales, donde los suicidios aumentaron de ocho en 2024 a 19 en 2025. De las víctimas, 17 eran hombres y dos mujeres, con mayor incidencia entre personas de 30 a 39 años.
Los casos se reportaron en centros federales ubicados en Veracruz, Michoacán, Guanajuato, Coahuila, Durango, Estado de México, Morelos, Sonora y Chiapas. Diecisiete fallecimientos ocurrieron en dormitorios y dos en baños o regaderas comunes. La totalidad fue clasificada dentro de las causas relacionadas con ahorcamiento, asfixia, estrangulación o anoxia.
Además, la CNDH identificó a 80 personas recluidas en penales federales con posibles factores de riesgo suicida.
El panorama de seguridad penitenciaria incluyó otros hechos graves durante 2025. El organismo documentó 55 homicidios en establecimientos estatales, federales y militares, así como 805 riñas, 11 evasiones o fugas, nueve casos de abuso, seis de tortura o maltrato y tres motines.
Los datos del diagnóstico evidencian la magnitud de los problemas de seguridad y atención a la salud mental en las prisiones del país, donde la detección de conductas de riesgo constituye uno de los desafíos para la protección de la integridad de las personas privadas de la libertad.